El Gobierno pone en duda la constitucionalidad de cinco leyes aprobadas por la Junta el mes anterior a las elecciones
El Gobierno de Rajoy tiene dudas acerca de la constitucionalidad de cinco leyes aprobadas por Monago en el tramo final de la legislatura. Todas esas leyes fueron aprobadas en la Asamblea un mes antes de las elecciones y en todas ellas hay normativa estatal que podría entrar en colisión con algunas de las normas extremeñas.
Las cinco leyes cuestionadas por el gobierno de la nación fueron aprobadas entre el 9 y el 23 de abril en una etapa de frenesí legislativo que causó sorpresa entre los grupos de oposición que acusaron al gobierno Monago de haber sesteado durante toda la legislatura y a última hora adentrarse en una montaña de leyes. “Esto es una chapuza, nadie en su sano juicio puede entender que en tres meses se quieran aprobar tantas leyes como en los tres y medio años anteriores, una chapuza”, se quejaba el portavoz socialista Valentín García.
También fuera de la Cámara hubo sorpresa por este atracón legislativo. El sindicato UGT decía que tantas leyes en tan poco tiempo tenía por objeto “hurtar el necesario debate social”.
Entretanto, el Gobierno mantuvo el maratón legislativo sosteniendo que hasta el último día de la legislatura hay tiempo para legislar.
Sin respaldo parlamentario
Las leyes que fueron aprobadas en esos 15 días de abril y que ahora están en entredicho tienen un enorme calado social y económico, ya que afectan a sectores claves como el suelo, servicios sociales… En concreto, las cinco leyes afectadas por este toque de atención gubernamental son: Ley del Suelo, Ley de la Función Pública de Extremadura, Ley de Servicios Sociales, Ley de los Profesionales del Deporte y Ley de Protección Ambiental.
De esas cinco leyes, solo la de Función Pública recibió un respaldo unánime de los grupos políticos de la Asamblea. Por el contrario, e, resto recibió un aluvión de críticas y el PP logró sacarlas adelante apoyándose en los grupos minoritarios, en ocasiones IU y en otras los regionalistas. Las dos leyes que afectan al suelo y a la protección ambiental fueron muy criticadas por la oposición y grupo ecologistas porque implican una reducción de controles medioambientales y dan más poder a constructores .
Fuentes jurídicas consultadas por eldiarioex señalan que el Gobierno ya ha avisado a la Junta de los indicios de inconstitucionalidad que observa en esas leyes y antes de poner recurso ante el Constitucional intenta negociar el articulado a través de comisiones bilaterales con la Junta.
Tras el inminente cambio de gobierno en Extremadura, será ahora el nuevo ejecutivo de Fernández Vara el que se siente negociar esas modificaciones o plantear su derogación en función de la nueva composición parlamentaria.
