Pablo Iglesias, pese a estar citado, no irá a declarar al juicio por la expulsión de seis militantes extremeños

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, está obligado a comparecer en el juicio que se celebrará el próximo 17 de julio como parte demandada de un procedimiento civil abierto contra el partido, por presuntamente expulsar de manera irregular a seis miembros de Podemos Extremadura.

Así lo ha señalado la titular del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid, en un escrito en el que rechaza la petición del letrado de Podemos para evitar la citación de Iglesias como parte demandada y representante legal del partido, que fue acordada in voce en una audiencia previa celebrada el pasado 19 de junio.

Podemos enviará a un representante legal

Podemos, sin embargo, asegura que enviará un representante legal al juicio. Fuentes del partido han explicado a Efe que la decisión de que comparezca Iglesias contraviene la ley y vulnera sus derechos, de modo que, “como siempre se ha hecho”, el próximo 17 de julio asistirá un representante legal del partido.

El abogado de Podemos ya recurrió sin éxito ante la magistrada en sala y lo hizo por segunda vez mediante un escrito entregado al juzgado, en el que pedía nuevamente no citar a Iglesias.

“Tras comunicarle su citación a juicio, el señor Iglesias nos ha manifestado que precisamente por su condición de secretario general del partido no tiene conocimiento alguno sobre los hechos que dan lugar al presente procedimiento ni ha tenido posibilidad de conocerlos”, señala ese escrito.

Explica que es la persona jurídica, en este caso Podemos, la que debe facilitar la identidad de la persona que intervino en su nombre para que sea citada a juicio, no la que plantea la prueba.

De esta forma, propone al gerente del partido, Pablo Fernández Alarcón, “por haber formado parte de la Comisión de Garantías cuando se produjeron los hechos y por ser apoderado del partido en estos momentos”, una petición que los demandantes rechazan por ser autor material de las resoluciones en cuestión y marido de la diputada Gloria Elizo.

Pero el juzgado ha rechazado esta petición y mantiene que sea Iglesias la persona interrogada como así solicitó en la vista previa el abogado de los expulsados.

“El director de orquesta en este asunto”

Este último propuso su interrogatorio al entender que “no solo tiene conocimiento sino responsabilidad” pues la Comisión de Garantías -organismo que acreditó la expulsión- “tiene objetivos políticos”. “Tiene que venir aquí y explicar muchas cosas, porque es el director de orquesta en este asunto”, añadió ante la negativa de la representación del partido por considerar que “Pablo Iglesias no tiene absolutamente ningún conocimiento de los hechos”.

Finalmente, la magistrada accedió a citar al secretario general de Podemos al afirmar que es un interrogatorio de parte y el representante legal es Pablo Iglesias y también porque la persona que propone Podemos es parte interesada ya que el contenido de las resoluciones le afectan directamente.

“Tendrá que venir el representante legal de Podemos y responder a las preguntas que pueda responder”, concluyó la jueza. La juez citó además como testigos a Gloria Elizo, que ocupó la presidencia de la Comisión de Garantías, órgano encargado de garantizar la democracia interna del partido, y al que también pertenecieron Denis Maguire y al abogado Raúl Carballedo.

Una demanda de 2017

Completa la lista de citados uno de los responsables de Redes, Julián Macías, y Gonzalo Ramos, miembro del Consejo Ciudadano Autonómico de Extremadura.

El origen del procedimiento se remonta a la expulsión de los seis demandantes, junto a otras cinco más, por el Comité de Garantías Democráticas Estatal ante las “acusaciones falsas y ataques a diferentes órganos de Podemos” hechos durante una rueda de prensa ofrecida en Mérida el 27 de julio de 2016, en la que facilitaron información reservada y comunicaciones internas.

Tras solicitar sin éxito al partido la notificación en papel de la resolución del 24 de enero de 2017 referida al expediente disciplinario, los seis expulsados demandaron a Podemos al afirmar que esa decisión no se les notificó y que fue adoptada en contra del Estatuto del partido y del Reglamento de la Comisión de garantías, lo que vulnera sus derechos fundamentales.

Así, el procedimiento trata de resolver sobre si se ha procedido a expulsar a estas seis personas de Podemos conforme la normativa (ley, estatutos y reglamentos del partido) en plazos y trámites, es decir, si se ha hecho de forma correcta. Para ello, el juzgado requirió al partido que aportase el expediente administrativo disciplinario completo en una vista para la prueba documental el pasado 27 de junio, en la que el representante de Podemos afirmó que había entregado toda la documentación, mientras que los demandantes aseguraron que la formación omitió hasta seis actas y notificaciones.