El PP exige dimisiones en el PSOE extremeño y reclama la devolución de 427.000 euros por el caso David Sánchez
El PP de Extremadura ha instado al líder regional del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina, a exigir la dimisión inmediata del alcalde de Castuera, Francisco Martos, y del diputado provincial Ricardo Cabezas. Ambos dirigentes continúan al frente de sus responsabilidades públicas a pesar de la condena de inhabilitación dictada por la Audiencia de Badajoz en la causa por la contratación de David Sánchez.
El portavoz de los populares extremeños, Luis Miguel Núñez, ha cuestionado el silencio del dirigente socialista transcurridos dos meses desde la notificación del fallo. Núñez ha recordado que las edilas Juana Cintas (Olivenza) y Cristina Núñez (Talavera la Real), también condenadas a nueve años de inhabilitación en el mismo procedimiento, ya formalizaron la renuncia a sus cargos.
En la misma intervención, Núñez ha criticado la estrategia judicial del expresidente de la corporación provincial, Miguel Ángel Gallardo, al intentar que su inhabilitación de nueve años se ciña únicamente al puesto de “presidente”, lo que el portavoz popular considera una maniobra para abrir una “puerta giratoria”.
Reclamación de los sueldos percibidos
Por otra parte, la formación popular sostiene que la Diputación de Badajoz y el PSOE deben velar por los fondos públicos y reclamar, por la vía del Tribunal de Cuentas, la devolución de los sueldos abonados a David Sánchez y al asesor Luis María Carrero. Según las estimaciones del PP, el importe conjunto percibido por ambos alcanza los 427.000 euros.
La exigencia se produce tras la diligencia emitida por el consejero del Tribunal de Cuentas encargado del caso, en la que requiere a la Diputación pacense que se posicione sobre si ejercerá acciones como entidad perjudicada. El órgano fiscalizador actúa a instancias de los escritos de acción pública presentados por Vox e Iustitia Europa para determinar la posible responsabilidad contable derivada de la creación de ambos puestos de trabajo. Corresponderá ahora a la institución provincial decidir si nombra un delegado instructor para reclamar las cuantías o si solicita el archivo del expediente.
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