PP pide la comparecencia de la consejera de Hacienda por el plan de ajuste de Liberbank
El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado al Gobierno regional que explique las medidas que tiene previsto adoptar ante el anuncio del cierre de oficinas de Liberbank en Extremadura y el ajuste de plantilla.
Para ello, los populares han registrado una petición para que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, comparezca en la Asamblea de Extremadura para que detalle cuál es la postura del Ejecutivo y qué medidas piensa adoptar.
El portavoz de Hacienda del PP extremeño, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha apuntado que el plan de reestructuración anunciado por la entidad financiera supondrá el cierre de 79 oficinas y el despido de más de 200 empleados.
En este sentido, Hernández Carrón ha demandado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, “que no se ponga de perfil” ante esta situación, pues “supone un auténtico mazazo social y económico para la región”.
“Estamos ante otra mina de Aguablanca, y el señor Vara debería defender esta situación igual que aquella”.
Según el PP Extremadura es la segunda región más afectada por el citado plan, ya que los despidos anunciados suponen eliminar al 27,7% de la plantilla, “solo por detrás de Cantabria, donde se reducirá la plantilla en un 29,2%”.
Hernández Carrón ha añadido que “esto supone eliminar a casi la mitad de los trabajadores con los que contaba Caja Extremadura antes de la fusión en 2011”.
En Mérida quedaría solo una
Así, según los datos aportados por el PP, en Badajoz se cerrarían cuatro oficinas y otras dos se reconvertirían en centros de autoservicio “sin personal”, mientras que en Mérida “desaparecerían tres sedes urbanas” y solo se quedaría con una oficina.
En Cáceres, se cerrarían cuatro oficinas y siete se reconvertirían a autoservicio.
Según el PP, la entidad financiera surgida de la fusión de Caja de Extremadura, Caja Cantabria y Cajastur-Banco CCM también incluye en este proyecto el cierre de sucursales en el ámbito rural. Un proyecto que, según Hernández Carrón, “tendrá un triple efecto en la región extremeña”.
Habrá “un impacto económico y un impacto social, ya que someten a la población rural a una exclusión financiera, allí donde el acceso a las nuevas tecnologías es más escaso o nulo”.
En este sentido, Hernández Carrón ha aseverado que “las poblaciones rurales tendrán menor acceso al crédito para pymes y autónomos”.
Por último, el PP ha criticado que este proyecto tenga un impacto en el poder de decisión de Caja Extremadura en el grupo financiero, ya que “los servicios centrales se trasladarán a Toledo”.
Según el portavoz popular, “esta es una partida que Emiliano García-Page -presidente de Castilla La Mancha- está ganando a Fernández Vara”.
