El PP se queda solo al aprobar el plan para pagar las huertas de Plasencia
El pleno del Ayuntamiento de Plasencia ha dado este lunes luz verde, con el único apoyo del grupo popular, a la solicitud al Ministerio de Hacienda de un préstamo por valor de 24.166.272,41 euros para poder hacer frente al pago de los terrenos expropiados en las huertas de La Isla.
Ese dinero es el principal de la deuda con los antiguos propietarios, pero además hay 16 millones en intereses por pagar.
Ante la negativa de los expropiados a aceptar suelo como parte del pago de la deuda, el Gobierno local ha decidido acudir a la convocatoria abierta por el Estado para la financiación de la ejecución de sentencias firmes por parte de las entidades locales.
Dicha decisión ha sido refrendada por el pleno con el voto a favor del PP, en contra de Ciudadanos y Plasencia en Común, y la abstención del grupo socialista y eXtremeños.
El edil de Urbanismo y Hacienda, José Antonio Hernández, ha sido el encargado de defender este nuevo plan y ha asegurado que al Gobierno municipal “no le queda otra manera de encontrar dinero que adherirse al Fondo de Ordenación” del Estado.
Hernández ha subrayado que el préstamo es una “herramienta más” para poder llegar a un acuerdo con los acreedores “que solucione de manera definitiva un problema generado hace treinta años por decisiones políticas erróneas y que ahora condiciona la viabilidad del Consistorio”.
El edil ha explicado que la solicitud de este “rescate” lleva acompañada la ejecución de un plan de ajuste, que plantea cuatro medidas en el capítulo de los ingresos y tres en el de gasto.
Subida de impuestos
Así, el consistorio se compromete a realizar una revisión de los valores catastrales del municipio, lo que conllevará modificaciones al alza en el impuesto de bienes inmuebles (IBI), reforzará la “eficacia” recaudatoria, potenciará las inspecciones tributarias y elevará las tasas por la utilización de las instalaciones deportivas municipales.
En el capítulo de gastos, el ayuntamiento disminuirá la licitación de contratos menores, promoverá el ahorro energético y reducirá la prestación de servicios no obligatorios, es decir, aquellos que ofrece la Administración local cuando en realidad tendrían que ser sufragados por el Gobierno regional.
En este apartado se encuentran los servicios sociales, la ayuda a domicilio, los centros de educación infantil, el centro de rehabilitación psicosocial, el plan de ciudades saludables, la agencia de desarrollo local, los planes de empleo, el mantenimiento de edificios educativos y la contratación de conserjes escolares.
La portavoz del grupo socialista, Nuria López, ha señalado que dicho plan no es la solución al problema de las huertas “sino hipotecar a los ciudadanos de Plasencia para toda la vida”.
Por su parte, el portavoz de eXtremeños y exalcalde placentino, José Luis Díaz, ha destacado que a partir de ahora “se vislumbra una salida a un problema que se generó en 1985 por una decisión política a pesar de que nadie le gusta tener que aprobar esto”, ha dicho.
Díaz ha pedido el “máximo rigor” a los responsables municipales a la hora de conseguir, gracias a la entrada en vigor del nuevo Plan General Municipal, nuevos ingresos al objeto de que “se puedan compensar los efectos negativos del programa de ajuste, sobre todo en el caso de los ciudadanos más débiles”, ha agregado el edil.
Por su parte, el portavoz de Plasencia en Común, Abel Izquierdo, ha rechazado un plan de ajuste “que sube los impuestos de forma indiscriminada y disminuye los servicios a los ciudadanos”, a la vez que ha animado a la sociedad placentina “a que se organice contra este tipo de medidas”.
Por último, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Hernández, ha manifestado que es “inviable” hacer frente a las medidas propuestas por el PP porque “son sangrantes para la ciudad”.
