Los propietarios de Almaraz se reúnen este martes para decidir sobre su continuidad, pendientes de los planes del Gobierno

La Asamblea de Propietarios de la Central Nuclear de Almaraz, participada en un 53 % por Iberdrola, un 36 % por Endesa y un 11 % por Naturgy (antes Unión Fenosa), se reúne este martes para debatir si piden una nueva licencia de explotación y por cuánto tiempo, ya que la actual termina en 2020 y tienen de plazo hasta el 31 de marzo para solicitar un permiso nuevo.

Las tres empresas, unidas en una agrupación de interés económico y que por tanto deben tomar la decisión por unanimidad, quieren ajustar al máximo la prórroga de actividad a un posible cierre organizado y paulatino del parque nuclear español, que debería recoger una ley y un plan nacional de energía y clima (PIEC) en los que trabaja el Gobierno central.

Ajustarlo para así tener que hacer las menores inversiones posibles en hacer funcionar de forma rentable y segura las dos unidades de la central cacereña, que necesita retoques periódicos.

La unidad I empezó a funcionar en 1981 y la II en 2023, por lo que la ‘vida de diseño’ teórica que se establece en 40 años de forma estándar acaba respectivamente en 2021 y 2023; la actual licencia de funcionamiento, que son por diez años, es de 2010 y concluye por tanto en 2020.

Una comarca pendiente

Toda la comarca está pendiente del futuro de la central, la principal industria de Extremadura, en la que trabajan de forma directa en indirecta 3.700 personas. Almaraz es la primera de las cinco centrales nucleares de España -con siete reactores operativos en total-, a la que le cumple el permiso de explotación. En el caso de Almaraz las posturas de los socios son divergentes según diversas fuentes, y no se ponen de acuerdo sobre el plazo por el que quieren renovar la licencia de explotación.

Endesa quiere que se pida el permiso por diez años, que ha venido siendo el periodo habitual por el que se han renovado, y los otros dos socios, Iberdrola y Naturgy, quieren que la licencia de explotación se solicite sólo por cuatro años para no correr riesgos, pues el Gobierno, que aún no ha presentado su Plan Integrado de Energía y Clima (PIEC), no se ha pronunciado sobre si extenderá la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años.

Esa solicitud de permiso por cuatro años sería sin perjuicio de que, cuando vayan a transcurrir éstos y la central se acerque a los 40 años, se pueda pedir otra renovación del permiso. Los que sustentan esta posición también creen que hay que tener en cuenta que el que la planta funcionara más allá de los 40 años conllevaría más medidas de seguridad y unas mayores inversiones para las empresas, con la correspondiente repercusión en sus cuentas, de no haber una mayor retribución para la actividad.

Hasta ahora el Ministerio para la Transición Ecológica no ha hecho un pronunciamiento concreto sobre qué intención tiene con respecto a la continuidad de las nucleares y, aunque su titular, Teresa Ribera, expresó inicialmente la voluntad de cerrar el parque nuclear español a medida que alcancen el final de su vida útil, posteriormente dijo que el calendario dependerá de los escenarios climáticos y que el cierre será ordenado.

Se especula no obstante con un horizonte del 2035, frente al período 2023-2028 que barajaba en principio el PSOE.

O lo piden, o cierran

Los socios de Almaraz tienen que solicitar el permiso de explotación antes del próximo 31 de marzo y si no lo hacen, una vez transcurridos tres meses, el Gobierno les solicitará presentar una notificación de cierre. Las discrepancias entre los socios suscitan incertidumbre sobre la continuidad de la central, después de que en 2017 el Gobierno, del PP, tuviera que autorizar el cierre de Garoña al no ponerse de acuerdo sus dos propietarios, Endesa e Iberdrola, sobre la continuidad de la planta.

En Navalmoral de la Mata el pasado jueves se celebró una manifestación para pedir la continuidad de la central, en la que trabajan alrededor de 800 personas de forma directa, a las que hay que sumar los 2.900 puestos de trabajo indirectos e inducidos que genera.

Como previas de la reunión de este martes, ha habido encuentros de los presidentes de las tres compañías con la ministra de Transición Ecológica, y de los sindicatos con el presidente de la empresa nacional de residuos, Enresa, el extremeño José Luis Navarro, ex consejero de Economía e Infraestructuras.

Posiciones políticas

En Extremadura PSOE, PP y Ciudadanos siguen defendiendo el funcionamiento de la central mientras no haya planes laborales y económicos alternativos para la comarca, mientras que Podemos solicita el cierre a partir del 2020.