Propuestas para la recuperación del rebusco
Antes de presentar algunas propuestas que puedan abrir nuevamente el cauce a la realización con total normalidad del rebusco, fenómeno económico-social que ha permitido a lo largo del tiempo a miles de familias humildes escapar de las duras garras de la pobreza y la extrema precariedad, queremos hacer un breve recordatorio y algunos comentarios sobre la aplicación del decreto extremeño que regula la trazabilidad de la uva y la aceituna que de seguir su marcha acabará definitivamente con aquél.
Martín Baumeister en su libro “Campesinos sin Tierra, supervivencia y resistencia en Extremadura (1880-1923)”, describe con hechos concretos algunas de las difíciles y penosas avatares que caracterizaban la vida de los sectores sociales más pobres de Extremadura. En el libro editado por la Diputación de Badajoz, detalla ciertos hechos que suceden en algunas localidades de la región a causa de las necesidades materiales que padecen las capas trabajadoras. La realidad social obliga a que para poder sobrevivir los jornaleros y campesinos tengan que recurrir frecuentemente a ciertas actividades, como el rebusco y la caza furtiva, a pesar del acoso que sufren por los poderes públicos.
El autor en varios párrafos del libro se refiere a la tradición del “rebusco” como un fenómeno social practicado por las clases más bajas por el que se las persigue y castiga; pone como ejemplo Villafranca de los Barros “en dónde entre finales de octubre de 1917 y comienzos de febrero de 1918 se produjeron 169 denuncias por parte de los guardas de la Comunidad de Labradores contra 824 rebusque-ros”. Durante todo el tiempo de la Dictadura se sigue en la misma línea, y es fácil escuchar en la memoria popular como en muchas ocasiones “a la entrada de los pueblos los guardas y la guardia civil detenían a los rebuscadores y les quitaban las aceitunas que habían cogido durante todo un día de trabajo”.
En estos últimos años, se tenía cierta flexibilidad con el rebusco que seguía siendo un medio habitual para combatir la extrema pobreza, consecuencia del enorme desempleo existente en nuestra Comunidad. A partir de 2015 se produce una intensificación de la propaganda y la presión política que se ejerce contra esta costumbre popular. La influencia de este empuje mediático determina que los partidos políticos tradicionales, PP y PSOE, se posicionen de modo definitivo, criminalizando a quienes practican el aprovechamiento consuetudinario de recogida de los restos de las cosechas de uva y aceituna. Así, el gobierno de Fernández Vara aprueba el decreto 171/2016, de 18 de octubre, sobre trazabilidad de uvas y aceitunas, que se publica en el DOE el 21 de octubre de 2016.
El decreto se aprueba con una amplia retórica institucional nacida de una directiva comunitaria que tiene por objeto regular la trazabilidad (o lo que es lo mismo el camino que siguen desde su origen hasta el destino final) de la uva y la aceituna con el fin de garantizar la certidumbre alimenticia que deben tener todos los productos comestibles. Sin embargo, en lo que pone más énfasis la reglamentación mencionada es acabar con esta faena tradicional asentada históricamente en Tierra de Barros. De este modo, se quiere satisfacer al sector social más conservador de los propietarios agrícolas, muy localizados en Almendralejo. Para que esta normativa sea asumida con toda naturalidad por la sociedad extremeña se recurre a intensas campañas publicitarias que identifican robo y rebusco; se pretende que la sociedad asuma con normalidad que ambos asuntos son una misma cosa; se mete todo en el mismo saco con la idea de acelerar y dar fuerza a la necesidad de la aprobación del mencionado decreto.
El propio decreto establece que a los dos años de vida debe ser evaluado; después de ver los resultados que ha producido, la mejor decisión que debe tomar la Junta de Extremadura es su retirada del panorama legislativo extremeño. Durante estos dos últimos años, las cosas han transcurrido con la lógica acostumbrada en todo lo relativo al desarrollo de las campañas de uvas y aceitunas; sin embargo, debe quedar bien claro y destacar que los robos en los campos extremeños que puntualmente han llegado a nuestro conocimiento por los distintos medios de comunicación regional no se han producido ni se producen por el rebusco tradicional, a pesar del interés de cierta gente por identificar una cosa con otra; los saqueos producidos en los campos no tienen nada que ver con lo que es el rebusco.
Lo que sí es un hecho verificable es que la aplicación del decreto ha castigado a las clases sociales más bajas de nuestra Comunidad, a la gente más desamparada, como en tiempos pasados se ha castigado a los más pobres. Después del 1 de marzo, fecha en la que se permite el rebusco, una vez finalizada la campaña de recogida de aceitunas, las fuerzas de seguridad y las policías municipales de algunos pueblos han requisado aceitunas a muchos rebusque-ros y en los establecimientos de compra porque, en la mayoría de los casos, no tenían la autorización del dueño de la propiedad. No hay que olvidar que el desempleo, el paro y la precariedad, obligan a miles de familias a la realización de esta tarea para poder alimentarse.
Los resultados de la aplicación normativa aprobada en el año 2016, nos llevan a concluir sin la menor duda que políticamente expresa y representa la subordinación del gobierno regional a los intereses económicos y sociales de ciertos sectores de propietarios agrarios. Nuestros dirigentes institucionales tan empeñados en defender la Constitución se olvidan que en ella se ordena que la propiedad privada tiene una función social. La referencia es muy clara para el caso que nos ocupa, o por concretarlo aún más “Los restos de las cosechas de uva y aceitunas que quedan abandonadas en el campo suponen muchos miles de euros que no deben perderse y que pueden ser recolectadas por personas que necesitan unos ingresos para luchar contra la pobreza y la exclusión social”.
En toda la zona de Tierra de Barros y pueblos adyacentes hay miles de parados y familias con ingresos que no superan el umbral de la pobreza. La solidaridad en una región eminentemente agrícola debe materializarse con ayudas y subvenciones públicas para el mantenimiento de las rentas agrarias y el impulso de las actividades industriales de carácter agrícolas, pero también debe extenderse con otro tipo de medidas y fuertes inversiones para la creación de empleo que permitan a los sectores sociales más necesitados una vida digna. Algunas de estas actuaciones deberían estar dirigidas a facilitar y aprovechar los recursos tan valiosos procedentes de la naturaleza y del trabajo que quedan abandonados en los campos.
En este sentido, proponemos: 1.-La supresión del actual Decreto de trazabilidad de uvas y aceitunas. 2.-La constitución de una Empresa Pública dependiente de la Junta de Extremadura para la explotación de todos estos recursos. Los beneficios obtenidos por la Empresa deberían destinarse a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 3.- Los rebusque-ros podrán vender en los puestos de compra unas cantidades por persona que supongan unos ingresos dignos. Los 25 kg que actualmente permite el decreto es una burla a los más necesitados y un punto final al rebusco 4.- Plena libertad para entrada y salida en las fincas, una vez que finalice la cosecha de uvas y aceitunas. 5.- Los períodos de tiempo para el rebusco deben ser ampliados, estableciéndose unas fechas de inicio diferentes según las zonas de la región, que deberán ser acordes con la finalización de las cosechas en las mismas.
