El juez rechaza los recursos de dos imputados de Almendralejo por la operación Púnica
La Audiencia Nacional continuará sus pesquisas en torno a la trama de corrupción Púnica que salpicó a varias provincias, al rechazar una batería de recursos en los que algunos imputados pedían el archivo de la causa, como los presentados por el edil Luis Alfonso Merino y el exconcejal José Antonio Regaña, de Almendralejo (Badajoz).
La sección cuarta de lo Penal de la Audiencia ha avalado la postura del juez del caso, Manuel García Castellón, al decidir continuar el procedimiento contra varios exlíderes políticos de Almendralejo, Cartagena (Murcia) y Valdemoro (Madrid).
Por parte de la localidad pacense, pidieron el archivo de la causa quien fuese teniente de alcalde Luis Alfonso Merino, actual concejal, y el exedil de Alumbrado Público José Antonio Regaña.
Respecto al primero, la Audiencia cree que persisten indicios de que se concertó presuntamente para adjudicar a Cofely -empresa vinculada a la trama- un contrato público de eficiencia energética de 2014.
Del mismo modo, la Sala desestima las alegaciones “interesadas y subjetivas” de Regaña -que también negó la existencia de indicios contra él- dado que la investigación no permite descartar su intervención presuntamente delictiva en la trama.
Otros acusados
También considera “prematuro” el tribunal levantar la imputación al exconcejal de Hacienda de Valdemoro (Madrid) José Javier Hernández por su presunta relación con otro contrato de eficiencia energética adjudicado en 2013 a Cofely, bajo la presunta intermediación de David Marjaliza, uno de los principales imputados en la causa, supuestamente a cambio de comisiones.
Será tarea de las partes, dice la Sala, “desentrañar” su supuesta participación en “la presunta trama defraudadora y falsaria” sin que ello afecte a su presunción de inocencia.
El tribunal también desestima en otro auto un recurso del exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa, que pedía que se desbloqueara una cuenta bancaria con más de 100.000 euros y un plazo fijo con 195.000. La Sala ve proporcionado el embargo para atender a eventuales responsabilidades civiles futuras.
También en otro auto, rechaza el recurso que interpuso la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) contra la decisión del juez de no investigar los años comprendidos entre 1999 y 2004 al considerar que estaban prescritos.
No se mete la Sala a valorar la prescripción contemplada por el magistrado, sino que desestima el recurso al considerar que la asociación no tiene “legitimación activa” para recurrir un auto en el que se denegaban unas diligencias solicitadas por Anticorrupción, y recuerda que el juez ya denegó un anterior recurso al considerar que la solicitud era “genérica”.
La Sala todavía debe decidir sobre el recurso de la Fiscalía a dicha decisión del juez.
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