Hasta 5.000 euros de ayudas a víctimas de violencia de género por su vulnerabilidad ante la pandemia

La convocatoria de las ayudas para facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género correspondiente a 2021 cuenta con un millón y medio de euros, medio millón más que en 2020, debido a la necesidad de dar mayor protección a las mujeres ante “una mayor incidencia y vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia”.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado este miércoles esta convocatoria con un refuerzo económico que está financiado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La cuantía de la ayuda no podrá superar los 5.000 euros por beneficiaria y se realizará mediante un único abono, una vez dictada la resolución de la concesión.

La finalidad de estas ayudas es facilitar a las mujeres que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica el proceso de recuperación psicosocial y el inicio de una vida independiente que les permita superar el círculo de la violencia.

Podrán ser beneficiarias las mujeres mayores de edad o legalmente emancipadas, que sean víctimas de violencia de género, residan en algún municipio de la región, dispongan de unas rentas o ingresos mensuales iguales o inferiores a 2,5 veces el Índice Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM), cuenten con un informe favorable del Instituto de la Mujer de Extremadura y no convivan con su agresor.

Serán subvencionables los gastos derivados del acceso a los recursos de atención integral a las víctimas de violencia de género y aquellos otros que faciliten la autonomía personal, dentro de la previsión realizada en un proyecto individualizado de recuperación.

Entre estos gastos se incluyen los relativos al alquiler o al pago de cuotas de préstamos hipotecarios de la vivienda habitual; los derivados del consumo de agua, luz y gas de la vivienda habitual que no sean cubiertos por otros servicios; y los de mobiliario y/o electrodomésticos de primera necesidad.

También serán subvencionables los gastos por servicios de conciliación de naturaleza pública o privada destinadas al cuidado de personas dependientes a cargo de la beneficiaria; las acciones formativas que incrementen la empleabilidad y los necesarios para la obtención del permiso de conducir tipo B; así como los derivados de la puesta en marcha de iniciativas de empleo autónomo.