Asociaciones de la memoria respaldan la retirada del callejero franquista de la provincia de Badajoz
- Los ayuntamientos de Badajoz retiran los vestigios franquistas tras el requerimiento de la institución provincial
La Coordinadora Memorialista de Extremadura, integrada por ocho entidades de la región, ha mostrado su apoyo a cualquier iniciativa que promueva la eliminación de la simbología franquista del espacio público de la provincia de Badajoz.
Las entidades lanzan un comunicado conjunto tras las críticas que ha recibido el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por su decisión de retirar las subvenciones públicas a aquellos pueblos que mantienen los homenajes a la dictadura militar, y que por tanto incumplen la Ley de Memoria Histórica.
También aplauden las iniciativas parecidas que se pondrán en marcha en la provincia de Cáceres. Allí la institución provincial contempla la retirada de partidas del plan de cultura para quienes mantengan los honores a Franco en el callejero.
“Consideramos que sería un debate absolutamente impensable en cualquiera de los países de nuestro entorno: debatir sobre la retirada del espacio público de símbolos y referencias de una dictadura responsable de miles y miles de asesinatos, cuando esta retirada obedece al cumplimiento de una Ley”.
“La ley está para cumplirla”
La Coordinadora Memorialista de Extremadura está integrada por la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de Navas del Madroño; Asociación de Víctimas del Franquismo de Valverde de Llerena; Asociación Matilde Landa; y Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera. También por la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres; Colectivo Memoria del Futuro de Alburquerque; Delegación en Extremadura de la Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo en España; Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena.
Ponen de manifiesto que la ‘clave de bóveda’ de cualquier democracia, no solo la española, es el cumplimiento del principio de legalidad, y por tanto el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, con una década de vigencia.
“La COMEX no entra, obviamente, a valorar la trayectoria personal o profesional del personal político de la dictadura, pero si se promueve la retirada de nombres del callejero es precisamente por eso, porque formaron parte del personal político de una dictadura”.
“Una dictadura que, volvemos a repetir, privó a los ciudadanos de los más elementales derechos humanos, civiles y políticos que configuran cualquier sistema democrático. Y ese, precisamente, es el quid de la cuestión: nuestra democracia no debe conservar en su espacio público, dada la proyección y trascendencia simbólica que le proporciona, cualquier rastro de la dictadura franquista”.
