Campamento Dignidad protesta contra el retraso en el reparto de alimentos hasta junio
Los Campamentos Dignidad Extremadura han protestado por el retraso en el reparto de alimentos para familias necesitadas, que estaba previsto para febrero y se retrasa a junio o julio, y por la nueva exigencia a las pequeñas asociaciones distribuidoras como ellos de que tienen que pedirle un informe social a cada beneficiario.
En Extremadura son 63.790 personas las oficialmente incluidas en este sistema de alimentación social, que se nutre con dinero y víveres comprados por el Gobierno central, al que se suman donaciones de empresas alimentarias y particulares, pero que está muy centralizado a gran escala en dos entidades, los Bancos de Alimentos provinciales, y Cruz Roja.
Esas entidades a su vez los distribuyen entre beneficiarios directos o pequeñas asociaciones voluntarias sin ánimo de lucro.
Normalmente el Gobierno distribuye los alimentos en dos tantas anuales, la última en Extremadura fue en octubre, y la primera de 2015 estaba prevista en febrero, luego se retrasó a mayo, y finalmente no será hasta junio o julio según el dirigente de Campamento Dignidad Manuel Cañada.
Desde octubre
Pero mientras Bancos de Alimentos o Cruz Roja pueden organizar recogidas voluntarias “a nosotros no nos dejan”, añade Cañada, “de manera que las 300 personas que recibían ayuda de nosotros, desde octubre no la reciben”.
Campamento Dignidad ha mandado una carta al delegado del Gobierno en la región, Germán López, reclamando que haya reparto de alimentos antes del 15 de mayo. “Nos tememos que lo han paralizado porque no quieren que se vea entiempo electoral a las familias haciendo colas por la comida.
Por otro lado han protestado también por la nueva exigencia de informes sociales individuales: “no les basta con que las familias sufran la afrenta de tener que ir por la bolsa de comida, ahora quieren hacerlas pasar por el calvario de los servicios sociales para criminalizar la pobreza”.
Y reclaman que antes de las elecciones se pague la renta básica a 20.000 familias “ya que sólo cuatro mil la cobran”.
