Proponen vías alternativas a la judicial para resolver los conflictos entre consumidores y empresas
La presidenta del Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura, María Mercedes Vaquera, cree que son precisas vías alternativas a la judicial para resolver los conflictos entre los consumidores y las empresas con el fin de agilizar su resolución.
Así lo ha dicho antes de inaugurar la Jornada “Mecanismos alternativos de resolución de conflictos”, que se celebra en Mérida, en la Asamblea de Extremadura.
Según Vaquera la celebración del foro es importantes dado el contexto actual en sectores como el financiero, el eléctrico y el automovilístico, entre otros, en el que los usuarios “parece que están un poco desprotegidos”.
Hoy se analiza la normativa 2013/11 de la UE, cuyo fin es establecer una forma con la que las partes interesadas lleguen a acuerdos cuando surjan conflictos y no saturar más los juzgados.
En este sentido, ha señalado que el CES es el foro adecuado para analizar la normativa ya que en él están representados todos los agentes económicos y sociales, a lo que ha agregado que el debate de hoy va a ser “muy interesante”.
“Se van a aclarar muchas dudas sobre cómo se puede responder y actuar en el caso de que los consumidores vean que sus intereses son afectados”.
Uno de los principales problemas para los consumidores son, ha continuado Vaquera, la lentitud de la Justicia, por lo que se estudian “vías alternativas”.
Resolución extrajudicial de conflictos
Por su parte, la subdirectora general de Arbitraje y Derechos del Consumidor de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Milagros Yagüe, ha explicado que es preciso trasponer al ordenamiento jurídico español la Directiva de la UE de resolución extrajudicial de conflictos, lo que podría hacerse en los próximos meses.
El objetivo de la Directiva es que los estados miembros de la UE pongan a disposición de los consumidores sistemas de resolución de conflictos entre consumidores y empresas al margen de la Justicia que permitan resolverlos.
Además, se trata de acreditar a entidades de resolución que cumplan los requisitos de calidad a los que obliga la Directiva comunitaria. Entre los temas susceptibles de resolución ha mencionado el de las cláusulas suelo de las hipotecas y los depósitos bancarios preferentes. “Son mecanismos gratuitos o de coste simbólico, muy rápidos y que, además, no obligan a tener la asistencia de un letrado”, ha agregado Yagüe.
