Extremadura pone en marcha una oficina de atención psicológica y jurídica LGTBI ante el aumento de agresiones
La Junta de Extremadura destinará 55.000 euros para la puesta en marcha de la Oficina de Atención Psicológica y Jurídica al colectivo LGTBI, inicialmente con una sede en cada provincia y gestionadas por Fundación Triángulo y Extremadura Entiende, en un contexto de incremento de los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género.
Esta medida forma parte del convenio de colaboración firmado este martes por la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, y las presidentas de Fundación Triángulo y Extremadura Entiende, Silvia Tostado y Pilar Milanés, respectivamente.
El objetivo de este acuerdo es “promover las políticas públicas necesaria que lleven al camino del desarrollo y cumplimiento” de la Ley extremeña de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Una ley que, ha destacado Gil Rosiña, fue aprobada en 2015 por “consenso” de los grupos políticos con representación en la Asamblea y que supuso un “hito” en el avance de los derechos sociales en el país, en concreto, de los derechos de las personas LGTBI.
Ese proyecto legislativo fue “un primer paso imprescindible”, a cuya ejecución se pretende dar “un ritmo” más adecuado con este acuerdo, para “escribir y construir” con las organizaciones activistas las políticas públicas necesarias, como se hizo en su día con dicha norma.
La pasada legislatura, ha explicado la consejera, se creó el Observatorio Extremeño contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, que tuvo como primer mandato elaborar un estudio en el ámbito de la comunidad educativa que servirá de base para el primer Plan sobre Educación y Diversidad LGTBI.
El estudio, cuyos resultados se presentaron a comienzos de esta legislatura, se registrará en la Asamblea para su conocimiento por parte de los grupos, además de su difusión en la página de la Junta.
De entre sus numerosos datos, la titular de Igualdad ha resaltado que “el 45 % del alumnado conoce a alguien de quien se han burlado o insultado por su orientación sexual”, al tiempo que ha mostrado la “preocupación” de la Junta por el “incremento” de los discursos y de los “delitos de odio” que están generando una realidad en la juventud sobre la que los poderes públicos tienen que trabajar.
“Los delitos de odio se están incrementando de manera planificada”, por lo que es oportuno desarrollar políticas que lo impidan y apoyar la atención psicológica y jurídica que brindan las organizaciones LGTBI, ha explicado Gil Rosiña.
Al impulso del observatorio y el estudio para elaborar el plan educativo se suma ahora la creación de la Oficina de Atención Psicológica y Jurídica al colectivo LGTBI, que gestionarán las entidades citadas anteriormente mediante personal especializado y cobertura de actuación en todo el territorio regional.
15 agresiones este año
Silvia Tostado ha recordado que Fundación Triángulo, creada en 1997, ya venía prestando un servicio similar tras detectar divergencias entre las denuncias que se presentan por los cauces reglamentarios y la percepción de los delitos que se cometían.
En su oficina tienen registradas “60 agresiones por LGTBIfobia en la región” y en el último año han “llamado la atención de forma reiterada” por el aumento de este tipo de delitos, con “15 agresiones atendidas” en lo que va de año.
Las cifras de violencia “no son casualidad”, hay “quienes siembran odio y hostigan”, unos discursos ante los que estarán “enfrente” porque la “razón y la justicia” está de su lado. Se acabó “el miedo y estar ”callados“, ha remarcado.
La presidenta de Fundación Triángulo ha destacado la aprobación de la ley en 2015, que situó a Extremadura “a la cabeza” en los derechos de este colectivo y permitió avanzar “no solo en la seguridad de las personas LGTBI sino en el imaginario colectivo para concebir las cosas de una manera diferente”, tal y como sucedió en su día con el matrimonio igualitario.
También se ha referido al estudio en educación, con datos relevantes como que “más del 23 %” del alumnado no se define como heterosexual y que, por ello, tienen más posibilidades de sufrir “bullying” o ser agredidos.
“La igualdad en el centro de la política”
La interlocución y cooperación con los poderes públicos ha sido considerada como importante por parte de Pilar Milanés, según la cual el año pasado Extremadura Entiende realizó 32 atenciones relacionadas con situaciones de discriminación en diversos ámbitos o el acompañamiento a familias con menores LGTBI.
Para la entidad, la “visibilidad” es una herramienta fundamental para generar cambios en la sociedad y acabar con las “opresiones” que sufren las mujeres. Y ha celebrado que, a pesar de que “se avecina” una crisis socioeconómica debido a la pandemia, la igualdad “sigue estando en el centro de la política, construyendo una región libre, diversa e inclusiva”.
En su alocución, las tres intervinientes han resaltado la existencia de una comisión de seguimiento, formada por la administración y las entidades, para evaluar y analizar las políticas que se pongan en marcha al amparo del convenio suscrito.
Gil Rosiña ha aludido además a que la “prioridad” en estos momentos es el ámbito educativo pero el convenio prevé otras acciones, por ejemplo, en materia de cultura, con medidas como “la recuperación de la memoria histórica del colectivo LGTBI”, con una cárcel en Badajoz, reconvertida después en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo.
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