La Justicia ratifica los 76 años de cárcel para los dueños del Gran Circo África por explotar y maltratar a una familia en Cáceres

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado de forma íntegra las penas de prisión que suman 76 años de cárcel para el propietario del Gran Circo África y dos de sus hijos. La Sala de lo Civil y Penal ha desestimado tanto los recursos planteados por las defensas como el presentado por la Fiscalía, validando punto por punto el fallo que dictó la Audiencia Provincial de Cáceres en mayo.

La resolución judicial da por probada la pesadilla que vivió una familia compuesta por una pareja y sus dos hijos menores de edad desde su llegada al circo el último día de 2019. El dueño del espectáculo atrajo a los padres con la promesa de alojamiento, manutención, trabajo e ingresos mensuales de 300 euros. Las condiciones pactadas jamás se cumplieron: los adultos terminaron hacinados en una caravana sin suministro de agua ni electricidad, sometidos a jornadas de trabajo abusivas, sin descanso y sin cobrar la cuantía fijada.

Durante su estancia en Cáceres, los cuatro miembros de la familia sufrieron agresiones físicas, amenazas, insultos y humillaciones constantes por parte de los tres condenados. El relato de hechos constatado por la justicia detalla además agresiones sexuales continuadas a los dos menores a manos de los dos hijos del dueño, que llegaron a grabar algunos de los episodios con sus teléfonos móviles.

Las mayores penas recaen sobre los hijos del propietario. A uno de ellos le corresponden 40 años y nueve meses de cárcel por delitos de agresión sexual a menores de 16 años, elaboración de pornografía, trato contra la integridad moral y vulneración de los derechos de los trabajadores. Su hermano cumplirá una condena acumulada de 30 años y tres meses por agresiones sexuales y vejaciones. Con todo, la ley fija que el tiempo máximo de cumplimiento efectivo en prisión no rebasará los 20 años. Ambos afrontan también ocho años de libertad vigilada, inhabilitación y la prohibición expresa de acercarse o comunicarse con las víctimas.

Por su parte, el patriarca y dueño de la carpa ha sido condenado a cinco años y medio de prisión por delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la integridad moral, además del pago de una multa. Las víctimas recibirán indemnizaciones que suman 180.000 euros, repartidos en 50.000 euros para la madre, 30.000 para el padre y 50.000 para cada uno de los dos menores.

En su apelación, la Fiscalía solicitaba incorporar condenas por delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual. Sin embargo, el TSJEx concluye que la descripción de los hechos probados no permite añadir esos tipos penales sin alterar el relato que fijó la Audiencia de Cáceres. Los magistrados sostienen que los abusos laborales ya quedan encajados en el delito contra los derechos de los trabajadores y que la grabación del material pornográfico responde a un hecho puntual sin prueba de difusión comercial ni red de explotación. La sentencia absuelve definitivamente a una cuarta investigada al no haber sido recurrida su situación.