La oposición de Badajoz pide los informes sobre el derribo del ‘Cubo’
Los grupos municipales del Ayuntamiento de Badajoz han solicitado al alcalde, Francisco Javier Fragoso, que les entreguen los documentos mensuales remitidos al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) referente al proyecto de demolición del “Cubo” de la Facultad de Biblioteconomía.
El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, ha presentado en Registro Municipal la petición por escrito, según han informado fuentes del en una nota de prensa.
Cabezas recuerda que en julio de 2014 el TSJEX obligó al alcalde a presentar un informe mensual sobre el expediente de demolición.
Ha indicado que, a mediados del año pasado, el equipo de Gobierno popular justificó que existía una dotación económica de 900.000 euros para hacer frente a la obra de demolición del “Cubo” de la citada facultad, un dinero que se consignaba desde el remanente de tesorería.
El PSOE dice que desechó este “artilugio contante”, ya que el 31 de diciembre de 2014 expiraba dicho remanente y “no se iban adjudicar las obras antes de esa fecha como así ocurrió”.
En junio consiguió el crédito
Pero no fue hasta el 2 de junio de este año cuando el consistorio logró un crédito de 819.000 euros para afrontar el coste del importe de la demolición.
El grupo socialista desconoce en qué momento se encuentra el proceso judicial del expediente de demolición, ni los argumentos esgrimidos por el PP al TSJEX para no haber iniciado dicha demolición.
Por su parte, el portavoz de Recuperar Badajoz, Remigio Cordero, ha señalado que valorarán la sentencia judicial pero todavía no se han posicionado.
“Sabemos que la asociación de vecinos y algunos colectivos se han pronunciado, pero nosotros todavía no sabemos qué hacer”, detalló, a la vez que valoró la posibilidad de llevarlo a “consulta” para tomar la decisión dentro del grupo municipal.
Ciudadanos pide informes externos
Luis García-Borruel, portavoz de Ciudadanos, ha reconocido que está “a favor” de que se cumpla la sentencia y se abra un expediente informativo desde el Ayuntamiento.
Además, exige que una Comisión “solicite un informe externo para aclarar esas responsabilidades civiles” y que el Ayuntamiento persone una demanda si fuera necesario.
