Trece imputados por acumular vertidos incontrolados de la construcción en parajes de Badajoz
Trece personas han sido imputadas en Badajoz por irregularidades en la gestión de residuos de construcción y demolición en una operación llevada a cabo por la Policía Local y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).
Los imputados pertenecen a diez empresas que se dedican a la gestión de residuos de la construcción y demolición.
Las imputaciones se han realizado en la denominada operación “Alaspico”, que se inició en julio del pasado año y ha finalizado un año más tarde, tanto en Badajoz como en otras localidades cercanas. Para ello se procedió al control de vehículos dedicados a la gestión de residuos de la construcción y demolición, de la mano de más de 5.490 fotografías.
Según han explicado, se han comprobado vertidos continuados e incontrolados de residuos de construcción en seis lugares no autorizados como son las zona del río Guadiana conocidas como “El Pico” y la “Isla de los Monos”; en graveras del río, sobre todo las ubicadas cerca de Sagrajas; en la carretera de Badajoz a Olivenza y en la carretera de Badajoz a Valverde de Leganés.
El modus operandi consistía en que un constructor que tenía su licencia para hacer una obra o derribo contrataba con una empresa para la retirada de los residuos y su traslado a una planta autorizada para recepcionar residuos de la construcción, de las que hay una en Olivenza y otra en Gévora.
Sin embargo, la empresa contratada por el constructor para la retirada de los residuos en lugar de llevar los residuos a la planta autorizada, que supone “un dinero y un traslado”, los vertía en algunas de las zonas no autorizadas.
No obstante, al día siguiente iba a una de las dos plantas autorizadas para que le dieran el certificado como que había llevado allí los residuos.
Según el concejal, cuando el gestor de residuos iba a una de las dos plantas a pedir el certificado se lo daban “sin haber estado”, con lo que el mismo titular de la planta le certifica una cosa que no se había producido.
Por su parte, el teniente jefe del SEPRONA en Badajoz ha afirmado que estos hechos se han puesto en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente.
El superintendente ha señalado que ha sido una operación muy laboriosa al haber tenido que hacer un seguimiento de las horas a las que se producían los vertidos, además de localizar las obras de donde proveían los residuos y hablar con sus constructores para ver si le habían presentado el certificado de la gestión de residuos en una planta autorizada.
Los delitos que van en las diligencias son el de estafa al entregar a las empresas constructoras un certificado por el depósito de residuos sin haberse producido, falsedad documental al conceder un certificado sin haberse producido la entrada de los residuos en la planta autorizada y delito medioambiental.
