El Womad 2013 de Cáceres justificó el dinero con una relación de gastos sin facturas, reprocha el Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas del Estado (TCU) ha criticado que la gestión del festival Womad 2013 en Cáceres, encargada por la Junta al Consorcio Gran Teatro, no estuviera suficientemente fiscalizada en la liquidación de los gastos, que se justificaron simplemente con una relación firmada por el gerente del consorcio sin que se aportaran facturas, o al menos una auditoría.
Así lo dice el informe de fiscalización de los Presupuestos de Extremadura 2013, del que viene dando cuenta este diario, y que añade reparos como la contratación de forma directa, a dedo, de la gala final del Festival de Teatro de Mérida, la entrega de los premios Ceres, sin que se acreditara que la empresa organizadora del Festival, Pentación, fuera la única capaz de llevar a cabo esa gala.
Según ese informe de fiscalización presupuestaria, hace tres años se atribuyó al Consorcio del Gran Teatro de Cáceres la organización del Festival WOMAD, que no fue considerada como subvención directa cuyas condiciones y requisitos se regularan mediante decreto del Consejo de Gobierno -que sí fue considerada en el caso del Festival Badassom, Badajoz, de similar naturaleza-, sino que el dinero se hizo formar parte de la transferencia ordinaria anual al Consorcio.
Esto evitó en opinión del Tribunal de Cuentas una mayor concreción de las actividades subvencionadas y, por ende, de la justificación acreditativa de las mismas. “La tramitación a través de transferencia global implica un menor nivel de exigencia en la justificación de los gastos, como lo demuestra el hecho de que no se exigiera un informe de auditoría de los gastos o, alternativamente, la presentación de las correspondientes facturas, sustituyéndose por una relación certificada firmada por el gerente del Consorcio”.
La memoria final del proyecto Womad ofrecía por tanto un desglose de las actuaciones y del número de espectadores, pero no constaba la adecuación al presupuesto, ni las posibles desviaciones.
“Por otra parte, el presupuesto correspondiente no incluía el suficiente desglose que permitiese su adecuado seguimiento posterior. Al respecto, los gastos clasificados genéricamente como ”Otros“ representan el 41,5% del coste total, fundamentalmente los encuadrados en las categorías de ”Producción técnica“ (68.000 euros) y ”Gestión de operaciones“ (52.000), importes significativos considerando que el caché de los artistas se limita al 24,4% del total.
El festival contó ese año con unos 300.000 euros.
No es la única alusión del Tribunal de Cuentas al Consorcio Gran Teatro en ese informe de fiscalización de las cuentas de la Junta 2013, sino que se apunta la “imposibilidad de verificar los valores de coste de la mayoría de los elementos del inmovilizado material del balance en el C. Gran Teatro de Cáceres.
El Gran Teatro se vio obligado a buscar una nueva entidad bancaria para participar en el consorcio tras no hacer frente Caja de Extremadura a su deuda desde 2012.
Festival de Mérida
También en el terreno de la cultura se mueve otra de las críticas del Tribunal de Cuentas, cuando habla del Festival de Teatro Clásico de Mérida.
El Consorcio del Patronato del Festival de Teatro Clásico Romano de Mérida adjudicó el expediente nº 46 de “ampliación de actividades de la 59 edición del Festival de Teatro Clásico Romano de Mérida y clausura y entrega de premios”, los Ceres, a través de un procedimiento negociado sin publicidad.
Sin embargo, “no se ha acreditado suficientemente que el adjudicatario, la misma empresa que venía prestando servicios al Consorcio, fuera la única capaz de realizar la prestación y, por tanto, no se ha justificado adecuadamente la adjudicación del mismo mediante un procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia mínima de ofertas”.
A estos efectos, “únicamente se han aportado unos informes internos del gerente, y una resolución de la Consejera de Educación y Cultura de la propia Comunidad Autónoma, directamente interesadas en la contratación y proponente de la misma y carentes, por ello, de la suficiente imparcialidad”.
Empresas públicas
El Tribunal de Cuentas apunta por otro lado que las empresas públicas extremeñas registraron en 2013 un coste de indemnizaciones por despido de 1,056 millones de euros, destacando las correspondientes a SOFIEX, Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños SA, y GPEX, por importes de 346.000, 322.000 y 206.000, respectivamente.
Adicionalmente las sociedades GEBIDEXSA y GPEX dotaron en 2013 provisiones por importes respectivos de 42.000 y 561.000 miles que, en su mayor parte, corresponden a indemnizaciones por riesgo judicial de despido de personal (o transformación de contratos temporales).
