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Admitida una querella contra un alto cargo de la TVG por “presunta prevaricación y desobediencia”

Sede de la CRTVG

David Lombao

“Un presunto delito de desobediencia y prevaricación”. Es de lo que aprecia “indicios” la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, que acaba de admitir a trámite la querella presentada por cinco ex trabajadores de la Televisión de Galicia contra el director de la división de Recursos Humanos de la compañía pública. A través de un auto dictado el pasado 1 de marzo, la magistrada inicia un procedimiento que viene a ser el enésimo capítulo de un recorrido judicial que se remonta al año 2007, cuando el personal que ahora demanda al alto cargo interpuso la primera denuncia contra la TVG.

Aquella denuncia no iba contra ninguna persona en concreto, sino contra la TVG y contra una productora audiovisual por “cesión ilegal de trabajadores”. El personal “prestaba servicios directos” al canal público a pesar de estar contratado por otra empresa, de ahí la colisión con la legalidad. Pero, “unos días después de interponer la demanda por cesión ilegal”, detalla uno de los trabajadores, la TVG “prescindió del servicio de la productora”. En verano de 2008 un juzgado de lo Social “reconoció la cesión ilegal de trabajadores”, pero también una vulneración de la “garantía de indemnidad, un derecho fundamental amparado por la Constitución”, segundo el cual “no podían ser despedidos hasta que el juzgado lo resolviera”.

La sentencia que reconocía la cesión ilegal de trabajadores llevaba aparejada una declaración de nulidad de los despidos y una condena: “la empresa contratante”, la TVG, “nos tenía que readmitir haciendo la misma actividad que antes”, la realización de conexiones en directo, con los mismos turnos y las mismas condiciones. “Y aquí llega el problema”. La jueza encargada del caso “tuvo que requerir varias veces” a la compañía pública “para que nos readmitiera”. Después se produjo esa readmisión, pero “no en los puestos en los que, por sentencia, teníamos que estar, ni en el turno que deberíamos hacer, ni organizando los equipos como debería, ni cobrando lo que nos correspondía” en virtud del propio dictamen. Se ignoraba, por lo tanto, lo que ordenaban las sentencias.

Esos incumplimientos llevaron a los trabajadores a demandar de nuevo a la compañía, primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, donde ganaron, y después ante el Tribunal Supremo, donde llegaron a causa de un recurso interpuesto por la TVG. En 2010 el Supremo también falló a favor del personal demandante: los trabajadores deberían tener la consideración de “indefinidos” en la TVG y, cuando se celebraran las oposiciones en la compañía, tendrían que “crearse plazas específicas, a las que tendríamos que concurrir en concurso”. Pero “se nos dio un código para oposición que considerábamos ilegal”, dado que “nosotros éramos indefinidos”, relatan los trabajadores. Finalmente, y a pesar de “a las advertencias del comité de empresa”, “deciden echarnos”, decisión que origina la querella que acaba de ser admitida a trámite.

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