Comienza la batalla judicial contra la prórroga de ENCE
Los opositores a la continuidad de la planta de ENCE en Pontevedra señalaron “tres vías” en la lucha contra la prórroga de 60 años concedida por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy a la compañía: social, política y judicial. La social se dejó ver, por ejemplo, en la masiva manifestación que el 29 de enero recorrió las calles de la ciudad; la política, en la declaración de Rajoy como persona non grata; y la judicial está a punto de empezar.
La propia resolución del Ministerio de Medio Ambiente que concedió la prórroga fijaba los plazos y mecanismos legales que las instituciones y entidades opositoras tenían para recurrir la decisión. Podían interponer en el plazo de un mes (contando a partir del 20 de enero) recurso de reposición ante el Ministerio o, en el plazo de dos meses, podían presentar recurso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Tanto el Concello de Pontevedra como la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), entidad que acumula ya varias décadas de lucha contra la presencia de ENCE en la ciudad, han presentado o presentarán recursos en las dos próximas semanas. El primero ha llegado desde la APDR; se trata de un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio, en la que le deniega al colectivo la condición de parte interesada. En ese texto, se señala que “quedan fuera del ámbito de la acción popular los procedimientos administrativos” y que la asociación “carece de interés legítimo” en este caso.
La APDR considera que en esta cuestión la resolución del Ministerio “carece de motivación suficiente” y “limita los derechos subjetivos e intereses legítimos” de la entidad. “No tiene ningún sentido”, denuncia Antón Masa -portavoz de la APDR-, que recuerda que el colectivo sí figuró como parte interesada en otros procesos ligados a ENCE y que incluso le fue reconocida esta condición por parte del Ministerio en otros momentos. Por este motivo, la entidad pide que se declare la “nulidad de la resolución” y, como consecuencia, la nulidad de todas las actuaciones del procedimiento de prórroga de la concesión. Sin embargo, el abogado de la APDR -Vicente García Legísima- ya anticipa que “no tenemos fe alguna en este recurso”, ya que en todo el proceso el Gobierno “no ha actuado con arreglo a derecho sino utilizando el derecho en beneficio de unos intereses privados”.
Por su parte, el recurso municipal (que será presentado en los próximos días) se basa tanto en cuestiones de fondo (como la caducidad de la concesión) como de forma, que ya había denunciado en anteriores comunicaciones. Entre otras cosas, el Ayuntamiento recuerda que el Ministerio no accedió a exponer en Pontevedra el expediente administrativo referido a la solicitud de prórroga, que sólo estuvo en exposición pública en Madrid y durante apenas diez días. Esta demanda formaba parte de los alegatos presentados por el Ayuntamiento a la solicitud de prórroga y que el Ministerio prometió que serían “valorados y contestados en la resolución que ponga fin al procedimiento”. Una promesa hecha apenas unas horas antes de hacer pública esa resolución.
Una vez presentados los recursos, el Ministerio dispone de un mes para resolver los requerimientos. Si esta vía fallara (es probable que sea así, si Medio Ambiente mantiene sus argumentaciones previas), comenzaría el proceso judicial, a través de la presentación de sendos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional, para los que el plazo finaliza el 20 de marzo.
En este sentido, la APDR recuerda que la planta de ENCE tiene “aún abierto un expediente de caducidad de su concesión”, lo que legalmente impediría prorrogar esa misma condición, una decisión en la que podría existir “prevaricación”, en palabras de Antón Masa. “Por más que Costas diga que el expediente de caducidad ya ha concluido, toda vez que no están respondidos nuestros alegatos ni estaba respondido en el momento de la resolución un recurso de reposición, el expediente no está terminado”, señala.
