“La comisión del dique flotante sólo se montó para ganar tiempo de cara a las elecciones”

“Burlados y engañados”. Así dicen sentirse los trabajadores del naval ferrolano, después de que Navantia y la SEPI descartaran la posibilidad de construir el dique flotante en las instalaciones gallegas porque, según aseguran, la financiación estatal que requeriría sería considerada ilegal por la UE. Se sienten engañados porque consideran que la comisión de seguimiento, cuya última reunión confirmó el veto a la infraestructura, “sólo se montó para ganar tiempo de cara a unas elecciones autonómicas” y porque ven en las quejas de responsables políticos a la empresa un simple intento “de desviar el tiro y eludir responsabilidades”.

“Ya hace meses que se sabía que el proyecto podía ir contra la normativa europea, pero el PP estatal, de Galicia y de Ferrol seguían manifestándonos su apoyo”, asegura Ignacio Naveiras, presidente del comité de empresa de Navantia, que insiste en que el compromiso político “no eran más que palabras”. Promesas incumplidas una vez más. “Por desgracia, siempre acabamos teniendo razón”, cuenta desde el exterior del Parlamento gallego, a donde acudieron varios delegados sindicales para exigir soluciones y carga de trabajo.

Los trabajadores ni tan siquiera centran sus quejas en Navantia, sino en las administraciones. “Los responsables son políticos”, recuerda el portavoz de la plantilla, que recuerda que “la alta dirección de la empresa se cambia con cada gobierno” y que “la compañía depende de la SEPI, que sigue directrices directas del Ejecutivo, incluso cuando aplican la supresión de la paga extra a los trabajadores”, dice.

“Aquí hay responsabilidades y culpables políticos, desde Rajoy a Feijóo”, añade, tras recordar que el Parlamento de Galicia hizo una declaración unánime aludiendo al carácter estratégico del sector naval. Pero nada da resultados. “Siempre parece haber muchas posibilidades, pero ninguna se concreta”, continúa Naveiras, que ennumera “la sexta fragata”, a la que aludió el presidente del Gobierno en su investidura, o a las continuas promesas que llegan desde la Xunta de Galicia: “14 remolcadores, dos quimiqueros y un flotel” en los últimos tiempos.

“Son 16 buques prometidos y no tenemos material para cortar ninguno de ellos”, aclara el presidente del comité de empresa, que teme el peor. “Los quimiqueros no se construirán aquí, los remolcadores están en serio riesgo... Y ahora Feijóo se despacha con otra nueva promesa de 25 buques mexicanos”, relata. “No hay vergüenza política”, insiste, tras recordarle a la Xunta que el ministro de Exteriores, García-Margallo, acaba de reconocer que “desatascó” los contratos entre Pemex y los astilleros gallegos “mientras desde el Gobierno gallego se insistió siempre en que ya era un contrato sólido”. “¡Cómo pueden seguir haciéndonos esto!”, se queja.

Pero los trabajadores no tiran la toalla con el dique flotante porque entienden que “las posturas de Bruselas no son invariables”. “El PP, cuando gobernaba Zapatero, siempre insistía en que se podían renegociar los acuerdos; si es posible renegociar el veto a la construcción civil, también será posible renegociar la financiación de esta infraestructura o los límites de fechas ante una situación de crisis tan concreta como la que vive nuestro sector”, dice Naveiras.

Mientras, el consejero de Economía, Francisco Conde, dice compartir “la decepción de los trabajadores” y reclama a Navantia que lleve a cabo “las actuaciones necesarias para garantizar el futuro del astillero” a través de una acción comercial que consiga nuevos pedidos. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se une también a la tendencia, seguida por la Xunta, de cargar las culpas sobre la empresa.

“La dirección de Navantia debe asumir algún tipo de responsabilidad; me siento decepcionado y engañado”, manifestó el regidor ferrolano en Radio Voz, después de asegurar “no entender” que la compañía estatal “presente a Bruselas un proyecto económico que no es viable”. “Me duela que esta decisión fuera tomada por directivos nombrados por mi partido”, llegó a decir. Luego, en una rueda de prensa, aclaró que “no se rinde” y que pedirá “enseguida” la colaboración de la Xunta para tratar una hoja de ruta para que el astillero de Navantia, “rentable y viable”, tenga futuro. “No doy nada por perdido”, dijo.

No obstante, Ignacio Naveiras cree que el alcalde de Ferrol, al igual que el consejero y la Xunta, “están desviando los tiros en el ambiente político en el que se mueven”. “En la medida en que culpen a Navantia, evitarán responsabilidades políticas”, asegura el presidente del comité de empresa, que le recuerda a Feijóo que “no puede sacudirse la presión con un flotel que sólo está en los titulares de los periódicos”.

Ante esta grave situación, los trabajadores advierten de que continuarán con las movilizaciones en los próximos días, además de confirmar las que ya tenían previstas para el próximo día 13, en Compostela, y para el 24 en la comarca de Ferrol. Para esta última, los sindicatos llaman a toda la ciudadanía con el objetivo de “demostrarle a Feijóo” que no son “cuatro iluminados los que están defendiendo el naval, sino que hay un pueblo detrás”.

Por lo tanto, continuarán las protestas como las de este martes en Santiago, que llegaron después de que el presidente y el consejero delegado de Navantia, junto con representantes de la SEPI y los alcaldes de Ferrol, Narón, Ares y Fene tuvieran que salir de la comisión de seguimiento del dique flotante escoltados por la policía. Las autoridades se mantuvieron más de doce horas encerradas en las instalaciones de Navantia ante las protestas que mantenían varios trabajadores en la empresa.