La concesión a una empresa privada pone en peligro un centro de discapacidad intelectual en Vigo
La Asociación Galega San Francisco (Agasfra) lleva ofreciendo sus servicios a personas afectadas por Síndrome de Down en Vigo desde 1967. Es una entidad sin ánimo de lucro pionera en Galicia, que en estos momentos presta atención a un total de 73 personas. Sin embargo, su futuro es más que incierto. La Xunta, que mantenía desde hace años un convenio con Agasfra para la prestación de este servicio, se lo adjudicó en esta ocasión a una empresa personal, Residencia Doral, con sede en el vecino ayuntamiento de Mos.
En un reciente concurso público (anteriormente estos servicios se prestaban en Galicia a través de contratos discrecionales), obtuvo la concesión una entidad que “optó y obtuvo una mejor calificación técnica y económica”, según destacó Beatriz Mato, conselleira de Trabajo y Bienestar. En la mayor parte de Galicia los centros originales mantuvieron la concesión, pero no fue el caso de Vigo. Según la versión de la Xunta, Agasfra no puede mantener la concesión porque “las instalaciones no están adaptadas a las necesidades del colectivo” y debido a que “para concursar es necesario contar con el PIA (Proyecto Individual de Atención) definitivo”, y no con uno provisional, como es el caso del centro San Francisco.
Sin embargo, la Federación de Asociaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia (Fademga) desmiente la versión del Gobierno gallego, y en un comunicado hecho público en los últimos días asegura que “la inmensa mayoría de las entidades que en su día pasaron de las subvenciones al modelo de contrato, firmaron contrato con la Xunta con PIAS provisionales” y añade que en algunos casos esa situación se mantiene.
La Asociación Galega San Francisco, con sede en el barrio vigués de Coia, lleva semanas movilizándose ante la decisión del Gobierno gallego (una campaña en change.org ha recogido ya 23 mil apoyos) y ya ha recurrido por la vía contencioso-administrativa. Sus responsables denuncian que “las 73 personas con discapacidad intelectual de este centro se verán obligadas a trasladarse a otra localidad, además de cambiar de cuidadores”. Añade que la adjudicación también haría peligrar “el puesto de 20 trabajadores, ya que desde la Consellería de Bienestar ni siquiera se garantiza que la nueva adjudicataria mantenga el puesto de estos trabajadores”.
La retirada de la concesión no solo afecta a este centro, sino de rebote a otros dos que la entidad gestiona en la ciudad, que tendrían también que cerrar por la limitación de recursos económicos resultante. Fademga denuncia “el atropello de la Xunta a nuestros hijos, a los que ni siquiera se les consultó y a los que se está tratando como mercancía al sacar a concurso las plazas que ocupan en el centro de Coia”.
Una manifestación recorrió las calles de Vigo el pasado 30 de septiembre, y está convocada una nueva concentración este martes, frente a la sede del Partido Popular en Vigo, en la calle Areal.
