Decenas de mujeres sin papeles denuncian a una empresaria de Lugo por explotarlas cuidando personas dependientes

Decenas de mujeres migrantes han denunciado a una empresaria de la provincia Lugo por haberlas captado, cuando no tenían papeles, para trabajar como “internas” en casas de personas con dependencia para atenderlas. Las condiciones eran de explotación laboral: en muchos casos no tenían días de descanso durante semanas o meses, si faltaban alguna jornada se les descontaba una cantidad de un sueldo de por sí exiguo –entre 500 y 1.000 euros– y estaban a merced del trato recibido en cada hogar. Algunas de ellas relatan episodios de agresiones físicas y un trato humillante, con insultos, control de lo que comían y el requerimiento de dejar siempre abierta, también de noche, la puerta del cuarto que ocupaban.

La investigación empezó tras una denuncia presentada a finales de 2019 ante la Guardia Civil relacionada con el caso de una de estas mujeres, que atendía a una anciana pero que estaba en España sin permiso de trabajo. Las víctimas entraban en contacto con esta empresaria –detenida en 2020 junto a su hija y luego puesta en libertad–, responsable de la sociedad limitada Asistencia Castroverde, habitualmente a través de algún conocido que les había contado que daba trabajo a migrantes sin papeles. La mujer, de 48 años, es una de los cinco investigados por emplear a ciudadanos extranjeros o a menores de edad que carezcan de permiso de trabajo (delito recogido en el artículo 311 bis del Código Penal). Los otros cuatro son su hija y tres personas que se considera que tenían roles para facilitar los contactos o entregaron a las víctimas el dinero que se les pagaba por su trabajo, siempre en metálico y en un sobre. El caso, que está en manos del Juzgado de Instrucción número tres de Lugo, sigue pendiente de completar algunas diligencias, pero ya se ha tomado declaración a los investigados y a parte de las víctimas. El total de personas afectadas está aún por concretar, pero uno de los abogados que las ha asesorado para las denuncias asegura que superan las 100.

En 2020 el resultado de las pesquisas llevó a la conclusión de que las víctimas eran numerosas. El juzgado autorizó en su momento hacer escuchas telefónicas, de las que se extrae que la empresaria daba instrucciones a las mujeres para que no revelasen que no tenían permiso de trabajo o experiencia atendiendo a personas dependientes. La Guardia Civil detuvo a esta mujer y a su hija, que posteriormente quedaron en libertad. Entonces, el diario El Progreso de Lugo publicó que utilizaban la empresa, dedicada al servicio de ayuda en el hogar y que trabajaba con varios ayuntamientos de la provincia, para aparentar que toda su actividad era legal. Sin embargo, con estas migrantes sin papeles, procedentes de países como Venezuela, Colombia, Nicaragua y Honduras, pactaban de palabra el trabajo y les pagaban en efectivo para procurar no dejar rastro. A las familias les decían que las mujeres tenían los papeles en regla y un contrato legal.

Miedo

La asociación Aliad-Ultreia, que está asesorando de manera gratuita a muchas de las víctimas, señala que no se habían decidido a denunciar por miedo, ya que recibían amenazas y pensaban que les podría perjudicar y terminarían expulsadas del país. Aguantaban también por la necesidad económica. Ana (nombre ficticio) llegó recién empezado 2020 a España procedente de Colombia. Le habían contado que en Lugo podía ponerse en contacto con una mujer que le daría trabajo cuidando a mayores dependientes.

A los 15 días estaba en la casa de dos ancianos como “interna”. Esto quería decir que dormía allí. Trabajaba todos los días de la semana y solo tenía dos horas libres diarias, que aprovechaba para irse a otro piso a ducharse y lavar la ropa porque en la casa en la que trabajaba no se lo permitían. Cuenta que recibía un trato humillante, con insultos, que le daban de comer las sobras del día anterior y le recriminaban que usase papel higiénico. Le exigían, añade, que dejase siempre abierta la puerta del cuarto que ocupaba, también por la noche. Asegura, en conversación con este periódico, que terminó dejando esta casa, pero que unos meses después, y tras buscar empleo en otros puntos de España, regresó a Lugo porque la empresaria investigada contactó con ella para que se ocupase de otra persona, una anciana que resultó ser “muy agresiva” y llegó a agredirla físicamente, relata.

Laura (nombre ficticio), que también ha denunciado, explica que llegó a España a finales de 2019 con la necesidad de encontrar un trabajo “para sobrevivir”. Alguien le habló de esta empresaria y contactó con ella. Pasó por varias casas de diferentes localidades rurales como interna, en las que cobraba 800 euros y tenía libre un día al mes. El el último de los trabajos que tuvo a través de la empresaria investigada le daban libres el sábado y el domingo, pero el resto de los días solo podía disponer de dos horas por la mañana.

Sin tiempo para cobrar

Otro abogado, Waldir Sinisterra, que lleva varios de los casos, explica que la situación de muchas de ellas, trabajando de forma continua, era tal que no tenían tiempo ni para ir a recoger ellas mismas los sobres con los que les pagaban y era alguna persona cercana la que se desplazaba a algún bar, floristería y un piso de Lugo en el que la empresaria investigada entregaba el dinero. Algunas de estas mujeres, señala, llevaban tres o cuatro años trabajando en estas condiciones.

La empresa, que ahora se encuentra en fase de liquidación, no levantó sospechas entre las administraciones que trabajaron con ella. El servicio de ayuda en el hogar lo gestionan los ayuntamientos, aunque con financiación en parte de la Xunta. Y algunas de las familias que recurrían a esta empresa para encontrar cuidadores para personas con dependencia recibían ayudas públicas para costearlo. El alcalde de Castroverde, Xosé María Arias, aseguró que, en lo que afecta al ayuntamiento, que adjudicó este servicio a Asistencia Castroverde, “estaba todo en regla”, según informa Europa Press. “Hay otras cosas en las que no me puedo meter, como puedan ser empresas paralelas”, justificó.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, se ha limitado a pedir que se deje avanzar la investigación. Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, manifestó el pasado jueves no conocer el caso concreto y se remitió a la Consellería de Política Social. Este departamento indica que los servicios de inspección de la administración autonómica revisaron esta empresa en 2021, pero su intervención “no derivó en ningún expediente sancionador”. El Gobierno gallego no ha tenido constancia de ninguna investigación judicial ni se le ha pedido ninguna información al respecto, añade.