Feijóo pidió en la oposición ilegalizar las reformas electorales sin consenso
Septiembre de 2005. El gobierno de coalición de PSdeG y BNG lleva poco más de un mes en el poder y los nuevos miembros del Ejecutivo van pasando por el Parlamento para explicar ante el pleno las líneas generales de sus departamentos. En su comparecencia, el consejero de la Presidencia, el socialista José Luis Méndez Romeu, anuncia su apuesta de “reforma de la ley electoral” para “resolver, por lo menos, tres cuestiones pendientes”: la paridad en las listas, la limpieza del voto emigrante y “una mejor proporción de la atribución de escaños a cada circunscripción”. El anuncio provocó una salida en tromba del PP, partido acabado de llegar a la oposición y que apenas dos años después, ya con Alberto Núñez Feijóo al frente, llegó a reclamar la ilegalización de las reformas electorales sin consenso, las mismas que los conservadores se disponen a ejecutar en Galicia y en el Estado.
La reforma electoral que esbozaba entonces Méndez Romeu consistía, esencialmente, en paliar la sobrerrepresentación de las provincias de Lugo y Ourense, tradicionales graneros de votos de la derecha y en los que cada escaño en el Parlamento sale mucho más barato en votos que en A Coruña y Pontevedra, toda vez que han asignado el mismo mínimo de diputados y diputadas -diez, en la actualidad- que las circunscripciones atlánticas a pesar de contar con una población mucho menor. En días posteriores desde San Caetano se abría la puerta también a otras reformas de relevancia, como dejar sin efecto la reforma electoral ejecutada unilateralmente por Fraga en 1992 para elevar del 3% al 5% el umbral de votos para obtener representación. Para el PP aquellos anuncios del bipartito eran un síntoma de “preocupación” y una muestra de que socialistas y nacionalistas intentaban “utlizar la Administración en beneficio de sus intereses”. “La ley electoral es un tema básico en todo sistema democrático”, advertían a través de su diputado Manuel Ruiz Rivas, actual alcalde de Ribeira.
Pocos meses después, en enero de 2006, Feijóo accedía al liderato del PPdeG y retomaba el asunto después de su primera reunión institucional con Emilio Pérez Touriño. “Pretendo que la gente tenga principios”, decía, para resumir que, a su juicio, no cabía la posibilidad de que PSdeG y BNG excluyeran al PP de la reforma de la Ley de elecciones. No en vano, explicaba, Touriño le había garantizado que no habría reforma sin pacto: “se comprometió a que las reglas del juego se modificarían por consenso”. La norma que rige el sistema electoral solo podría ser modificada “por unanimidad de todos los grupos”, profundizaba.
Exigencia en la reforma estatutaria
El tiempo fue pasando y, entre acusaciones más o menos altisonantes -Feijóo llegó a calificar la propuesta de “pucherazo”-, el gabinete que encabezaban Touriño y Quintana fue aparcando la reforma electoral y ligándola a otra negociación aun más compleja, la de la reforma del Estatuto de Autonomía. Aquellos trabajos avanzaron notablemente en una comisión parlamentaria tripartita pero se embarrancaron en tres elementos de relevancia política: la definición de Galicia, el rango legal de la lengua gallega y la manera de reformar la ley de elecciones. Para intentar desbloquearlas, el 17 de enero de 2007 Touriño, Quintana y Feijóo se reunieron en la residencia oficial de Monte Pío y fue allí donde el líder de la derecha puso sobre la mesa una exigencia que, si llegara a hacerse realidad, impediría ahora, por ejemplo, su recorte al Parlamento.
Fuentes próximas a la reunión, presentes en aquella jornada en Monte Pío, confirman que Feijóo reclamó abiertamente que el nuevo Estatuto estipulara la imposibilidad de reformar la Ley de elecciones sin mayoría cualificada, esto es, sin el apoyo de dos tercios del Parlamento. El entonces líder de la oposición, detallan las mismas fuentes, ponía como ejemplo las mayorías reforzadas que hacen falta para reformar el propio Estatuto o para elegir al Valedor do Pobo. El propio Feijóo confirmaría ante la prensa, tras el fracaso de la negociación estatutaria, que uno de los obstáculos para el acuerdo había sido el mecanismo de reforma electoral. Siete años después, tanto en Galicia como en Madrid, los conservadores defienden la procedencia de reformar las normas electorales aunque ningún partido más dé su apoyo.
