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La familia Franco boicotea la construcción de aceras en Meirás como venganza por ser declarada 'non grata'

Fragmentos de la carta remitida por Utrera-Molina al alcalde de Sada en nombre de la familia Franco

David Lombao

El pasado agosto el pleno del Ayuntamiento de Sada, donde se encuentra el Pazo de Meirás, declaró como “non grata” a la familia de Francisco Franco. Lo hacía después de que los herederos del dictador anunciaran que habían encomendado a la Fundación Francisco Franco la gestión de las visitas al pazo y que esta entidad dejara claro que aprovecharía el encargo para hacer apología de la dictadura y del golpe de estado de 1936. La entidad franquista había respondido a aquella declaración política -apoyada por Sadamaioría, BNG y PSdeG- con nuevas provocaciones públicas hacia el gobierno municipal sadense, del que ahora intentan vengarse boicoteando la construcción de aceras en el entorno del pazo incautado, el mismo que intentan vender por hasta 8 millones de euros.

El Ayuntamiento de Sada tiene en marcha un proyecto de construcción de aceras en la carretera DP-5812, la vía de Meirás a Santa Cruz que pasa por delante del pazo. Para completar el trazado de esta infraestructura, muy demandada por el vecindario de la parroquia, necesita utilizar parte de una parcela sin construcciones que mide apenas 501 metros cuadrados y que es parte de los terrenos del pazo. El gobierno local ya cuenta con gran parte del suelo que precisa, pero acaba de encontrarse con la negativa de los Franco. No cederán la finca que no usan si no es retirada la declaración de “persona non grata”, advierten.

En una carta remitida al alcalde de la localidad, Benito Portela (Sadamaioría), a través del bufete de abogados madrileño Hernández-Canut, el “albacea universal” de la herencia de Carmen Franco, fallecida el pasado diciembre, expone sus condiciones. Luis Felipe Utrera-Molina -hijo del que fuera ministro de Franco y participante en eventos de exaltación de la dictadura- asegura que “todos los herederos, sin excepción, desearían acceder de buen grado” a la “solicitud de cesión gratuita de terrenos a favor del pueblo de Sada y en su beneficio”. Pero, dice la misiva a la ha tenido acceso Praza.gal, “estoy seguro de que se hará cargo” del “clima de abierta hostilidad que la actual Corporación ha generado (...) en el municipio contra toda la familia Franco”, advierte.

El abogado Utrera-Molina califica cómo “insólita e injustificada” la declaración, una iniciativa política que eleva a la categoría de “condena intergeneracional” que “no tiene precedentes en el mundo civilizado”. Este, advierte, “no es el escenario óptimo” para permitir la construcción de aceras en la finca. Por eso “los herederos de doña Carmen Franco” solo “accederán a ceder gratuitamente la porción de terreno” si el pleno de Sada “acuerda la revocación de los acuerdos adoptados con la intención de agraviar gratuitamente a toda la familia Franco-Polo, de modo que sea ”reparada“ la ”afrenta pública cometida contra una familia que siempre se ha sentido íntimamente unida a su municipio“.

El texto culmina con un llamamiento de Utrera-Molina al “buen juicio” del alcalde para “hacer primar los intereses de los vecinos de Sada” sobre “los intereses políticos de su partido”. Si la declaración no es revocada “lamento comunicarle que dicha cesión no se realizará de forma voluntaria, por lo que para obtener la propiedad de dichos terrenos” tendrá que “acudir a los procedimientos administrativos legalmente establecidos”, esto es, una expropoación que implicaría “un coste para los vecinos” que “una actuación cabal del Ayuntamiento” podría “haber evitado”, finaliza la carta.

Este nuevo obstáculo de los herederos del dictador a la Administración, en este caso al Ayuntamiento sadense, llega después de numerosos incumplimientos del régimen de visitas del Pazo de Meirás, obligado por su condición de Bien de Interés Cultural (BIC), y en pleno procedimiento para intentar la reversión del histórico edificio al patrimonio público. No en vano, está en marcha la Xunta pro-Devolución de la propiedad, impulsada por el propio gobierno sadense, la Diputación y el Ayuntamiento de A Coruña y casi una treintena más de municipios, así como entidades sociales a favor de la recuperación de la memoria histórica. El Gobierno gallego, por su parte, ha articulado una comisión de personas expertas que estudian las vías para recuperar el pazo sin que los Franco reciban contraprestaciones económicas.

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