Hacienda sigue multando emigrantes retornados pero acepta alegaciones que antes rechazaba
La Agencia Tributaria lleva recaudados ya unos 3,5 millones de euros en Galicia desde que comenzó su campaña contra los emigrantes retornados, a los que les reclama que tributen por los subsidios recibidos de un país extranjero desde 2008, además de imponerles sanciones y cobrarles intereses de demora por no haber declarado antes esos ingresos. A pesar de que el pasado mes de agosto la campaña estuvo “casi paralizada”, según las plataformas de afectados, las reclamaciones siguen llegando y se incrementarán en septiembre, después de que en el pasado mes “sí se activaran las notificaciones de sanciones por no haber tributado en plazo y forma”.
De hecho, comarcas que no eran de las más afectadas comienzan a acumular ya cientos de propuestas de sanciones para otros tantos jubilados gallegos. En total, la cifra de pensionistas que reciben las denuncias de Hacienda se acerca a los 25.000 en el país y la cantidad media que se les reclama se sitúa entre los 12.000 y los 15.000 euros.
No obstante, la movilización social parece que da resultados. Cientos de pensionistas están presentando alegaciones a las notificaciones de sanción por no haber presentado la declaración correspondiente y la Agencia Tributaria las está aceptando, a pesar de que en un principio todas eran rechazadas y los jubilados habían optado por recurrir a la Justicia. Alegan falta de información, desconocimiento, no intención de ocultar datos e indefensión. Y Hacienda parece aceptar ahora las justificaciones que antes no tenía en cuenta. “Y creemos que todo esto se debe a la presión social y a la movilización que mantenemos desde hace meses”, asegura Maruchi Álvarez, portavoz de la plataforma de afectados del Morrazo, la primera que se organizó y que sirvió de base para los colectivos que ya están organizados en el Umia, Vilagarcía, A Coruña, Carballo, Ourense, A Mariña o Ponteareas.
Desde las plataformas se recomienda a los afectados que presenten ese primer alegato a la propuesta de sanción, ya que de esta manera no perderán los descuentos que la Agencia Tributaria ofrece para el pago de las cantidades correspondientes, así como que se organicen para hacer frente a lo que consideran “un robo” por parte de la Administración central. Así lo están haciendo, por ejemplo en la provincia de Ourense, “donde hasta ahora el tema era tabú, pero donde ya se están descubriendo cientos de afectados”. También en otras zonas, como en Carballo, donde a la última reunión informativa asistieron 200 personas.
Los colectivos de afectados confían en que la presión social “suavice” las sanciones, pero siguen reclamando “la anulación de todos los expedientes abiertos y la devolución del dinero pagado”, también de aquellos que, “por desconocimiento y falta de apoyo”, pagaron para evitar problemas. Más de tres millones de euros han entrado ya en las arcas del Estado por esta vía. El hecho de que PSdeG, AGE y BNG hayan presentado iniciativas en el Congreso y en el Parlamento gallego, pero sobre todo, “que el tema llegue a la Cámara Europea”, hace mantener las esperanzas de los afectados. “Es clave que el resto de estados comunitarios conozca la situación para coordinar un cambio en la legislación y establecer una información y unas normas claras sobre los pagos de tributos por parte de los emigrantes”, añade Maruchi Álvarez, que confirma que se prevé una manifestación frente al Parlamento gallego en el momento en el que este tema se debata en el pleno
Hasta ahora, las cartas de Hacienda apuntan a los gallegos emigrados en Alemania, Suiza, Francia o Inglaterra, pero las órdenes de la Agencia Tributaria afectan a toda aquella persona que esté cobrando una pensión del extranjero. También a los que trabajaron en América, que serán informados muy pronto de sus nuevos deberes fiscales.
El límite general se sitúa en los 11.200 euros anuales, por lo que todos aquellos pensionistas que entre la pensión de España y la del país donde emigraron superen esa exigua cantidad estarían obligados a ponerse al día al tener dos pagadores. La barrera, no obstante, se sitúa en los 22.000 euros para cualquier otro pensionista. Los afectados insisten en que nunca fueron informados sobre lo obligatoriedad de realizar la declaración y que incluso fueron advertidos, tanto por parte de la Administración estatal como por otras de otros países europeos, de que no tenían por que declarar el subsidio.
“La discriminación es grandísima; cualquiera puede haber trabajado en ocho empresas en España y no tener que hacer la declaración por cobrar algo menos de 22.000 euros, pero se estuviste fuera y recibes 11.300 euros al año, estás obligado a declarar”, explica Álvarez.
