Homenajean al cura condenado por robar 600 mil euros a una anciana con alzheimer

En 2008 el cura Benigno Moure fue condenado a cinco años de prisión por apropiación indebida continuada. El tribunal consideró probado que entre 1998 y 2001, mientras Moure presidía la ourensana Fundación San Rosendo, engañó a una mujer con alzheimer ingresada en uno de los geriátricos que gestionaba, arrebatándole todo su dinero -un total de 573.673 euros-, ingresándolos en la cuenta bancaria de la entidad, y que también traspasó a la Fundación la titularidad de unas 60 propiedades. Moure sí fue absuelto de los delitos de estafa y falsificación de documento público y mercantil.

A pesar de la sentencia judicial firme, la Diócesis de Ourense y el Partido Popular presionaron para que Moure no ingresara en prisión, llegando a convocar una manifestación en 2011. Finalmente, el cura sí pasó por la cárcel de Pereiro de Aguiar, pero sólo durante dos meses. Un castigo simbólico que rápidamente fue sustituido por la colocación de una pulsera magnética del tobillo del condenado, para garantizar que pernoctase en su vivienda. Un año más tarde la Junta de Prisiones le retiró el tercer grado y la pulsera, dejándolo en libertad. De nada sirvieron las protestas del sobrino de la mujer estafada, que denunció el trato de favor a Moure y pidió -sin éxito- que le fuesen retiradas distinciones como la Medalla Castelao, concedida durante los gobiernos de Manuel Fraga.

Benigno Moure siguió presidiendo la Fundación San Rosendo durante la investigación y el juicio, y lo hizo incluso hasta el año 2011, cuando la sentencia firme lo inhabilitó legalmente para ocupar esta posición. Sin embargo, Moure dejó de ser presidente para ser presidente de honor, manteniendo una posición de reconocimiento social a pesar de su probada apropiación indebida. Este martes el cura fue objeto de un homenaje por parte de la Fundación, durante la presentación de las actividades que la entidad desarrollará a lo largo de este 2017.

La Fundación, que celebra su 25 aniversario, anunció la convocatoria de la primera edición de las Becas Benigno Moure, “en reconocimiento a la labor que su fundador impulsó durante los últimos 25 años a favor de los colectivos más desfavorecidos de Galicia”. En el acto, Moure destacó el método de trabajo desarrollado en los centros geriátricos de la entidad, basado en el “cuidado personalizado” y en que los usuarios y usuarias “siempre tengan algo que hacer”.

Cuando la defensa del reo se convirtió en una cuestión política para el PP

Benigno Moure no era un cura cualquiera cuando cometió el delito. Moure había presidido Cáritas-Ourense hasta que en 1992 fundó la Fundación San Rosendo, casi como una escisión de la organización religiosa. A través de la Fundación construyó un verdadero imperio económico a través de los servicios asistenciales geriátricos y para discapacitados físicos y psíquicos. Hoy la entidad cuenta con 70 centros y alrededor de 1.600 trabajadores y trabajadoras. Moure, además, era administrador único de los balnearios de Laias, Arnoia y Lobios. A través de la Fundación y de sus numerosos conciertos y subvenciones, Moure mantenía un estrecho contacto con la administración, además de ser muy próximo personalmente a Manuel Fraga, que lo galardonó con la Medalla Castelao y con la Medalla de Plata de Galicia.

La anciana a la que Benigno Moure le quitó todo su patrimonio había ingresado en 1998 en la residencia Os Gozos, en Pereiro de Aguiar (Ourense), junto con su marido, procedentes ambos de O Carballiño. Dos años más tarde el hombre falleció y Benigno Moure presentó una petición ante la Fiscalía para que la mujer fuera declarada incapacitada, algo que también hizo el único sobrino de la mujer, que denunció a través de Interviu que “mi tía no tenía descendientes, así que cuando el cura supo que había un heredero, se dio prisa para quedar con los bienes”. La incapacidad fue aceptada en 2001 en favor del sobrino, pero en ese momento los más de 500 mil euros de la mujer ya estaban en las cuentas bancarias de la Fundación, lo mismo que un buen número de propiedades, algunas de las cuales (varias fincas y una vivienda) fueron vendidas. La sentencia del tribunal consideró probado que Moure “aprovechó el deterioro progresivo e irreversible de la capacidad intelectiva de la anciana”. Además, el dictamen condenó también a un notario, que había colaborado con Moure en el proceso.

La Fiscalía solicitaba 14 años de cárcel para el cura, y la acusación particular elevaba la petición a 40 años de prisión, por lo que la sentencia (5 años de cárcel, 3 de inhabilitación y el reingreso del dinero) fue considerada insuficiente por el único heredero de la víctima, que en los años siguientes batalló en varias direcciones, para asegurar por una parte el ingreso de Moure en la prisión y para que fuesen retiradas todas las distinciones honoríficas que poseía, un asunto que también llegó al Parlamento gallego a través del BNG. Sin embargo, la respuesta a esta demanda fue negativa.

Si el sobrino hacía presión por su lado, por el otro la cúpula provincial del Partido Popular, la Diócesis de Ourense (encabezada por el obispo Luis Quinteiro Fiuza) y la propia Fundación San Rosendo hacían lo mismo. El 15 de julio de 2011 llegaron a convocar una manifestación para pedir que Moure no ingresara en prisión. Asistieron desde el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, el entonces portavoz del partido en Galicia Antonio Rodríguez Miranda, el diputado en el Congreso Celso Delgado, hasta el portavoz popular en la ciudad de Ourense, Rosendo Fernández. Además de alcaldes, concejales, o los presidentes de la Confederación de Empresarios, de la Cámara de Comercio, o de los constructores ourensanos.

En el acto, en el que Baltar fue aclamado por los casi dos mil asistentes, como relataba Cristina Huete en la crónica publicada en su momento en El País, el presidente de la Diputación pidió el perdón para el cura condenado: “Es cierto que pudo cometer algún error, pero debe pesar más su larga trayectoria buena que la mala”. Moure acabaría entrando en la cárcel como castigo a su delito, pero sólo de forma testimonial, quedando libre a los dos meses. Y, como parece a la vista de los reconocimientos que sigue recibiendo, ha sido rehabilitado socialmente por el sector que siempre miró hacia otro lado ante su quebranto de la lei.