Los imputados por evitar el desalojo de Aurelia Rey alegan contra “la criminalización de la protesta”
“Las sanciones no pretenden más que amedrentar a los ciudadanos para que dejen de contestar en la calle a las políticas injustas”. Francisco Jorquera, portavoz parlamentario del BNG, lo tiene claro. Él fue una de las ocho personas expedientadas por los altercados acontecidos en A Coruña en la paralización del desahucio de Aurelia Rey el pasado 18 de febrero, junto con el portavoz municipal del Bloque, Xosé Manuel Carril; el de Esquerda Unida, César Santiso; el entonces secretario comarcal de la CIG, Paulo Carril; el bombero que se negó a colaborar en el desalojo de la anciana y tres activistas de Stop Desahucios.
Este lunes, todos ellos -excepto el portavoz de EU- acudieron a la Delegación del Gobierno en la Coruña para llevar a cabo la entrega conjunta de alegatos a las propuestas de sanción emitidas contra estas ocho personas y en la que estuvieron acompañados por activistas de Stop Desahucios, afectados por las preferentes y compañeros del bombero sancionado. “Lo único que hicimos fue responder a la petición de ayuda de la anciana”, recuerda Jorquera, que fue acusado en el expediente sancionador de “cabecilla e instigador” de las protestas y que recuerda que, después de autoinculparse junto a otras personas y tras la elaboración de un informe policial, el caso fue dejado en nada por la Justicia. “Ahora se modifica y se recurre a la vía gobernativa para sancionarnos; esto nos retrotrae a épocas pasadas”, denunció.
Lo mismo denuncia el abogado que colabora con Stop Desahucios, Antonio Vázquez, que acusa a la Administración de “desviación de poder” y de “uso sesgado de las instituciones legales” al “perseguir por vía administrativa” lo que ya había sido determinado judicialmente. “Es una criminalización constante de los movimientos de protesta que hay en esta ciudad”, insiste Héctor Tejón, portavoz del colectivo, que recuerda que el Gobierno propone “sanciones de 600 euros” a cada uno de los expedientados “por ponerse en pie de guerra”. “Bomberos, activistas... estamos sufriendo una ola de criminalización; es una injusticia que se haga esto mientras se permite la impunidad para todos los atropellos que se realizan desde otros ámbitos, como desde las entidades financieras”, añade.
Todos los sancionados presentaron en conjunto sus alegatos y fueron vitoreados y aplaudidos por los ciudadanos que acudieron a apoyarlos entre gritos de “hay que desahuciar al Partido Popular” o de ánimo al bombero que se convirtió en símbolo de la protesta al negarse a colaborar en el desalojo de Aurelia Rey. Jorquera recordó que tanto él como el resto de personas fueron expedientados por “ejercer la resistencia civil”, algo “que se loaba de personajes como Gandhi, Mandela o Luther King”. “Se me acusa de actitud violenta cuando yo fui empujado y caí al suelo”, añadió el portavoz parlamentario del BNG, que llamó la atención sobre la presencia de afectados por las preferentes en la concentración y que alertó que “multitud de ellos están recibiendo expedientes de multas por protestar en la calle”.
