La investigación penal del accidente del Alvia deja en evidencia a la de Fomento, que culpó solo al maquinista
Los técnicos del Ministerio eximieron de responsabilidades a la Administración, pero recomendaron mejorar los análisis de riesgos que hacía Adif, cuestión en la que ahora el juez ve responsabilidad penal del exjefe de Seguridad de la empresa pública
Fomento esgrime dificultades legales para repetir su investigación técnica, que según la Audiencia de A Coruña y la UE no fue independiente pero influyó en la causa judicial
Autoridades visitando la zona del accidente en julio de 2013 EFE
La investigación técnica del accidente de Angrois fue realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Fomento, que en mayo de 2014, diez meses después del siniestro, emitió su informe final. En él concluyó, como se habían apresurado a decir desde el mismo momento del siniestro responsables políticos del PP con el apoyo del PSOE, que “la causa del accidente fue un exceso de velocidad [...] por no respetar el personal de conducción” la velocidad que se le indicaba en el Libro Horario después de despistarse al recibir una llamada del interventor del tren.
El sistema de control constante de la velocidad del tren, el ERTMS propio del AVE, que podía paliar ese despiste, no se había instalado en las vías (en una decisión tomada durante la construcción de la línea, cuando al frente del ministerio estaba el socialista José Blanco) y se había desconectado a bordo de los Alvia porque daba fallos y provocaba demoras en los trenes (medida adoptada ya con la popular Ana Pastor en Fomento un año antes del siniestro y que no se solucionaría hasta un año después del mismo). En las dos decisiones, Andrés Cortabitarte ocupaba el mismo puesto de director de Seguridad.
A pesar de que incrementaron el riesgo de accidente, la CIAF consideró aceptables según la normativa ambas decisiones, por lo que solo contempló el error humano cómo única causa del siniestro. Pero a pesar de culpar solo al maquinista, los investigadores emitieron en el mismo informe nueve recomendaciones para mejorar la seguridad de la red ferroviaria, entre ellas la siguiente: “Incluir un análisis de riesgos específico que recoja la identificación y gestión de los posibles peligros que deriven de la interacción de los diferentes subsistemas en condiciones de operación normales y degradadas, y su vinculación con el personal de conducción”. El sistema de análisis de los riesgos de Adif era insuficiente, venía a decir la CIAF, pero se había hecho según marcaba la normativa preexistente y, a la espera de cambiarla, el único que había incumplido una norma expresa era el maquinista por no prestar atención.
Aquel informe de la CIAF sirvió de base para que uno de los peritos judiciales, designado por la Xunta y sin experiencia previa en materia ferroviaria, descartara cualquier responsabilidad del siniestro más allá del despiste del maquinista con el argumento de que, aunque Adif no hubiese hecho el análisis de riesgos de manera íntegra, ninguna norma previa lo obligaba. Aquel perito había llegado incluso a plagiar partes del informe de la CIAF. Ahora, dándole mayor validez al peritaje de otro experto, el más independiente de la causa, elegido por sorteo de entre los mejores técnicos propuestos por el colegio de ingenieros, quien desde el principio alertó sobre la obligatoriedad normativa de ese análisis integral de riesgos, el juez argumenta que sí era necesario, y responsabiliza de no hacerlo a Cortabitarte. Una decisión a la que el magistrado Andrés Lago Louro, que sustituyó un año después del accidente al primer instructor, Luis Aláez, llega dos años después de que el perito independiente venga advirtiendo de esa incorrecta asunción de riesgos por parte de Adif.
Como director de Seguridad, Cortabitarte está también imputado por otro accidente ocurrido en Arévalo (Ávila) en 2010, en el que un maquinista murió cuando su tren chocó por detrás contra otro después de que fallara un semáforo en el que Adif estaba realizando pruebas. Cortabitarte dejó el departamento de Seguridad de Adif un mes antes del accidente de Santiago, pero fue reubicado en otros cargos de libre designación de la empresa pública, que lo defendió.