Adif, la empresa pública gestora de la red ferroviaria, no analizó como debía el riesgo que existía en la curva de Angrois, a la entrada de Santiago, de que un maquinista tuviera un error humano y llegara a ella con un exceso de velocidad como el que ocurrió el 24 de julio de 2013, que terminó con 80 muertos y 144 heridos. Ese análisis integral del riesgo, dice ahora el juez instructor de la causa, era responsabilidad última del entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés María Cortabitarte López, al que acaba de llamar a declarar como investigado -antiguo imputado- por homicidio, al mismo nivel en que se encuentra desde un primer momento el maquinista. Esta argumentación del juez deja en evidencia la investigación técnica del siniestro que en su momento realizó el Ministerio de Fomento. En ella, sus técnicos habían acabado recomendando, entre otras medidas, mejorar el procedimiento de evaluación de riesgos, pero sin considerar que eso fuera una de las causas del siniestro, que limitaba al despiste del maquinista.

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La investigación técnica del accidente de Angrois fue realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Fomento, que en mayo de 2014, diez meses después del siniestro, emitió su informe final. En él concluyó, como se habían apresurado a decir desde el mismo momento del siniestro responsables políticos del PP con el apoyo del PSOE, que “la causa del accidente fue un exceso de velocidad [...] por no respetar el personal de conducción” la velocidad que se le indicaba en el Libro Horario después de despistarse al recibir una llamada del interventor del tren.

El sistema de control constante de la velocidad del tren, el ERTMS propio del AVE, que podía paliar ese despiste, no se había instalado en las vías (en una decisión tomada durante la construcción de la línea, cuando al frente del ministerio estaba el socialista José Blanco) y se había desconectado a bordo de los Alvia porque daba fallos y provocaba demoras en los trenes (medida adoptada ya con la popular Ana Pastor en Fomento un año antes del siniestro y que no se solucionaría hasta un año después del mismo). En las dos decisiones, Andrés Cortabitarte ocupaba el mismo puesto de director de Seguridad.

A pesar de que incrementaron el riesgo de accidente, la CIAF consideró aceptables según la normativa ambas decisiones, por lo que solo contempló el error humano cómo única causa del siniestro. Pero a pesar de culpar solo al maquinista, los investigadores emitieron en el mismo informe nueve recomendaciones para mejorar la seguridad de la red ferroviaria, entre ellas la siguiente: “Incluir un análisis de riesgos específico que recoja la identificación y gestión de los posibles peligros que deriven de la interacción de los diferentes subsistemas en condiciones de operación normales y degradadas, y su vinculación con el personal de conducción”. El sistema de análisis de los riesgos de Adif era insuficiente, venía a decir la CIAF, pero se había hecho según marcaba la normativa preexistente y, a la espera de cambiarla, el único que había incumplido una norma expresa era el maquinista por no prestar atención.

Aquel informe de la CIAF sirvió de base para que uno de los peritos judiciales, designado por la Xunta y sin experiencia previa en materia ferroviaria, descartara cualquier responsabilidad del siniestro más allá del despiste del maquinista con el argumento de que, aunque Adif no hubiese hecho el análisis de riesgos de manera íntegra, ninguna norma previa lo obligaba. Aquel perito había llegado incluso a plagiar partes del informe de la CIAF. Ahora, dándole mayor validez al peritaje de otro experto, el más independiente de la causa, elegido por sorteo de entre los mejores técnicos propuestos por el colegio de ingenieros, quien desde el principio alertó sobre la obligatoriedad normativa de ese análisis integral de riesgos, el juez argumenta que sí era necesario, y responsabiliza de no hacerlo a Cortabitarte. Una decisión a la que el magistrado Andrés Lago Louro, que sustituyó un año después del accidente al primer instructor, Luis Aláez, llega dos años después de que el perito independiente venga advirtiendo de esa incorrecta asunción de riesgos por parte de Adif.

En el cambio de postura del juez instructor, las víctimas ven clave el duro informe que el pasado julio emitió la Agencia Ferroviaria Europea contra el análisis del accidente realizado por la CIAF. La agencia europea destacaba que se había limitado a culpar al maquinista sin analizar las causas subyacentes por detrás de su despiste, y certificaba, como ya había hecho la Audiencia Provincial de A Coruña, que la CIAF no era independiente cuando realizó su investigación ya que sus miembros eran nombrados por el Ministerio de Fomento.

Sin embargo, después de aquella investigación el ministerio reformó la CIAF para que sus miembros fueran nombrados por el Congreso, lo que para la Comisión Europea ahora ya garantiza su independencia. Por eso, ante las reiteradas peticiones de las víctimas de que se vuelva a realizar un nuevo análisis técnico del siniestro, Fomento y la Comisión Europea contestan con la paradoja de que, como la CIAF ahora ya sí es independiente, no se le puede ordenar que reabra la investigación. Tiene que decidirlo por sí sola. Pero la CIAF respondía hace unos días a este diario que no veía ningún dato nuevo que le obligara a reabrir la investigación que había cerrado en mayo de 2014 con el maquinista como único responsable. Así respondía justo antes de que el juez instructor acabe de considerar que el análisis de riesgos de Adif, adecuado a la normativa según la CIAF, no fue correcta desde el punto de vista penal y su responsable debe dar explicaciones.

Como director de Seguridad, Cortabitarte está también imputado por otro accidente ocurrido en Arévalo (Ávila) en 2010, en el que un maquinista murió cuando su tren chocó por detrás contra otro después de que fallara un semáforo en el que Adif estaba realizando pruebas. Cortabitarte dejó el departamento de Seguridad de Adif un mes antes del accidente de Santiago, pero fue reubicado en otros cargos de libre designación de la empresa pública, que lo defendió.