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GALICIA

La justicia suspende el permiso de la Xunta a un parque eólico en zona protegida que empezó a tramitar el Gobierno de Fraga

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia obliga a que el proyecto complete la declaración de impacto ambiental, de la que fue eximido

Protesta ecologista ante las obras del parque eólico

Protesta ecologista ante las obras del parque eólico ADEGA

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) acaba de suspender cautelarmente el acuerdo del Consello da Xunta del 27 de junio de 2019 que aprobó el proyecto del parque eólico Serra del Oribio, en el este de la provincia de Lugo. La instalación de este parque ha sido muy criticada por las entidades agrupadas en la plataforma 'Salvemos O Iribio', que llevan meses alertando de la "ilegalidad" de esta actuación. El Tribunal Superior atendió, de hecho, el recurso contencioso-administrativo presentado en el verano por la plataforma, que buscaba paralizar las obras.

El parque eólico promovido por Fergo Galicia Vento está situado en una zona de la Red Natura 2000, destaca el auto, que recuerda que desde el año 2014 está prohibida la instalación de parques eólicos en estos espacios. El tribunal también resalta que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con la que cuenta la instalación, aprobada en el año 2005 "puede resultar obsoleta", sobre todo para un proyecto que ha sufrido grandes modificaciones en la altura de los postes y que incrementó un 20% la longitud de las palas, con un importante impacto ambiental a paisajístico, señala el auto.

El TSXG suspende "provisionalmente" el acuerdo del Gobierno gallego "mientras no se actualice la DIA del año 2005" y se justifique la prevalencia del uso pretendido por la Xunta al aprobar el proyecto industrial".

De hecho, la DIA fue aprobada por el último gobierno de Manuel Fraga, ya en funciones y un día después del nombramiento del nuevo Ejecutivo. Sin embargo, el parque eólico no se ejecutó en su momento y el actual proyecto (muy modificado) quiso aprovechar la autorización concedida entonces, a pesar que desde entonces ha cambiado la ley que rige este tipo de instalaciones.

Salvemos O Iribio reaccionó de inmediato al auto, celebrando la decisión del tribunal y exigiendo que la Xunta y los ayuntamientos de Samos y Triacastela (donde se sitúa la instalación) le den cumplimiento, "ordenando de inmediato la paralización de las obras del parque eólico".

La plataforma destaca que esta medida cautelar puede suponer "el primer paso hacia la anulación total del proyecto eólico", ya que "de tener que someterlo a una nueva evaluación de impacto ambiental y a las disposiciones normativas vigentes, lo más probable es que no consiga superar la tramitación ambiental". Este parque eólico, a pesar de a estar aprobado desde 2007, no fue ejecutado y, por tanto, "debe considerarse como una nueva instalación sobre la cual se aplique la normativa actual", recuerda la entidad.

Salvemos O Iribio lamenta que "tenga que ser la sociedad civil la que acuda a los tribunales para obligar a las administraciones públicas a cumplir con su deber de preservar los espacios naturales protegidos y defender los intereses colectivos frente los intereses privados de una empresa que sólo busca el rédito económico". La plataforma acusa al Gobierno gallego de connivencia con la empresa y denuncia que el proyecto eólico "fue fragmentado interesadamente en diferentes expedientes administrativo para ocultar su interconexión procedemental, con el objetivo de eludir la evaluación de impacto ambiental, social y cultural en su conjunto".

El reconocimiento de la modificación del parque eólico como “no sustancial” dictado el pasado mes de febrero por el director general de Energía y Minas, Bernardo Tahoces, sirvió para eximir automáticamente a Fergo Galicia Vento de tener que someter la modificación del proyecto eólico a una nueva evaluación de impacto ambiental y a un nuevo período de exposición pública, “a sabiendas de que estos trámites no serían superados en aplicación de la normativa vigente”, afirma la plataforma.

Sin embargo, ahora la decisión del TSXG obligará al proyecto a tener que pasar por todo este proceso como cualquier nueva instalación, atendiendo por lo tanto a la legislación vigente, que prohíbe la instalación de parques eólicos en zonas de la Red Natura 2000.

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