Obras puestas en duda por la Xunta causan desprendimientos sobre una playa de Oleiros

Obras irregulares, o al menos puestas en duda por la Xunta, provocan desprendimientos sobre una conocida playa de la localidad oleirense de Mera. Un simple vistazo permite apreciar con claridad las grietas en el talud, los restos de derrumbes recientes y la caída de fragmentos de rocas al arenal de Espiñeiro, que espera cientos de visitantes en las próximas semanas. La denuncia sobre esta situación está desde hace tiempo en el juzgado tras la demanda presentada por la mujer que tiene su residencia justo encima del terreno que se desprende. Denuncia al vecino de la vivienda colindante por las obras que habrían causado los desperfectos y la pérdida de terreno de su parcela, así como a Demarcación de Costas por permitir trabajos en dominio público y, según asegura, de manera irregular.

María Cervigón presentó el pasado año una denuncia ante el juzgado por esa presunta autorización de obras en zona de dominio público marítimo. Tal y como aclara, los trabajos permitidos a su vecino durante años han provocado también grietas en el terreno y desprendimientos incluso de bloques de hormigón, tanto de su propiedad como de la colindante, los últimos hace tan sólo cuatro meses y los anteriores en el otoño pasado.

Advierte también de que la mayoría de trabajos se realizaron mientras regía en la zona una suspensión cautelar de otorgamiento de licencias de obras que impedía actuar sobre la zona afectada. Pese a que en un principio el juzgado archivó la demanda, será ahora la Audiencia Provincial la que decidirá si el proceso sigue adelante tras el recurso presentado por la afectada.

Desde el Concello de Oleiros reconocen el “riesgo” y advierten de que ya han “puesto en conocimiento de Costas” el caso. “La seguridad en las playas es competencia municipal, pero no en el caso de taludes y acantilados, como sucede en este caso, que le corresponde repararlos a Costas”, aseguran desde la administración local, que afirma que ya ha colocado “un cartel alertando del peligro de desprendimientos”. “Seguiremos insistiendo a Costas para que aborde esta situación, en la que existen riesgos”, dicen.

La denuncia presentada va, en concreto, contra el jefe de la Demarcación de Costas en Galicia, Rafael Eimil, por ese supuesto delito sobre la ordenación del territorio y urbanismo al autorizar las obras, así como contra el residente de la vivienda colindante por unos polémicos trabajos. Pese a que este diario intentó conocer las impresiones del representante de Costas, fue remitido a la Delegación del Gobierno, al ser la Abogacía del Estado quien lo defiende, que tampoco ha valorado la situación del proceso judicial.

Cervigón lleva años denunciando unas obras que han provocado, según alerta, temblores y desprendimientos constantes en su propiedad. Dice poseer fotos acreditativas del estado del talud hasta el año 1996, en el que comienzan los trabajos, así como comparecencias notariales del anterior inquilino de la vivienda asegurando no existir construcción alguna enterrada o semienterrada en su propiedad. “Hasta la llegada del nuevo propietario no existía peligro alguno ni hubo desprendimientos”, asegura Cervigón.

El caso es que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Xunta de Galicia, sí observó irregularidades cuando en marzo de 2017 elaboró un informe en el que confirmaba que el vecino había construido una especie de bodega subterránea en el acantilado que, según la denunciante, ha ido ampliando con sucesivas obras “tapadas y disimuladas con maleza” durante los últimos años.

Según la APLU, esta estancia subterránea y semienterrada en medio del talud tenía ya en el momento de la inspección unos 12 metros cuadrados de superficie, con muros de hormigón, y ocupaba parte del dominio público marítimo terrestre y parte de la zona de servidumbre de tránsito. Así lo certificó en el informe con diversas fotografías, aunque sólo unos meses antes, en noviembre de 2016, el jefe de la Demarcación de Costas advertía tras varias denuncias de los vecinos que no existía ninguna bodega en dominio público marítimo terrestre. La construcción de este espacio en medio del acantilado es evidente a simple vista desde la casa contigua al terreno.

Cervigón advierte que han sido ya muchas las veces que ha avisado a Costas de la situación y acusa a este organismo dependiente del Gobierno central de “hacer caso omiso” y de “actuar de manera negligente, por ignorar las denuncias y no actuar ante una situación que pone en peligro” tanto a su familia como “a los bañistas que se sitúan abajo, en la playa”. Pero la denunciante va más allá.

Un problema de dos décadas

Hace ya 20 años, la Asociación de Veciños Semade de Serantes, Maianca e Dexo, además de Cervigón, denunció al mismo vecino ante Costas por la construcción de un muro que sobresalía e invadía zona de dominio público y que habría realizado, supuestamente, aprovechando las obras de estabilización de un derrumbe producido solo unos meses antes. Al mismo tiempo, según la afectada y la entidad vecinal, aprovechó para construir otras escaleras de acceso privado a la playa de Espiñeiro.

“Incluso aumentó su terreno en el Registro de la Propiedad mientras existía un período de suspensión cautelar, momento que aprovechó para construir otras escaleras de acceso privado a la playa y la bodega semienterrada, algo que oculta Demarcación de Costas”, insiste la denunciante, que incluso acusa a este organismo estatal de facilitar un plano irregular e inexacto para que se pudiesen llevar a cabo las obras.

Según Cervigón, tanto las escaleras como la construcción subterránea carecen de las licencias necesarias. Además, advierte de que los muros que sostienen la obra “se están desintegrando” y suponen un riesgo para las personas que se acerquen a la playa. “Nada tendría tanta importancia si no fuese por el peligro que supone para las personas”, finaliza, antes de alertar de “lo que ya ha ocurrido en la Praia das Catedrais de Ribadeo”.