Mazaricos, primer municipio que se le rebela a la Xunta por no compensar lo suficiente el impacto de los eólicos

Mazaricos, una pequeña localidad de A Costa da Morte, tiene instalados en su territorio municipal más de 120 aerogeneradores. Desde hace una década, la Xunta aplica un canon eólico a las empresas propietarias de los molinos con el que financia el Fondo de Compensación Ambiental (FCA), que intenta paliar en los ayuntamientos como este el impacto medioambiental, paisajístico o económico de estas instalaciones. Según los cálculos del actual gobierno local, la suma total de la cuota tributaria de 2018 para los parques de su localidad supera los 700.000 euros. No obstante, tras la publicación en diciembre pasado de la orden reguladora de las subvenciones derivadas de este FCA, el municipio recibe un máximo de poco más de 200.000 euros.

Las quejas son habituales en otros ayuntamientos, pero Mazaricos decidió ser el primero en levantar la voz ante una situación que considera “injusta” y por la que acaba de presentar una reclamación a la Xunta al entender que la aportación económica de las empresas con el canon “es importante” pero “no repercute directamente en el municipio, como debería ser”. “La batalla es con la Xunta, no con las compañías. No puede ser que sus impuestos por los parques de esta localidad supongan más de 700.000 euros y nosotros recibamos unos 200.000”, explica su alcalde, Juan José Blanco (BNG), que recuerda las dificultades económicas de lugares que, como este, están penalizados por el envejecimiento y tienen serias dificultades para llevar a cabo obras fundamentales en la zona.

La reclamación va contra la literalidad de la normativa pero también contra la aplicación que la Xunta hace de ella, de la que Mazaricos tiene muchas dudas. Así lo explica en la petición que ha enviado a la Consellería de Presidencia, de la que dependen estas subvenciones, y a la que tuvo acceso este diario.

Con cargo a este Fondo de Compensación Ambiental, Mazaricos recibe de la Xunta 200.245,17 euros destinados a actuaciones de desbroce y limpieza, un punto de agua municipal, recuperación ambiental de una mina, suministro para un aula de naturaleza y colectores para la recogida de residuos. Mucho menos de lo deseado y urgente, según el regidor.

Según explica el Ayuntamiento en su petición al Gobierno gallego, la ley que crea el canon eólico y el FCA establece que los presupuestos anuales de la Xunta podrán establecer criterios específicos de afectación de este Fondo “siempre y cuando su aplicación no comprometa más del 50% de la dotación correspondiente a los recursos anuales” y se vincule a la financiación de actuaciones para la protección de en medio y el entorno natural, su conservación, reposición y restauración o la investigación sobre energías renovables. Además, indica, una vez aplicada este porcentaje se destinará “como mínimo” el 50% de la cuantía disponible “a las entidades entidades cuyo término municipal se encuentre dentro de la poligonal de delimitación de un parque eólico o resulten afectadas por las instalaciones de conexión”.

El Ayuntamiento de Mazaricos considera que “no sólo existe una desviación de casi un 43% del total de la cuota tributaria entre el importe máximo de la subvención (200.245,17 euros) y los 350.375 euros a que ascendería el 50% de la cuota tributaria (un total de 700.750), sino que ”el porcentaje mínimo de un 50% destinada la entidades locales resulta a todas luces insuficiente“, razón por la que dice presentar la queja ante la Xunta.

Porque, tal y como recuerda el municipio, de los 11 millones previstos en los Presupuestos para el FCA, la Xunta reserva 3,3 para esas actuaciones excepcionales previstas en la Ley. Según la reclamación de Mazaricos, estas aportaciones deberían atender, en virtud de la normativa, “a criterios justificativos que acerquen una motivación suficiente”.

En el DOG, la Xunta tan sólo dice que estos 3,3 millones van destinados a “otras actuaciones” del FCA y a consorcios provinciales y comarcales contra incendios. “No aporta criterio justificativo alguno, como exige la normativa habilitante, que fundamente” esta “reserva” de dinero, aclara el Ayuntamiento de Mazaricos, que advierte de la “privación de los mismos a las entidades locales directamente afectadas por la implantación del parque eólico o de la instalación conexa”.

“No hay razón ni criterio justificativo”

“No se obtiene ninguna razón ni criterio justificativo para que más de 3 de los 11 millones de euros se desvíen y no resulten finalmente asignados a los afectados directos”, insiste en la reclamación, que considera también que la Xunta “incumple con los fines perseguidos por la ley” de 2009. En ella se establece que “serán principales beneficiarios del fondo los entes locales cuyo término municipal se encuentre dentro de la línea de delimitación poligonal de un parque eólico”, así como los afectados por sus instalaciones de evacuación.

“Consideramos que si, como efectivamente establece la Ley, deben ser los entes locales los principales beneficiarios del Fondo, este objetivo se desvirtúa cuando se habilita legalmente la posibilidad de que hasta el 50% de él pueda destinarse a actuaciones que, si bien están presididas por la finalidad de la protección de en medio y del entorno natural, no garantizan que con eso se pueda aminorar la citada ”alteración ambiental“ que la propia ley califica incluso de auténtica ”deseconomía“ y frustra la pretensión de que, en efecto, sean estos entes locales los principales beneficiarios del Fondo”, añade.

Desde la Consellería de Presidencia, que todavía no ha recibido el escrito, aseguran que la queja “será, por supuesto, estudianda”, pero aclaran que el canon eólico “está cumpliendo la finalidad delimitada por el artículo 9 de la Lei que lo regula”. Respecto a las críticas del alcalde, dicen “respetarlas” pero “no compartirlas” porque, según recuerdan, la normativa garantiza que un mínimo de un 50% del FCA vaya destinado a los municipios afectados por las instalaciones.

El Ayuntamiento de Mazaricos requiere la “ampliación del mínimo reservado” a los municipios de forma que “el 100% del FCA se dedique a la reparación del impacto causado” y sean estos entes locales “los destinatarios y beneficiarios íntegros de él”. Además, reclama que la inversión del porcentaje no reservado al Ayuntamiento “se dedique a actuaciones que guarden impacto directo en el término municipal, interesando un idóneo saneamiento y la instalación de depuradoras en todos los núcleos rurales del término municipal, así como la mejora de la red de abastecimiento de las aldeas”.

Porque el alcalde Blanco recuerda también que, incluso licitando una obra por menos dinero del previsto, esa diferencia tiene que ser devuelta también a la Xunta. “Debemos ser solidarios, pero los demás también tendrán que ser solidarios con nosotros; somos un ayuntamiento que sufre mucho el impacto de los parques eólicos y tenemos graves problemas de saneamiento y abastecimiento y no tenemos capacidad económica para llevar a cabo unas obras que sí me podría hacer cambiar esta situación”, explica.