La Xunta se ofrece a la sanidad privada para pedir al Gobierno central que asuma la factura por haber dispuesto de sus camas durante la pandemia

La Xunta de Alberto Núñez Feijóo se ofrece como abogada de los hospitales privados ante el Gobierno central para reclamar a este que asuma la factura por sus servicios durante la epidemia de coronavirus. Así se lo ha comunicado el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Antonio Fernández Campa, al presidente de la patronal española de la sanidad privada, Carlos Rus en una carta fechada el 26 de mayo a la que ha tenido acceso eldiario.es. “Desde la comunidad autónoma entenderemos que cualquier posicionamiento que se quiera trasladar al mando único, el Ministerio de Sanidad [...] para buscar una solución al respecto encontraría nuestro apoyo al entender que esta situación debería ser tratada de una forma homogénea para todo el Sistema Nacional de Salud”.

Fernández Campa se refiere a las reivindicaciones que Carlos Rus le había remitido en una misiva el día anterior. En ella, dirigida al conselleiro de Sanidade Jesús Vázquez Almuíña, el presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) le reclamaba en concreto que quedase “constancia” de una petición: “Que parte del presupuesto destinado a cubrir el gasto sanitario de las comunidades, que el Gobierno ha estimado en unos 10.000 millones, se destine parte de esos fondos a la compensación por la actividad de la sanidad privada en la pandemia, así como por la puesta a disposición de todos sus recursos”.

La patronal expone la situación de los centros sanitarios privados, derivada de “la concurrencia del mantenimiento operativo de sus centros por la normativa de servicios esenciales, la prohibición de acogerse a mecanismos de flexibilización laboral y la infrautilización en algunos territorios de los recursos puestos al servicio del Sistema Nacional de Salud”. Según su versión, “se ha materializado en una situación de asfixia organizativa y económica generadora de graves prejuicios económicos que comprometen su viabilidad futura”.

ASPE se dirige a la Xunta de Galicia por ser esta la que ejerce las competencias en materia sanitaria. El propio Alberto Núñez Feijóo había expresado el pasado 3 de abril, en una de sus numerosas comparecencias ante la prensa, que a su gobierno no le quedaría otro remedio que compensar a los hospitales privados. “A la sanidad privada evidentemente se le va a pagar. A menos que el hospital condone una parte de sus tarifas, vamos a tener que pagarlas”, dijo entonces.

En una maniobra acorde con su estrategia política habitual, Feijóo desplaza la cuestión hacia el ejecutivo de Pedro Sánchez. No niega la mayor en defensa de lo público, sino que se desentiende. “Desde el Sergas tuvimos en consideración [...] los medios de los hospitales privados de Galicia siendo conocedores de la calidad de las prestaciones que los pacientes podrían recibir en ellos”, afirma su gerente, “[aunque] lo cierto es que la demanda de atención en la comunidad de Galicia fue menor de la que se produjo en otros territorios”.

Fernández Campa insiste en el mantra difícilmente objetivable que repite la Xunta de que ello se debió a “la anticipación de la declaración del estado de emergencia sanitaria en la comunidad”. Esta se produjo en realidad el 13 de marzo, un día antes de que el Gobierno central anunciase el estado de alarma, que entró en vigor dos días después y supuso el confinamiento de la población en todo el territorio estatal.

El alto cargo de la Consellería de Sanidade afirma que el departamento “trató de mantener una colaboración permanente con los centros privados”, a los que facilitó, dice, equipos de protección individual y para los que mantuvo las entregas a cuenta de los conciertos vigentes “para mantener una disponibilidad de liquidez en ese momento”. También avisa de que “se dieron instrucciones para que los centros concertados puedan recuperar los niveles de actividades habituales comenzando con toda la programación que no fue posible atender en su momento”.

Pero el Sergas no va a atender a sus peticiones económicas. Solo se encargará de llevarlas y defenderlas ante el Ministerio de Sanidad “para buscar una solución al respecto, encontraría nuestro apoyo al entender que esta situación debería ser tratada de una forma homogénea para todo el Sistema Nacional de Salud”. Otras comunidades autónomas, como Euskadi o Catalunya, han afrontado por sí mismas estas reclamaciones.