Santiago de Compostela espera desde hace tres años a que un concejal tome posesión de su cargo o deje hacerlo a otro

Cada mes, desde hace casi tres años, el primer punto del orden del día de cada pleno municipal del Ayuntamiento de Santiago es el mismo: “Toma de posesión del cargo de concejal de Don Antón Barba Pereira (PSdeG-PSOE)”. En este tiempo, mes tras mes, Antón Barba nunca ha tomado posesión, pero tampoco ha renunciado a hacerlo, situándose en un limbo legal que hace que la Corporación municipal de Santiago venga contando con un edil menos de los que debería tener.

En el Congreso de los Diputados o en los parlamentos autonómicos los cargos electos tienen un plazo para tomar posesión de su escaño, y lo mismo ocurre con los alcaldes. Sin embargo, no pasa lo mismo con los concejales, vacío normativo que en Santiago está permitiendo que la Corporación municipal, que debería contar con 25 ediles, tenga desde mayo de 2016 sólo 24. En aquel momento una concejala del PSOE dejó su escaño por motivos personales, pero el siguiente en la lista socialista, Antón Barba, nunca tomó posesión del puesto, en desacuerdo con la remuneración que el partido preveía para él. Pero tampoco renunció nunca a su condición de cargo electo, lo que impide que pueda entrar en la Corporación el siguiente en la lista de los socialistas, quienes el pasado febrero expulsaron a Barba del partido y ya asumen que la situación se prolongará hasta las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. La Corporación de Santiago cumplirá entonces tres años con un concejal menos.

En las últimas elecciones municipales de mayo de 2015 el gobierno local de Santiago fue asumido por Compostela Aberta, con 10 concejales frente a 9 del PP, 4 del PSdeG y 2 del BNG. A los cuatro socialistas les correspondió una dedicación exclusiva y una parcial, esto es, el derecho a que sus cuatro concejales se repartiesen un sueldo y medio como tales. Uno fue entero para el portavoz del grupo, Francisco Reyes, mientras que la dedicacion parcial fue para otro compañero

Un año después de las elecciones la concejala socialista María Tobar renunció al cargo por motivos personales, pero el siguiente en la lista, Antón Barba, es funcionario municipal (fue presidente de la junta de personal), lo que hace incompatible que pueda simultanear el puesto de concejal con el de trabajador del mismo Ayuntamiento, por lo que tendría que pedir una excedencia laboral. Fue ahí cuando Barba puso al partido como condición para asumir el cargo de concejal y renunciar temporalmente a su puesto de funcionario que debía cobrar una dedicación exclusiva entera. El PSdeG intentó negociar y ofreció la posibilidad de facilitarle una comisión de servicios, esto es, trasladar temporalmente su puesto de funcionario en el Ayuntamiento a otra administración en la que no fuese incompatible con el cargo de concejal. Pero esa posibilidad no fructificó ni el PSdeG aceptó darle una dedicación exclusiva, así que Barba nunca ha tomado posesión del cargo, ni tampoco ha renunciado a él, lo que impide que pueda asumirlo el siguiente en la lista.

Este diario contactó con Antón Barba, que rechazó ofrecer su visión de la situación. Por su parte, fuentes del PSdeG critican que su ya exmilitante, que iba en el puesto número 5 de su lista, intentase incluso imponer al partido ser el portavoz municipal en sustitución del actual para así cobrar su dedicación exclusiva.

Éste, el portavoz, Francisco Reyes, relata cómo tanto el grupo municipal socialista como la dirección federal del partido consultaron a la Junta Electoral Central por dos veces obteniendo la misma respuesta, que no se puede obligar a un cargo electo a renunciar al puesto. Según Reyes, su formación también consultó con catedráticos de Derecho Constitucional y con magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que sugirieron la posibilidad de que el PSOE presentase una denuncia por vulneración del derecho de los electores a contar con un representante. El juzgado que recibiese la denuncia se vería obligado a elevar una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional que podría establecer que para los cargos de concejal se apliquen las mismas normas que para los diputados.

Sin embargo, esa denuncia nunca se llegó a formular por dudas de si hacerlo ante un juzgado de lo civil o de lo contencioso-administrativo y sobre si la resolución llegaría a tiempo de cambiar algo durante el actual mandato municipal o se produciría cuando las urnas ya se hubieran pronunciado de nuevo. Sobre esos plazos, fuentes socialistas señalan que el hecho de que durante este tiempo haya habido gestoras al frente del partido tanto en Galicia como en Madrid tampoco ha ayudado a tomar una decisión de ese calado. La no decisión tomada fue finalmente dejar correr el tiempo. Así, tras meses de negociaciones, y a la vista de que las consultas jurídicas no eran capaces de encontrar una salida rápida al vacío legal, el pasado febrero el PSdeG expulsó a Barba del partido y ya asume que la situación no tendrá solución hasta que el próximo mayo una nueva Corporación completa salga de las urnas.

Pero los problemas de los socialistas en el Ayuntamiento de Santiago no terminarían con la renuncia de Barba. Hay quien piensa que el PSdeG incluso desea la situación de bloqueo actual desde que salió a la luz que, tras el puesto 5 de Barba, quien ocupó el puesto 6 y lo sustituiría en caso de que finalmente renunciase, Beatriz Estévez, después de ir en las listas del PSdeG en 2015 decidió incorporarse a Podemos de manera activa sin renunciar a su militancia socialista. Por el contrario, fuentes socialistas aseguran que Estévez ya expresó por escrito ante la formación su intención de renunciar al puesto en caso de que Barba también lo hiciese y corriese la lista, que pasaría así al número 7. Pero a medio año de las próximas elecciones, ya nadie piensa que se vaya a producir ningún cambio.

Normativa en el Congreso y en el Parlamento de Galicia

La situación que se produce en el Ayuntamiento de Santiago no es replicable en otros cargos electos como los de diputados en el Congreso o en los parlamentos autonómicos. En primer lugar, mientras que los puestos de concejal pueden ser retribuidos con una dedicación exclusiva, parcial o sin retribución más que por las dietas de asistencia a los plenos o comisiones, los escaños de diputado cuentan con un mismo sueldo base lo suficientemente elevado para abandonar temporalmente cualquier otro empleo. Pero más allá de la cuestión monetaria, hay condicionantes para evitar el limbo legal de que un cargo electo decida ni tomar posesión ni renunciar para que acceda el siguiente en la lista.

Por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, su Reglamento dice que un parlamentario contará con los derechos y prerrogativas del cargo “desde el momento mismo en que el Diputado sea declarado electo”, esto es, desde el recuento tras las elecciones por parte de la Junta Electoral o desde la renuncia del que lo antecede en la lista, pero añade que si “celebradas tres sesiones plenarias sin que el Diputado adquiera la condición de tal [presentando su credencial expedida por la junta electoral, su declaración de actividades y jurando o prometiendo el cargo] no tendrá derechos ni prerrogativas hasta que dicha adquisición se produzca”. A esos condicionantes se añade otro apartado del Reglamento que dice que en caso de incompatibilidad entre el escaño y otro cargo, el diputado o diputada “tendrá ocho días para optar entre el escaño y el cargo incompatible” y “si no ejercitase la opción en el plazo señalado, se entenderá que renuncia al escaño”.

Similares plazos y condicionantes rigen también en el Parlamento de Galicia, donde otra situación distinta producida en esta misma legislatura evidenció cómo su reglamento facilita que se acelere la normalización de la situación de los diputados. Tras la polémica suscitada sobre si una diputada de En Marea, Paula Quinteiro, debía o no dimitir tras un altercado con la policía, y producirse la dimisión de otro diputado, Juan Merlo, por mentir en su currículo, el siguiente en la lista que debía sustituirlo, Xoán Hermida, condicionó su toma de posesión efectiva al futuro de Quinteiro. Para eso, intentó no ejercer ninguna de las prerrogativas que le correspondían como diputado, pero el Reglamento del Parlamento establece que si pasados cinco días el nuevo diputado electo no pide su adscripción a ningún grupo, pasará de manera automática al Grupo Mixto. Esa situación provocaría que En Marea perdiese un diputado y dejase de ser el primer grupo de la oposición, lo que acabó llevando a Hermida a renunciar por completo a su escaño y dejar que entrase la siguiente en la lista.