La Xunta concluye en cinco páginas que ha cumplido más de 200 acuerdos parlamentarios, el 90% de los aprobados
El pasado 15 de febrero la Vicepresidencia de la Xunta tramitaba el pago de una factura de 132 euros a un céntrico restaurante compostelano. El concepto de este pago era “reunión de trabajo para la elaboración del informe anual del seguimiento de la actividad parlamentaria”. Semanas después, ya en marzo, el Gobierno gallego hacía público un informe de cinco páginas en el que asegura que su “grado de cumplimiento” de los acuerdos alcanzados en el Parlamento es de, prácticamente, el 90%.
La elaboración de este informe anual, que la Xunta enmarca en el “control de la acción del gobierno por el Parlamento”, “uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el estado de derecho y la esencia misma de la democracia” es uno de los preceptos de la ley de transparencia gallega de 2016. En esa norma se encomienda al Ejecutivo la elaboración y publicación, “a finales de cada año”, de un informe “sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Parlamento en ese año”. Esto es, dar cuenta de cuántas peticiones aprobadas como proposiciones no de ley o mociones son ya realidad. Según ese balance oficial, durante 2017 se aprobaron 284 de estos acuerdos entre plenos y comisiones y “están cumplidos o en proceso de cumplimiento un total de 246, lo que sitúa el grado de cumplimiento en un 86,6%.”
Aunque el propio Gobierno de Alberto Núñez Feijóo publica también el contenido concreto de cada acuerdo, este informe no ofrece ese grado de detalle, sino que se limita a realizar un “análisis” de los acuerdos agrupados por temáticas. Así, por ejemplo, llama a “subrayar la destacada presencia de acuerdos referidos al apoyo a los distintos sectores productivos”, 87 acuerdos de los que, mantiene, el Ejecutivo alcanza un “nivel de cumplimiento del 89,7%”. El informe destaca en segundo término “los 44 acuerdos adoptados en materias vinculadas al desarrollo de infraestructuras de abastecimiento y de comunicación”, de los que da por cumplidos el 84,1%. El Gobierno no especifica, no obstante, en qué consiste en cada caso la indicación de que un acuerdo se encuentra “en proceso” de ser cumplido, aunque los que se encuentran en ese estado son sumados a los cumplidos íntegramente.
Estas cifras ofrecidas en el informe impiden, en cualquier caso, saber cuáles de los más de 200 acuerdos parlamentarios del 2017 son los que la Xunta da por cumplidos o “en proceso” de cumplimiento. En ese año se aprobaron proposiciones no de ley y mociones de todo tipo de asuntos, pidiendo medidas desde campos tan concretos como evitar la publicidad engañosa de productos sanitarios hasta pedir jueces de refuerzo en determinados juzgados, la gestión de residuos de neumáticos usados u obras en las infraestructuras de regadío en A Limia hasta más plazas en determinados centros de enseñanza, la gestión de los parques naturales o reparación de baches en carreteras de titularidad autonómica.
En esos acuerdos, admite el informe, se incluyen también los que tratan asuntos que tienen como responsable final de la ejecución de la propuestas“ la otras Administraciones, desde los ayuntamientos a la Unión Europea pasando por el Gobierno central. ”Más de uno de cada cuatro“ de los acuerdos aprobados se refieren a otros gobiernos y la Xunta sitúa el grado de cumplimiento en un 90%, en el caso de los que afectan al Gobierno de España, en un 100% los referidos a la UE y en un 62,5% los que tienen como destinatarios los ayuntamientos.
Exigencia del PP a los ayuntamientos que no gobierna
La publicación de este informe, al que la Xunta atribuye el 31 de diciembre de 2017 como fecha de actualización, coincide en el tiempo con la presentación, también en marzo, del plan anual normativo del Gobierno gallego. En este documento, obligado por la legislación estatal, el gabinete de Alberto Núñez Feijóo anuncia que prevé aprobar 12 nuevas leyes en 2018, cinco de ellas ya prometidas en 2017. En su evaluación del plan normativo de 2017, no obstante, el Ejecutivo se atribuye un grado de cumplimiento del 73% en cuanto a las “iniciativas legislativas previstas en el plan” y un 61% lo referido a decretos y órdenes.
Con este telón de fondo la pasada semana el PPdeG esgrimía la publicación de dicho informe sobre los acuerdos parlamentarios para exigir, en el propio Parlamento, que “En Marea, PSOE y BNG sigan el ejemplo de la Xunta en los ayuntamientos y diputaciones en los que gobiernan, publicando en su portal de transparencia los acuerdos alcanzados y su grado de cumplimiento”. “La transparencia refuerza la calidad democrática” y las fuerzas de la izquierda deben “ejercitarla”, afirmó la vicevoceira de los conservadores, Paula Prado.
