El PP saca pecho por la sentencia del Supremo que facilita el urbanismo salvaje en la costa lucense
El pasado lunes, una sentencia del Tribunal Supremo declaró “nulo de pleno derecho” el decreto con el que en 2007 la Xunta (gobernada por el bipartito PSdeG-BNG) suspendía las normas de planeamento municipal de Barreiros y aprobaba una Ordenación Urbanística Provisional. El fallo se basa en que el Gobierno gallego no expuso al público, como debía, esa normativa provisional antes de aprobarla, pero desestima el núcleo del recurso, confirmando la concesión fraudulenta de licencias por parte del Ayuntamiento de Barreiros al haber sido otorgadas a terrenos que no podían ser considerados como suelo urbano.
El pasado año, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia echó abajo el intento del actual gobierno de la Xunta de legalizar aquellos inmuebles ya construidos a través de un convenio firmado con la Diputación y el Ayuntamiento. Aquel proyecto, dotado con 14 millones de euros de los que el 40% salían de las arcas de la Xunta, el 10% de la Diputación de Lugo y el resto, del Gobierno central y de los promotores, adoptaba la forma de plan de incidencia supramunicipal, un aspecto que fue descartado por la justicia. Ese fallo aceleró el desarrollo de un nuevo PGOM, que según fuentes del Ayuntamiento de Barreiros está ya “muy avanzado”. Este mismo martes la Xunta apremió al Gobierno local a aprobar “con la máxima agilidad el nuevo plan, que aportará seguridad jurídica y normalidad al desarrollo urbanístico del municipio”.
El alcalde de Barreiros, el popular Alfonso Fuente Parga, mostró este martes su “satisfacción” por el fallo del Supremo, que en su opinión acredita que la intervención del Gobierno gallego en 2007 se debió “a motivos políticos y no técnicos”. El regidor cree que en la Xunta, en aquel momento, “no les gustaba quien gobernaba en Barreiros” y defiende que “en otros ayuntamientos limítrofes se edificaba lo mismo que en Barreiros y no se intervino”. Este miércoles, acompañado de los diputados populares José Manuel Balseiro y Vidal Martínez-Sierra, reiteró esta posición y acusó al Gobierno de PSdeG y BNG de “crear un chivo expiatorio en el ayuntamiento de Barreiros” y aseguró que la limitación en la construcción tuvo “graves consecuencias económicas, administrativas, sociales y urbanísticas”.
Fuente Parga defiende, por lo tanto, el urbanismo realizado en esos años en el ayuntamiento, en el que llegó a autorizar la construcción de 5.800 viviendas en un municipio de 3.200 habitantes, a pesar de que el pasado año el propio ayuntamiento reconoció que Barreiros había vivido una “actividad inmobiliaria desproporcionada”, en algunos casos “al margen del planeamiento”. Así lo hizo en los documentos que remitió a la Xunta en el proceso de tramitación del nuevo plan de urbanismo, que también reconocía que la fiebre urbanística llegó a multiplicar en pocos años el valor del suelo por 40, desde los siete u ocho euros por metro cuadrado que se pagaban por el suelo rústico, hasta los casi 300 euros que se llegaron a pagar por el suelo urbanizable.
En declaraciones a la Cadena Ser, añadió que “Barreiros tiene 3.200 habitantes, pero es un ayuntamiento que en verano multiplica este censo por casi cuatro, y llega a los 12 mil habitantes. Aunque estén dos meses, nosotros tenemos que cubrir los servicios para doce mil habitantes, no para 3.200 y cuando se construye la segunda residencia se hace porque hay una demanda”. El alcalde afirmó igualmente que es “lícito” que “todo el mundo quiera tener una vivienda en la costa, una segunda residencia. Ahora estamos en un momento delicado, pero se volverá en algún momento y eso es algo que todo el mundo quiere tener”.
Este miércoles AGE denunció que el PP “esté justificando el urbanismo salvaje de Barreiros echando mano de una sentencia que declara nulo el decreto que suspendía de manera preventiva el plan municipal en un ayuntamiento en el que las agresiones al medio ambiente y el robo a las arcas públicas es una constante”. El diputado Antón Sánchez recordó que la causa de anulación del decreto de 2007 es la ausencia de trámite de información al público, y que por lo tanto no cuestiona la suspensión de las normas subsidiarias del planeamento municipal ni la concesión fraudulenta de licencias por el Ayuntamiento de Barreiros al otorgarlas en terrenos que por su insuficiencia de servicios o falta de inserción en la malla urbana no podían ser considerados como suelo urbano. Sánchez insta al PP a que defina “de qué lado se encuentra, si junto a la especulación y el urbanismo salvaje o del lado de la protección del interés público y del urbanismo racional”.
