Sandra Ortega desahucia a Kike Sarasola de dos hoteles en Nueva York y Miami

El empresario Kike Sarasola, en una imagen de archivo

Gonzalo Cortizo


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La empresaria Sandra Ortega ha impulsado el desahucio contra el grupo hotelero español Room Mate que dirige Kike Sarasola en sendos hoteles en Nueva York y Miami por no pagar las rentas de alquiler. La cadena hotelera, por su parte, acusa a la empresaria de “extrema rigidez” en las negociaciones. La que es una de las principales accionistas de la cadena hotelera exige el pago de las rentas de alquiler por esos dos establecimientos a la cadena de la que ella misma posee un 31%. Ortega ya ha anunciado su intención de vender su participación en la empresa de Sarasola.

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Fuentes cercanas a la empresaria más rica de España aseguran que los establecimientos de Sarasola llevan más dos años sin pagar las rentas y adeudan por ese concepto más de 10 millones de euros. Durante la negociación previa al desahucio se les ofreció condonar la deuda en un 50% de su importe y beneficios como aplicar cinco años de carencia para acometer los pagos. La empresa que dirige Sarasola se negó a aceptar las condiciones del acuerdo ofrecido por la propietaria de los inmuebles.

Se trata de dos edificios que Sandra Ortega les alquila a través de su sociedad Rosp Corunna. El primero de ellos se encuentra en Miami Beach, mientras que el segundo está situado cerca de Times Square en la ciudad de Nueva York, tal y como ha avanzado el diario 'Expansión'. Fuentes de la compañía hotelera aclararon a Europa Press que este es “el primer y único” proceso de desahucio al que se han visto sometidos desde el inicio de la pandemia, y aunque el proceso está notificado a la empresa, aún no hay fecha ni plazos para su ejecución.

Desde la compañía aclaran que el hotel de Nueva York estuvo cedido durante la pandemia, a petición de la Asociación de Enfermeras de Nueva York, para atender a los afectados por la pandemia del coronavirus en su momento más álgido, y el segundo de ellos, el de Miami, se mantuvo cerrado al igual que el resto de hoteles de la compañía en los momentos más duros de la pandemia a nivel mundial.

La cadena hotelera presidida por el empresario Kike Sarasola ha solicitado en torno a 50 millones de euros en concepto de ayuda al Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). De momento no ha tenido respuesta.

La cadena hotelera, cuyos principales propietarios son Kike Sarasola, con un 63,4% de las acciones, y Sandra Ortega, la hija del fundador de Inditex, con un 30,7%, se une así a otras empresas turísticas que ya han solicitado la ayuda como Air Europa, Naviera Armas, Globalia-Avoris (Barceló), Wamos o Plus Ultra o Hotelatelier, entre otros.

Pelea judicial, de fondo

Hace unos días se conoció que el juzgado de instrucción número 2 de A Coruña ha decidido sobreseer y archivar la querella presentada por la administradora de Rosp Corunna, Sandra Ortega, contra el antiguo gestor de su patrimonio, José Leyte, por falsificación de firma para la concesión de un crédito a favor Room Mate. Según informaron fuentes judiciales a Europa Press, el juzgado emitió este auto por falta de indicios de criminalidad en el caso. La empresaria presentó esa querella contra su antiguo gestor, José Leyte, al que acusa de falsificar su rúbrica para conformar cartas de patrocinio, un documento similar a un aval, según el cual los bancos tenían la garantía de que la empresaria cubriría con su patrimonio un posible impago.

Además, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña desestimó los recursos de apelación interpuestos por cuatro entidades financieras que pretendía abrir una investigación contra la hija del fundador de Inditex por los préstamos impagados de los que habría disfrutado el empresario Kike Sarasola.

En el marco de esta disputa judicial entre ambos, el Juzgado de lo Social número 1 de A Coruña desestimó, a comienzos de este año, la denuncia de Leyte por despido improcedente como director del grupo Rosp Corunna. La Sala consideró válida la extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empleador.

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