Suspensión de 18 meses al exfiscal jefe de Ourense por el caso del piso que le pagó la Xunta
El controvertido exfiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, obtenía el pasado mayo plaza en Madrid. Entonces ya estaba suspendido cautelarmente de sus funciones por la Fiscalía General del Estado mientras era investigado para aclarar la situación de su piso de alquiler en la capital ourensana. El mismo alquiler que la Xunta pagó de 2004 a 2016 y que, cuando el Gobierno gallego dejó de hacerlo, Delgado no pagó, pero sin abandonar el inmueble, dando lugar a un pleito del propietario contra la Administración gallega.
Junto al caso de la vivienda, Delgado tenía entonces abierto otro proceso dentro de la propia Fiscalía por obstaculizar una denuncia contra Manuel Cabezas, exalcalde del PP en Ourense, y cometer abuso de autoridad contra la denunciante en ese caso, la exconcejala socialista Áurea Soto. Ese proceso se resolvió el pasado octubre con una suspensión de diez meses y una multa, sanción a la que ahora se añaden otros 18 meses de suspensión de empleo y sueldo por el caso de la vivienda sin pagar, contra los que cabe recurso.
Según han confirmado fuentes de la Fiscalía General del Estado a Praza.gal, esta nueva suspensión deriva de que el máximo órgano del Ministerio Público considera que Florentino Delgado ha cometido dos faltas muy graves como fiscal jefe de Ourense. Se trata de “abuso de la condición de fiscal para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales” e “inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las circunstancias legalmente previstas”. Ambas están recogidas en el artículo 62 del Estatuto del Ministerio Fiscal.
Por la primera de las faltas Delgado es suspendido un año de empleo y sueldo y por la segunda, seis meses más. La Fiscalía del Estado castiga de este modo, respectivamente, que no pagara el piso cuando la Xunta dejó de hacerlo y que lanzara una querella por presunto acoso inmobiliario a una anciana contra la alto cargo de la Consellería de Facenda que lo instó a él a dejar el inmueble. Ese caso fue archivado por la Justicia el pasado abril.
El caso del piso de Florentino Delgado se remonta a los tiempos del gobierno de Manuel Fraga, cuando la propia Xunta firmó un contrato de alquiler por cinco años para el piso del fiscal jefe en Ourense en un inmueble situado a apenas 400 metros de la Audiencia Provincial por importe de 890 euros más IVA. La justificación de pagárselo había sido la “política de fomento que entonces se mantenía para facilitar la cobertura de determinadas plazas en la Administración de Justicia en Galicia”.
A finales de 2007, en la etapa del Gobierno de coalición de PSdeG y BNG, la Xunta había llegado a comunicar al propietario la intención de poner fin anticipado al contrato y lo invitó a recoger las llaves en una dependencia de la Xunta en Ourense. Pero eso no sucedió y un año después, el propietario reclamó formalmente a la Xunta: el fiscal no se había marchado, pero tampoco pagaba.
Con el retorno de los populares al poder en 2009, la Xunta pagó los retrasos del alquiler y comunicó a Delgado que debería dejar el piso, pero siguió sin hacerlo. Los fondos públicos continuaron sufragándole el alquiler hasta 2016, pero Delgado siguió sin marcharse y en 2018 -mientras la Xunta seguía pagando los gastos corrientes del inmueble- el propietario fue a los tribunales. Finalmente, el caso finalizó en este 2019 en un pacto de la Administración gallega con el arrendador para evitar ir a juicio.
