La tercera dimisión en Santiago, por “solidaridad” con los ediles juzgados
No hay semana tranquila en el Ayuntamiento de Santiago. Tras condicionar, a su pesar, el último tramo de la campaña electoral con el paso por el banquillo de los acusados de los siete ediles imputados por presunta prevaricación, el concejal que está en el origen de este procesamento, Adrián Varela, tira la toalla en el inicio de la que debería ser una de las semanas grandes de la ciudad, la de las fiestas de la Ascensión. El hasta este lunes responsable de Deportes de la capital gallega es el tercer concejal que deja el gobierno local por asuntos relacionados con la Justicia y lo hace no por el caso Pokémon, en el que está imputado por supuestos delitos de tráfico de influencias, soborno y falsedad documental, sino por “solidaridad”.
En un comunicado remitido a diversos medios de comunicación, Varela asegura que decidió “asumir en primera persona el coste político” de la decisión que llevó a sus compañeros a ser juzgados, al aprobar pagarle el abogado para defenderse precisamente en la Pokemon. Él se siente solidario “con mis compañeros que estuvieron expuestos a una situación judicial muy difícil”, si bien mantiene “la legalidad de la decisión adoptada por el gobierno local a petición mía” la cual, subraya, tuvo “el aval de los técnicos competentes”, en referencia al informe del secretario municipal que, según la Fiscalía, no daba luz verde para que el Ayuntamiento asumiera la defensa de manera “incondicionada”.
El segundo motivo por el que Varela abandona es “la presión a la que ha estado sometida mi familia en los últimos meses”. “Ni siquiera mi férrea vocación de servicio público puede más que la tranquilidad de mis seres queridos”, asegura. Un año después de que la jueza Pilar de Lara decidiera su imputación, el dimisionario también considera llegado el momento de dar un paso atrás para “no dañar la imagen de la ciudad a la que he servido con toda mi lealtad y esfuerzo durante este tiempo”. En el mismo comunicado aprovecha también para “agradecer” a la ciudadanía que le concediera “el honor de representarla en los últimos tres años, en los cuáles no he atendido a otros intereses que los de los vecinos de mi ciudad”.
Un relevo complicado
El escenario que el PP de Santiago tiene ante de sí es cualquier cosa menos fácil. Dados los anteriores corrimientos de lista -Conde Roa dimitió por su fraude fiscal, Albino Vázquez tras ser detenido en la Pokémon, Paula Prado renunció para ser diputada y José María Hernández declinó entrar en la corporación- la plaza de Adrián Varela le correspondería ahora a Daniel Grela, padre de una de las personas supuestamente enchufadas en una guardería municipal gestionada por Véndex e investigada, precisamente, en el marco de la Pokémon. El siguiente puesto en la lista, el décimo noveno -el PP tiene 13 ediles en la corporación- le correspondió en 2011 a Josefa Saavedra, ex presidenta de la AVT en Galicia y trabajadora del propio Ayuntamiento, condición que implicaría, con toda probabilidad, tener que asignarle una dedicación exclusiva para poder aceptar el puesto.
En caso de que Saavedra aceptara ya solo quedarían, a efectos prácticos, cuatro personas disponibles en la lista antes de llegar a los suplentes. Esto sucede porque el número 22, Aníbal García, falleció durante el mandato y porque los números 24 y 25 estuvieron en su momento ocupados de manera simbólica por Marta González, ex secretaria general de Igualdad y actualmente diputada en el Congreso, y por el consejero de Infraestructuras, Agustín Hernández, dirigentes que difícilmente dejarían sus actuales puestos para integrarse en el atribulado gobierno compostelano durante apenas un año, tiempo que resta para las próximas elecciones municipales.
De Nuevas Generaciones a la Pokémon
Varios concejales del gobierno municipal de Santiago aseguran que conocieron a Adrián Varela durante la campaña electoral municipal de 2011, tras la que Gerardo Conde Roa llegó a la Alcaldía capitalina apoyado en una mayoría absoluta obtenida por menos de 20 votos. Conde Roa fue, precisamente, quien apostó por Varela, miembro de las Nuevas Generaciones del partido pero sin excesivo trabajo orgánico, para hacerse cargo de la Concejalía de Deportes, una de las áreas que el nuevo regidor quería potenciar en el Ayuntamiento, donde el edil ahora dimisionario llegó “desconociendo completamente el funcionamiento de la Administración pública”, según relató ante la jueza de la operación Pokémon.
El caso Pokémon fue, precisamente, el que elevó a Varela -apodado Pijolandia por los presuntos líderes de la trama- a los titulares de la prensa. Imputado desde finales de mayo de 2013 por supuestos delitos de tráfico de influencias, soborno y falsedad documental, las revelaciones del sumario trazaron un relato descarnado del concejal no solo en el ámbito de las presuntas irregularidades, sino también en el de la relación con sus compañeros y compañeras, algunos de los cuales se enfrentan a una petición de nueve años de inhabilitación por aceptar pagarle el abogado con fondos públicos. “Descerebrados”, “frígida”, “mal follada” o “subnormal” son algunos de los calificativos que, según las escuchas de Vigilancia Aduanera, Varela dedicó a otros ediles.
Ni siquiera el alcalde, Ángel Currás, parecía ser del agrado del responsable de Deportes. El sustituto de Conde Roa al frente del Ayuntamiento “pasa” de su gabinete excepto de “dos o tres concejales”, le contó Varela a la magistrada Pilar de Lara, que le preguntó, entre otros asuntos, por su supuesto papel como enlace entre la empresa Aquagest y gobierno municipal junto al ex jefe de gabinete de la Alcaldía, el también imputado Ángel Espadas. Ante De Lara, Adrián Varela llegó a admitir que un constructor “puso dinero” para el PP de Santiago e intentó explicar su intento de despedir a una trabajadora municipal por estar casada con un representante sindical de la CIG.
