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El TSXG anula la polémica consulta a los padres para elegir la lengua de la enseñanza en Galicia

El conselleiro de Educación en un colegio

Praza Pública

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha estimado parcialmente el recurso presentado por el sindicato CIG, la Mesa por la Normalización Lingüística y la plataforma Queremos Galego contra el Decreto de Plurilingüismo aprobado por el Gobierno de Núñez Feijoo. En concreto, anula el artículo 5.2., en el que se estipulaba la realización de una encuesta entre los padres y madres en Educación Infantil para decidir la lengua del aula en función de la opinión mayoritaria. Esto supuso por ejemplo el barrido del gallego en el 96% de los centros de infantil de las ciudades a pesar de que el 40% de las familias optaron por la enseñanza en gallego. También anula el 12.3. en el que se establecía que el alumnado podría usar en el aula a lengua de su preferencia, en este caso porque es contrario al desarrollo de la Ley de Normalización Lingüística y al fomento del uso progresivo del gallego.

Esa consulta a los padres, ahora eliminada, provocaba que incluso cuando el 40% de las familias urbanas habían escogido que sus hijos y hijas tuvieran el gallego como lengua de aprendizaje, eran contados los centros en los que esa opción era mayoritaria por lo que prácticamente todas las aulas de educación infantil en Galicia se imparten en la actualidad en castellano. A este respecto el TSXG afirma que la Administración no puede “abdicar” de sus responsabilidades y que la elección de lengua en la enseñanza queda “fuera” de la “esfera de elección de los padres”. Para A Mesa a sentencia deja claro que “el gallego tendrá que regresar a la educación infantil de las ciudades”.

En cuanto al artículo 12.3 la sentencia lo califica como “ilegal”, al permitirle “al alumnado a utilización del castellano a pesar de que sea el gallego a lengua en que se imparte el área, materia o módulo”. El TSXG afirma que este punto del Decreto contradice el mandato de la Ley de Normalización en su artículo 13.2 que exige el “fomento del uso progresivo del gallego”, ya que “no facilita la adquisición de la destreza exigida al alumno en la lengua propia de esta Comunidad Autónoma”.

El TSXG salva el resto de los puntos del decreto, entre ellos muchos que también fueron recurridos por sindicatos y asociaciones, pero destaca que el gallego debería tener “un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable” para garantizar la igualdad entre los dos idiomas oficiales.

Un decreto ampliamente criticado

El Decreto del Plurilingüismo había sido recurrido ante la Justicia por diversos colectivos y asociaciones como A Mesa por la Normalización Lingüística, los sindicatos STEG y CIG e incluso la Real Academia Gallega. Todos ellos denunciaron que la nueva normativa restó presencia al gallego en las aulas, vetó el uso de la lengua propia de Galicia en las materias técnicas o imposibilitó que los niños de Educación Infantil pudieran comenzar su andadura escolar en gallego. En definitiva, censuraron “la desprotección del idioma más débil”. El TSXG admitió a trámite todos los recursos en contra del decreto casi un año después de su aplicación, aunque rechazó paralizarlo cautelarmente, tal y como le pedía A Mesa, una decisión que la Xunta interpretó como apoyo a sus tesis lingüísticas. Ni mucho menos.

Esta sentencia se une a los informes negativos del Consejo Consultivo, al voto negativo del Consejo Escolar de Galicia y al informe del Comité de Expertos del Consejo de Europa que denunció la discriminación en la que se encontraban los y las hablantes de gallego, sobre todo en la enseñanza. Los expertos del Consejo de Europa se mostraban “preocupados” por la reducción “de la educación en gallego” en las escuelas. Le recordaban a las autoridades que a pesar de que la legislación vigente no implica una educación plena en gallego, sí es necesario “que haya un número suficiente de escuelas que ofrezca educación completamente o esencialmente en gallego”, ya que ese es un derecho “de los padres que así lo deseen” y porque se tiene que “garantizar” que se cumplan las elecciones de las familias. Algo que no ocurre en ningún caso, especialmente en Educación Infantil, donde a pesar de que, por ejemplo, el 40% de las familias urbanas escogió la lengua gallega como la principal para la enseñanza de sus hijos, ni tan siquiera un 6% de las escuelas ofrecen esa opción.

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