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Olores repugnantes, ruidos industriales en plena noche y partículas de pintura suspendidas en el ambiente son algunos de los perjuicios que los vecinos de la fábrica de Stellantis en Vigo llevan 18 años denunciando sin que nadie les haya hecho caso. En el año 2006, enviaron una carta a la Consellería de Sanidade en la que contabilizaban la tasa de vecinos que habían desarrollado algún cáncer con menos de 55 años y que, en su mayoría, habían muerto. Según los datos de aquella misiva, de los aproximadamente 200 vecinos de entonces, el 15% ya tenía un tumor, leucemia o alguna enfermedad pulmonar. Ni entonces ni ahora cuentan con los recursos necesarios para sufragar una investigación privada que confirme sus sospechas de relacionar esas enfermedades con la cercanía de la industria automovilística. No obstante, sus alegatos motivaron una investigación por parte del Gobierno gallego a cuyos resultados nunca tuvieron acceso. La Xunta les respondió que era una tasa habitual de afección equiparable a la de la población general y el tema quedó zanjado.

Estos vecinos se agruparon como la Asociación de Afectados pola Ampliación Industrial de Zona Franca en el 2003, año en el que se hizo público el primer borrador del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de la ciudad de Vigo. Entonces, el Ayuntamiento ya pretendía favorecer la expropiación de más de treinta viviendas de los aledaños del polígono industrial que ocupa, en su mayoría, la factoría de Stellantis, antigua PSA Peugeot Citroën. El resto de casas del barrio de O Roupeiro-Matamá que se habrían salvado se hubiesen quedado más próximas todavía al polígono. Aquel PGOM y sus sucesivos intentos de aprobación fueron echados abajo por la Justicia. Ahora, 18 años después, el nuevo borrador ya ha superado la aprobación inicial del pleno y, de nuevo, la intención del gobierno del socialista Abel Caballero es facilitar la expropiación para ampliar las instalaciones industriales del Consorcio de la Zona Franca en pleno núcleo urbano de la ciudad más poblada de Galicia. Del consorcio forman parte entidades como el Ayuntamiento de Vigo, la Deputación de Pontevedra, la Cámara de Comercio de Vigo, la Autoridad Portuaria y el Estado.

En los casi veinte años que han pasado desde que se asociaron, estos vecinos de Vigo han escrito decenas de cartas al Ayuntamiento, a la Deputación de Pontevedra, a la Xunta de Galicia, al Gobierno, a la Fiscalía de Medio Ambiente y a la Comisión Europea. Muchas se quedaron sin respuesta y las que sí la tuvieron apenas motivaron investigaciones medioambientales. “Las instituciones que nos responden se limitan a decirnos que la factoría tiene en orden las licencias de evaluación ambiental de la Xunta”, explica uno de los miembros de la asociación que prefiere mantener su anonimato. “La realidad es que llevamos toda una vida aguantando olores nauseabundos y ruidos diurnos y nocturnos que, muchas veces, no nos dejan descansar. Además, desde hace unos cinco años nos hemos dado cuenta de que de sus chimeneas salen partículas de pintura que estropean nuestros coches y, probablemente, estén haciendo lo mismo con nuestros pulmones”, explica el propietario de una de las casas más próximas a la nave de pintura de Stellantis.

En el año 2017, uno de los integrantes de la Asociación de Afectados pola Ampliación Industrial de Zona Franca se fijó en que toda la chapa del coche que aparca en las inmediaciones estaba llena de pequeñas manchas blancas. “Todavía hoy no sabemos si es pintura o algún tipo de imprimación que utilizan en la nave más cercana a nuestro barrio”, explica. Entonces, varios de los integrantes de la asociación se pusieron en contacto con PSA Peugeot Citröen: “Ellos son perfectamente conscientes de esta situación. En aquel momento nos ofrecieron pulirnos los coches a todos dentro de la fábrica. Algunos aceptaron, pero yo me negué y, a través del seguro del coche, los llevé a juicio”.

Un año después, el titular del juzgado de primera instancia número 9 de Vigo le dio la razón. Según se puede leer en la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es: “La prueba pericial aportada demuestra que el automóvil presentaba depósitos de partículas de pintura, al igual que los árboles del jardín y otros vehículos estacionados en la zona. El lugar se encuentra a unos cien metros de la planta de pintura de la factoría de automóviles de la parte demandada y no se alega ni consta ninguna industria o tipo de actividad que pueda producir daños de este tipo en las cercanías”. Los esfuerzos probatorios de la defensa de PSA Peugeot Citröen en aquel juicio se basaron, fundamentalmente, en alegar que la factoría cumplía la normativa administrativa ambiental de la Xunta de Galicia a rajatabla, pero esos argumentos no le sirvieron. Según el dictamen, el objeto de aquel pleito no era “el examen de la planta y sus medidas de protección, sino la concreta causación de daños de un automóvil estacionado […] en un lugar muy próximo a las instalaciones de la parte demandada”. La sentencia concluía: “La responsabilidad de PSA Peugeot Citröen Automóviles España S.A. […] no ofrece dudas, pues resulta evidente por la propia producción del resultado la falta de prevenciones para evitar la caída de la pintura sobre el vehículo del demandante en un momento determinado, con independencia de que se cumpliese o no las medidas de seguridad exigibles”. Era la primera vez que un documento oficial afirmaba lo que los vecinos llevaban años denunciando: que la pintura usada por la factoría superaba los muros de la fábrica y se colaba en el barrio frente a ella.

Lo cierto es que el suyo no es un caso aislado ni mucho menos. Los delegados de los sindicatos CUT y CIG de la ahora renombrada Stellantis han confirmado a esta redacción que muchos de sus afiliados que aparcan al aire libre en los aparcamientos habilitados dentro del polígono están en la misma situación. “A ellos la empresa también les ha ofrecido pulir los coches para eliminar esos depósitos de pintura”, explica Manuel Domínguez, delegado de la Confederación Intersindical Galega. “Nosotros también tenemos afiliados que están en proceso de reclamar a la empresa la reparación de la chapa de sus vehículos. Realmente, demostrar que esas partículas de pintura en suspensión nos puedan estar afectando a la salud es extremadamente complejo”, explica Víctor Mariño, el delegado sindical de la Central Unitaria de Traballadoras.

La empresa ha preferido no responder a las preguntas de elDiario.es y se ha limitado a decir que la fábrica "cumple rigurosamente los estándares ambientales que le exige la Xunta de Galicia".

La influencia de la empresa sobre la ciudad

“Stellantis es una de esas empresas intocables que está cubierta por los principales partidos políticos y por la totalidad de las instituciones gallegas y eso que desde los noventa no ha parado de perder peso económico en Galicia”, explica Rubén Pérez, portavoz de Marea de Vigo en el Ayuntamiento y responsable de Política Municipal en la dirección de Izquierda Unida. Cuando se presentaron a las elecciones municipales de 2015, hicieron suyas las reclamaciones de organizaciones vecinales como la Asociación de Afectados pola Ampliación Industrial de Zona Franca y eso les trajo consecuencias en su vida personal. “El propio alcalde le dio la vuelta a nuestro discurso y nos presentó ante los vigueses como los enemigos de la ciudad que querían echar a Citröen. La prensa local se hizo eco, por supuesto. Hubo gente por la calle que me insultó e incluso un taxista se negó a cogerme”, explica Pérez.

La Asociación de Afectados pola Ampliación Industrial de Zona Franca es taxativa en ese sentido: “Aquí nadie quiere echar a Stellantis de la ciudad. Nada más lejos de la realidad, sabemos que aporta muchos puestos de trabajo a la comarca. Solamente queremos que la Xunta de Galicia revise sus normativas ambientales, que investiguen y vengan a nuestras casas a sentir los olores, el ruido y las manchas que, día tras día, van apareciendo por todo el entorno de la fábrica”, explica uno de los vecinos.

La labor de documentación y registro de incidencias que esta asociación de afectados ha hecho durante sus 18 años de vida resulta fundamental para entender su día a día. Entre los más de cien documentos cedidos a elDiario.es, se pueden encontrar demandas e informes policiales que constatan, en varias ocasiones, la vulneración por parte de la fábrica de los límites de ruido permitidos. En uno de esos partes los agentes dejan constancia de olores a quemado “de tal intensidad que dificultaban la conversación con el requirente”. De hecho, varios vecinos de esta asociación le han ganado hasta en tres ocasiones el mismo tipo de procedimiento judicial a Stellantis y tienen abierto uno más: "Es la única manera que tenemos de crear un registro oficial que confirme que Stellantis emite partículas de pintura. Lo vamos a seguir haciendo hasta que alguien nos escuche y tome parte en el problema".

Más de 12.000 euros en abogados

Hartos y frustrados, así se sienten los vecinos entrevistados para este reportaje. “Ya nos hemos dejado alrededor de 12.000 euros en abogados desde que salió el primer intento de Plan General de Ordenación Municipal para hacer alegaciones que defendiesen nuestros hogares ante posibles expropiaciones”, explica uno de los vecinos que más ha bregado por defender sus propiedades y, sobre todo, su salud. “El coche me da igual, es una máquina. Se arregla o se repone, pero nuestra salud y la de nuestros hijos no es sustituible. Aun así, sabemos que tenemos pocas opciones para demostrar que esas emisiones pueden estar enfermándonos. Creo firmemente que la Fiscalía de Medio Ambiente debería actuar de oficio con todas las pruebas que ofrecemos, pero, por desgracia, no lo va a hacer”, añade.

La mayor parte de los fondos de esta asociación han ido a parar a las arcas del bufete de abogados de Calixto Escariz, uno de los más grandes de la ciudad. Según ha podido confirmar elDiario.es, el bufete que formula las alegaciones para defender a estos vecinos de la expropiación municipal es el mismo que está trabajando para gestionar las expropiaciones que la propia Zona Franca está realizando en otra de las zonas industriales de la ciudad, el Parque Tecnolóxico de Vigo. Según la licitación que le fue concedida en 2019, los abogados deben ofrecer a la Zona Franca “servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción y tramitación del expediente de expropiación de los bienes y derechos necesarios para la ampliación del Parque Tecnolóxico de Vigo”. El contrato asciende a un total de 70.000 euros, 25.000 en prestación fija y un precio unitario de 50 euros, como una suerte de prima, por cada finca adquirida en compraventa antes de la aprobación inicial del expediente de expropiación hasta un máximo de 45.000 euros.

En otras palabras, el bufete que asesora a esta asociación de afectados por las expropiaciones también lo hace para la Zona Franca en otra zona de la ciudad. Uno de los abogados del despacho que ha trabajado mano a mano con los vecinos ha defendido que los procedimientos no están relacionados entre sí y niega cualquier conflicto de intereses: "Nosotros defendemos los intereses de quien nos contrata. Ponemos nuestra experiencia tanto al servicio del particular como de la Administración. Si fuese el mismo procedimiento, sí que habría un conflicto de intereses, pero no es el caso. De ser así, ni se nos pasaría por la cabeza".

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Publicado el
15 de noviembre de 2021 - 06:02 h

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