La Xunta endurece las condiciones para acceder a ayudas al alquiler de vivienda
El Plan estatal de vivienda 2018-2021 incluye dos líneas de ayudas económicas para el pago del alquiler, una de tipo general y otra destinada específicamente a las personas de menos de 35 años. El Ministerio de Fomento impulsa y financia la iniciativa, que después es gestionada por cada comunidad autónoma, que decide si quiere aumentar los fondos, algo que Galicia no hizo, a diferencia de otras comunidades autónomas. La Xunta publicó la pasada semana en el Diario Oficial de Galicia (DOG) las bases reguladoras para la segunda convocatoria de estas ayudas con un relevante cambio, como informaba este domingo Faro de Vigo.
En ellas se endurecen las condiciones económicas para acceder a estas ayudas económicas. El pasado año podían solicitarlas aquellas personas cuyos ingresos se situaban entre 0,7 y 2,5 veces el IPREM (537,84 euros), esto es, entre 376 y 1.344 euros mensuales. Sin embargo, en la convocatoria de este año el nuevo límite máximo se establece en dos veces el IPREM. Es decir, que sólo pueden beneficiarse de las ayudas las personas que ingresen menos de 1.075 euros mensuales, quedando fuera aquellas que ganen entre 1.076 y 1.344 euros mensuales.
Se mantienen, eso sí, las condiciones para las familias numerosas de categoría general (2.151 euros mensuales) y categoría especial (2.689 euros mensuales). También se mantienen el resto de condiciones y las cuantías de las ayudas, establecidas en el 40% del precio del alquiler, que se eleva hasta el 50% en el caso de las personas menores de 35 años y de las mayores de 65. Con todo, hay límites máximos para el valor del alquiler que puede ser subvencionable, que varían en función de las localidades de residencia: 500 euros para Vigo, A Coruña, Ourense, Compostela y Pontevedra, 400 euros en Ferrol, Lugo y alrededor de medio centenar de ayuntamientos de tamaño medio y 300 euros en el resto de Galicia.
Este endurecimiento de las condiciones para acceder a las ayudas llega en un contexto de rápido encarecimiento de los precios, sobre todo en las ciudades, como constata el Observatorio Galego da Vivenda. Y, además, en una situación en las que son muchas las familias que están sufriendo desahucios por no ser capaces de pagar sus alquileres. Asimismo, son miles las personas que siguen esperando por una vivienda en alquiler protegida por la Xunta, según su registro oficial.
Retrasos en la resolución y en el pago
Más allá del endurecimiento en las condiciones económicas, que deja fuera a una parte de la población potencialmente beneficiaria, la cuestión que en los últimos meses ha despertado más polémica al hilo de estas ayudas es el importante retraso que acumula la resolución de la convocatoria del pasado año.
En junio del año 2018 la Xunta convocó las dos líneas de ayudas: la general y la dirigida específicamente a jóvenes menores de 35 años. El número total de solicitudes fue de alrededor de 12.000, lo que desbordó las previsiones realizadas por el Gobierno gallego. De ellas, 4.000 fueron para la línea destinada a juventud y las restantes 8.000, para la línea general.
Más de un año después, sólo se ha resuelto formalmente la línea de ayudas dirigida a la juventud (dotada con 700.000 euros), que llegó 330 personas personas. En esta línea, la Xunta admite la existencia de solicitudes no atendidas por falta de fondos. Desde el pasado mes de julio, Praza.gal ha solicitado en varias ocasiones datos sobre el número de solicitudes no atendidas, pero por el momento no ha habido respuesta.
La otra línea, pensada para familias en dificultades económicas y bajos ingresos, todavía no cuenta con su resolución. Sus tres millones de euros de dotación podrán beneficiar a unas 1.600 personas, un 20% del total de solicitantes.
Críticas del PSdeG
En este contexto, la portavoz de Vivienda del Grupo Socialista en el Parlamento, María Pierres, ha criticado la gestión de estas ayudas realizada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, tanto por los importantes retrasos en su resolución, como por la decisión de no aportar fondos propios, a diferencia de otras comunidades autónomas.
Pierres denuncia que mientras las ayudas al alquiler en Galicia son de 3,8 millones de euros, en comunidades con menos población, como Aragón o Castilla-La Mancha, las cifras ascienden a 8,9 y 11,45 millones, respectivamente. Esto ha permitido que en la comunidad manchega las ayudas llegaran a más de 5.000 familias (el 100% de las que lo habían solicitado) y que en Aragón el porcentaje fuera de más del 50%. En estos dos territorios, además, la resolución se completó en un plazo muy inferior al de Galicia.
