El plan de la Xunta para alquilar viviendas vacías a familias sin recursos sólo ha incorporado 16 pisos
Apenas un mes después de las elecciones municipales que, en mayo de 2015, supusieron un notable declive para el PP en Galicia, la Xunta comenzó a escenificar lo que fue apodado como 'giro social' del gabinete de Alberto Núñez Feijóo, anunciando un paquete de medidas en este ámbito que después ampliaría con la creación de la Consellería de Política Social, encomendada al exalcalde de Ferrol José Manuel Rey Varela hasta el pasado septiembre, cuando la abandonó para volver a optar al bastón de mando ferrolano. Una de las medidas más subrayadas por la Xunta dentro de esa “agenda social” fue el programa de viviendas vacías, concebido para destinar inmuebles deshabitados “al alquiler social por parte de familias desfavorecidas”. Dos años después de su puesta en marcha el proyecto ha incorporado 16 pisos y ha adjudicado sólo 7.
La base de este programa fue un convenio firmado por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en mayo de 2016. En este convenio la asociación municipalista se comprometía a “difundir y promover la incorporación de los ayuntamientos” al Programa de Viviendas Vacías. Los municipios, según el texto, actuarían como intermediarios entre las personas propietarias de los pisos vacíos y el IGVS, además de proponer “el procedimiento de selección de arrendatarios y de adjudicación de viviendas” desde el “respeto” a los “requisitos” del programa, tales como priorizar familias afectadas por un desahucio o los umbrales de renta más bajos.
El IGVS, por su parte, comprometió en el acuerdo la suscripción de un “seguro multirriesgo del hogar” para las viviendas incorporadas y otro de “garantía de cobro de la renta y defensa jurídica” en caso de impagos por un período máximo de un año. Los alquileres no pueden exceder los 350 euros en A Coruña, Santiago, Vigo, Ourense y Pontevedra, los 250 euros en Lugo, Ferrol y las principales villas y cabeceras de comarca y los 200, en el resto deGalicia
Según los cálculos de la propia Xunta, entre 2016 y 2019 preveía que se pudieran beneficiar de las ayudas unas 600 viviendas, si bien los primeros balances de ayuntamientos incorporados sugerían que el alcance iba a ser notablemente menor. Así, por ejemplo, el pasado junio figuraban como adheridos y “con bases reguladoras aprobadas” un total de 53 municipios. Esas escasas cifras fueron ratificadas esta semana en el Parlamento por el director general del IGVS, Heriberto García, que a preguntas del PSdeG admitió que en la actualidad “el número de viviendas totales” de las que dispone el programa “son 16”, de las cuales “7 están adjudicadas a familias que las precisan y ”tres, en trámites“.
“Los resultados son escasos, no lo negamos, no cumplen con las expectativas”, admitió el alto cargo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, quien no obstante traslada gran parte de la responsabilidad del aparente fracaso del programa a los ayuntamientos. Concretamente, a los gobiernos de las principales ciudades gallegas. “Únicamente Ourense y Santiago están adheridas” y “el resto de las ciudades lo han rechazado”, algo que a su juicio “no parece lógico” porque en las ciudades existe “demanda” de viviendas en alquiler a bajo precio y además “muchas de las candidaturas que hoy gobiernan” ayuntamientos urbanos “proponían programas similares”. Según García, es “especialmente significativo el caso de Vigo” y, en cualquier caso, “cualquier solución” a los raquíticos resultados “pasa por la incorporación de los ayuntamientos”. De las siete principales gallegas el PP gobierna solo en una, Ourense.
El PSdeG insta a “revisar” el programa
Para la diputada socialista María Pierres, autora de la pregunta al director del IGVS, la Xunta no debería descargar el “dudoso éxito” del programa de viviendas vacías únicamente en los ayuntamientos. No en vano, ejemplifica, en comarcas como A Barbanza, donde gobiernos locales se sumaron “con entusiasmo” al proyecto, todavía no ha sido adjudicada “ninguna vivienda” y en Ourense, con gobierno del PP, no se ha adjudicado por el momento “ni siquiera un piso” por las “deficiencias de los cinco inmuebles” ofertados, “rechazados incluso habiendo 80 demandantes”.
La Xunta, según Pierres, ha realizado un “esfuerzo totalmente errado, dirigido a la adhesión de los ayuntamientos” que “además de tener una dirección cuestionable, ha ofrecido unos resultados nefastos”. En su lugar, cree la socialista, debería haber “incentivado la participación de los propietarios” de las viviendas, más alláde “contemplar todas las fórmulas para impulsar viviendas de promoción pública”.
