La Xunta vuelve a presentar tres años y medio después la ley de incendios que promete dar más peso a la prevención

En abril de 2023, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presentó el anteproyecto de la ley que iba a renovar la normativa vigente en materia de lucha contra los incendios forestales y afirmó que iba a “actualizar una normativa que tiene ya 16 años”. Este lunes volvió a presentar el anteproyecto de la nueva ley gallega contra los incendios señalando que la anterior “tiene ya casi 20 años, es de 2007”. El Gobierno gallego ha tardado tres años y medio en completar el trámite de abrir su propuesta a sugerencias y presentar su redacción final antes de remitirla al Consello Forestal y, previsiblemente en octubre, al Parlamento autonómico. El nuevo texto, impulsado por el anterior conselleiro de Medio Rural, José González, ahora envuelto en el escándalo por la contratación de migrantes sin papeles en la bodega de su familia y que ha pasado a ocuparse de la cartera de Emprego, estuvo este tiempo esperando su turno.

Cuando la Xunta presentó su propuesta en 2023 habían pasado ya más de dos años desde la promesa de actualizar la ley y, por el medio, se produjeron los dos primeros fuegos de más de 10.000 hectáreas en Galicia -en el verano de 2022-, que luego quedarían superados en los registros autonómicos por los de 2025. La idea que entonces defendía como central la Consellería de Medio Ambiente era que había que dar más peso a la prevención. Hablaba de una gestión del territorio que condujese a un paisaje en mosaico -en el que hay diferentes tipos de terrenos: usos agrícolas o ganaderos junto a bosques de diferentes especies o zonas de matorral-, defendido por los expertos como un elemento que hace el terreno menos propenso a grandes incendios forestales porque abre más oportunidades para apagarlos.

La conselleira actual de Medio Rural, María José Gómez, defendió que el nuevo texto pretende avanzar hacia “un modelo integral que no se limite a la reacción o a la limpieza de franjas, sino que sitúe en el centro la gestión estratégica del territorio”. Prevenir, con la nueva ley, no será “solo eliminar combustible”, sino “cambiar el territorio para que haya discontinuidades que ayuden a limitar el fuego”. Añadió que las medidas no serán homogéneas en todo el territorio, sino que se modularán en función del riesgo o la vulnerabilidad de determinadas zonas. Si ese peligro es elevado, por ejemplo, la zona que debe limpiarse alrededor de los núcleos habitados o en las inmediaciones de infraestructuras puede pasar de los 50 metros actuales a 100. La gestión de la biomasa sigue siendo responsabilidad de los propietarios de las parcelas, para los que se mantienen sanciones -las leves no superan los 1.000 euros, pero las graves pueden llegar a los 100.000-. La administración va a seguir teniendo la posibilidad de ocuparse de estas tareas si el responsable no cumple y pasarle la factura.

Gómez indicó que habrá una red de hidrantes obligatoria en las nuevas instalaciones industriales o en gasolineras en terrenos agroforestales y que los agentes de la autoridad -forestales, ambientales o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado- van a poder dictar órdenes verbales inmediatas sobre el terreno como el desalojo de áreas recreativas o el cierre de caminos si consideran que hay un peligro inminente y sin esperar a los trámites administrativos. La red de puntos de agua se considerará infraestructura de seguridad estratégica y los ayuntamientos deberán instalar tomas compatibles en sus redes municipales. El agua almacenada no podrá usarse si no es para la extinción. Tampoco podrá haber construcciones o plantaciones a 50 metros alrededor de los puestos de vigilancia.

Las prioridades, aseguró Gómez, son la protección de la población y la gestión estratégica del territorio. El texto pasará este martes por el Consello Forestal y después entrará en el Parlamento para su aprobación.