El Govern balear del PP disparó el gasto un 17,8% en 2024, casi siete veces el límite permitido

La Sindicatura de Comptes ha constatado que el Govern de Marga Prohens (PP) incumplió la regla de gasto en 2024, cuando el gasto computable de la comunidad autónoma aumentó un 17,8%, frente al límite del 2,6% establecido para ese ejercicio, lo que supuso una desviación de 15,2 puntos porcentuales respecto a la tasa de referencia. El órgano fiscalizador también alerta de las deficiencias en la gestión económica del Servei de Salut (IB-Salut), que recurrió a procedimientos excepcionales para regularizar contrataciones irregulares por valor de 213,6 millones de euros. La Sindicatura califica esta práctica de “incumplimiento sistemático de la legalidad” y advierte de que estos mecanismos no pueden utilizarse de forma ordinaria para atender necesidades recurrentes de la Administración ni eximen de las posibles responsabilidades derivadas de las irregularidades.

El informe, aprobado por el Consell de la Sindicatura el pasado 8 de octubre y entregado este lunes al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, vuelve a poner el foco en la evolución de las cuentas públicas de las islas. El incumplimiento de la regla de gasto se constata a partir de los datos definitivos del Ministerio de Hacienda, publicados en noviembre de 2025. El gasto computable pasó de 4.254 millones de euros en 2023 a 5.010 millones en 2024.

La regla de gasto limita el crecimiento del gasto público computable para contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Incumplirla no implica necesariamente incurrir en déficit, ya que se trata de obligaciones fiscales distintas. De hecho, Baleares cerró 2024 con una capacidad de financiación de unos 101 millones de euros, equivalente al 0,2% del PIB regional, según los datos recogidos en el informe.

Durante el acto de entrega, el síndico mayor, Joan Rosselló, ha advertido de que un incremento del gasto superior al crecimiento de la economía puede generar dificultades si los ingresos se estancan o disminuyen. El riesgo, explicó, reside en que una parte importante del gasto público tiene carácter estructural y se mantiene en ejercicios sucesivos. No obstante, ha señalado que, por el momento, la evolución de los ingresos por encima de los gastos permite descartar un problema inmediato.

El IB-Salut regularizó 213,6 millones en contratos irregulares

El informe dedica una atención especial a la gestión económica del IB-Salut. La Sindicatura detecta deficiencias en la planificación presupuestaria y advierte de que los créditos iniciales resultan insuficientes para atender las necesidades reales de gasto del organismo. En concreto, el órgano fiscalizador señala que el IB-Salut recurre sistemáticamente a la revisión de oficio para regularizar gastos derivados de contrataciones irregulares. Recuerda que este procedimiento tiene carácter excepcional y no puede utilizarse de forma ordinaria para satisfacer necesidades recurrentes de la Administración.

Según el informe, el Servicio de Salud contrató sin seguir los procedimientos legalmente establecidos y sin disponer de dotación presupuestaria suficiente para abonar los servicios recibidos. La Sindicatura considera que esta actuación constituye un “incumplimiento sistemático de la legalidad”. En 2024 se reconocieron 213,664 millones de euros mediante expedientes de revisión de oficio y otros procedimientos relacionados con la regularización de estas contrataciones.

El organismo fiscalizador precisa que el reconocimiento de los gastos no valida ni subsana las irregularidades contractuales ni elimina las posibles responsabilidades que pudieran derivarse. La Sindicatura no cuestiona que se recurra a estos mecanismos cuando corresponde, sino su utilización sistemática para corregir deficiencias de gestión, algunas de ellas estructurales.

El informe también detecta que, a 31 de diciembre de 2024, había 71,6 millones de euros en gastos pendientes de aplicación al presupuesto. De esta cantidad, 26,5 millones correspondían a facturas ya conformadas que no se habían reconocido en la ejecución presupuestaria de ese ejercicio.

La Sindicatura recomienda elaborar presupuestos iniciales suficientes y ajustados a las necesidades reales del IB-Salut, garantizar una financiación adecuada y acompasar la ejecución del gasto a los ingresos disponibles. También reclama mejorar la gestión presupuestaria y contractual para evitar la acumulación de obligaciones sin crédito suficiente.

El presupuesto de Salud aumentó un 8% en 2024 respecto al año anterior, según los datos expuestos por Rosselló. Sin embargo, el incremento de los recursos no evitó que persistieran los problemas de planificación y la necesidad de regularizar posteriormente gastos derivados de contrataciones irregulares.

Un informe con 65 recomendaciones

La fiscalización de la Cuenta General de 2024 incluye 65 recomendaciones dirigidas a mejorar la gestión económico-financiera de la Administración autonómica y de los organismos examinados. El documento analiza, entre otros aspectos, el cumplimiento de las reglas fiscales, la gestión presupuestaria, la contratación pública y los sistemas de control interno.

La Sindicatura emite una opinión favorable sobre las cuentas examinadas, entre ellas las de la Administración general de la comunidad autónoma, el IB-Salut y la Agencia Tributaria de las Illes Balears. Esta valoración general no elimina las incidencias y deficiencias concretas recogidas en el informe, entre ellas el incumplimiento de la regla de gasto y los problemas de planificación presupuestaria del Servicio de Salud.

El informe refleja así dos dimensiones de la situación económica de Baleares: por un lado, la comunidad cerró 2024 con capacidad de financiación; por otro, el gasto computable creció muy por encima de la tasa de referencia y persistieron deficiencias en la presupuestación de un servicio esencial. Las advertencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuntan, además, a que el reto no se limita a corregir el incumplimiento pasado, sino que exige garantizar que la evolución de los ingresos y los gastos sea compatible con las reglas fiscales en los próximos ejercicios.

La AIReF ya había advertido del riesgo

El incumplimiento confirmado por la Sindicatura se enmarca en las advertencias de la AIReF sobre la evolución del gasto autonómico y el riesgo de incumplir las reglas fiscales. En noviembre de 2024, la autoridad fiscal alertó de que Baleares podía incumplir la regla de gasto tanto en 2024 como en 2025.

La AIReF también expresó sus reservas sobre la política de rebajas tributarias del Govern en un contexto de crecimiento del gasto y de incertidumbre sobre la evolución de determinados ingresos. Entre las medidas analizadas figuraba la reducción del mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio, que, según las estimaciones recogidas entonces por el organismo, supondría dejar de recaudar unos 50 millones de euros en 2025.

La autoridad fiscal advirtió asimismo de los riesgos de depender de ingresos temporales o de recursos cuya evolución futura no estuviera garantizada para financiar decisiones con efectos permanentes sobre las cuentas públicas.

La cuestión de fondo es la sostenibilidad de las cuentas a medio plazo: las rebajas tributarias pueden reducir los ingresos estructurales, mientras que una parte importante del gasto sanitario, educativo y social también tiene carácter estructural. Si los ingresos dejan de crecer al ritmo previsto, el margen presupuestario para financiar estos servicios puede reducirse. No obstante, las advertencias de la AIReF sobre las rebajas fiscales deben distinguirse del incumplimiento de 2024 constatado por la Sindicatura: el informe fiscalizador acredita la desviación del gasto, pero no atribuye por sí mismo esa desviación a una medida tributaria concreta.

Nuevas advertencias para 2026

La AIReF ha mantenido sus advertencias en sus informes más recientes. En julio de 2026, señaló que Balears debía presentar un plan económico-financiero por el incumplimiento de la regla de gasto en 2025 y cuestionó algunos aspectos de las medidas incluidas por el Govern para corregir las desviaciones.

La autoridad fiscal consideró que el plan cumplía formalmente los apartados exigidos por la legislación, pero detectó deficiencias. También advirtió del riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 2026 y reclamó que las previsiones del Ejecutivo estuvieran respaldadas por medidas concretas, con sus efectos y calendario de aplicación.

En su informe sobre los presupuestos iniciales de 2026, publicado en abril, la AIReF ya había señalado que persistían riesgos elevados de incumplimiento. Estimaba que el crecimiento del gasto computable se situaría en el 5,9% en 2026, por encima de la tasa de referencia aplicable. El organismo también cuestionó la ausencia de medidas de ahorro adicionales con efectos concretos sobre ese ejercicio.

La sucesión de advertencias apunta a que el incumplimiento de 2024 no es el único ejercicio en el que las cuentas autonómicas han suscitado preocupación por la evolución del gasto. Mientras la Sindicatura ha confirmado la desviación correspondiente a 2024, la AIReF ha alertado de riesgos posteriores y ha reclamado medidas para reconducir la evolución del gasto y garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales.