El gasto público a la privada aumenta en Balears: “Hay una sustitución de lo público hacia una educación elitista”

La educación privada ha recibido en los últimos diez años una mayor inversión en Balears con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del profesorado. Sin embargo, coincidiendo con la llegada del PP al Govern en julio de 2023, el gasto público hacia la educación privada está yendo en detrimento de la educación pública. En este sentido, se están abriendo nuevas líneas educativas en la concertada mientras se cierran otras en la pública, según señala a elDiario.es Mario Devis, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Balears. 

“Esto supone una paulatina sustitución de la educación pública y una inversión de dinero público hacia una educación con intereses privados, generalmente de corte elitista, y a la que no puede acceder todo el mundo en igualdad de condiciones”, lamenta Devis. “Es preocupante como, poco a poco, el Govern muestra su hoja de ruta en materia educativa”, añade.

Los conciertos y subvenciones a la educación privada han aumentado un 17,6% en Balears durante el periodo 2015-2023, que coincide con los dos gobiernos progresistas de Francina Armengol, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Así, el gasto público en la enseñanza privada pasa de 174 a 205 millones de euros en dicha franja, siendo el socialista Martí March, alcalde de Pollença, conseller de Educación. Pese a ello, el incremento se sitúa a la mitad de la media nacional, cuyo aumento asciende al 33,22% durante esos ocho años.

Los sindicatos negociaron una mejora salarial con el PSOE

Los tres representantes sindicales consultados por este diario coinciden en que entre las razones que explican el aumento del gasto a la educación concertada durante el periodo señalado hay que mencionar la mejora de las condiciones salariales del profesorado, así como el reconocimiento de los sexenios. “Esto supone un mayor gasto en el ámbito de la educación concertada y que haya un aumento en los conciertos, pero no podemos olvidar que la concertada es subsidiaria de la pública, y se tiene que dotar de los recursos necesarios”, admite Devis.

“Después de los recortes de 2011 y 2012 se redujo mucho el gasto pero entre 2016 y 2023 hay un incremento importante que mejora las condiciones laborales de los trabajadores”, explica a elDiario.es Ramon Modéjar, secretario de la enseñanza concertada y privada del sindicato STEI, sobre el incremento del gasto. “También hay un aumento de los conciertos educativos en diferentes etapas por necesidad de escolarización”, indica Modéjar, como es el caso de la etapa de 0 a 3 años, que ya es gratuita en el archipiélago balear. El responsable de la enseñanza concertada del STEI descarta que este aumento del gasto perjudique a la educación pública. “Ningún Govern ha conseguido que la red pública absorba a la concertada”, afirma. “Es materialmente imposible”, añade.

En este sentido, el docente apunta a que el 60% de la educación es pública mientras que el 40% es concertada en Balears. “Los gobiernos tienen que hacer un mantenimiento de la red educativa concertada para que al menos haya unas condiciones similares a las que hay en la pública porque de lo contrario la situación no sería igualitaria”, señala Modéjar. Así, según el profesor, los dos gobiernos de Francina Armengol intentaron “compensar aquellas necesidades básicas para dotar a los centros educativos de los medios para que la educación sea similar a la pública”. “En ningún caso podemos decir que se haya hecho en detrimento de la educación pública”, insiste el secretario del STEI.

Asimismo, Antoni Sacarés, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) de Balears, destaca la incorporación de las becas comedor en los centros concertados como una medida de “absoluta justicia”. “Si se reclama que las familias con situación económica menos favorable puedan ir a un centro concertado, tienen que tener la posibilidad de acceder a una beca comedor, siempre que sus circunstancias económicas así lo requieran”, señala Sacarés a elDiario.es.

Entre las reivindicaciones que mantiene la FSIE, en representación de los intereses de la enseñanza concertada y privada, está la “equiparación salarial”, que según Sacarés, “todavía no se ha conseguido”. “Los trabajadores de la concertada no cobran lo mismo que los de la pública”, asegura el profesor, quien sin embargo reconoce que ha habido “grandes avances en este periodo”. Sacarés se refiere a la introducción de los sexenios, un complemento salarial que tiene el personal docente de la pública cada seis años de servicio.

Por otro lado, el docente de la FSIE recuerda que el Govern anterior llegó a un acuerdo con todas las organizaciones sindicales y patronales para aumentar en un 5% anual el gasto de funcionamiento entre 2023 y 2027. Este gasto se refiere a todos aquellos costes que hay en un centro concertado y que no tienen que ver con el sueldo del profesorado.

PSOE: “Nos gustaría ofrecer la pública a todo el mundo”

“La realidad que tenemos, tanto en España como en las Islas, es que tenemos un porcentaje elevado de centros concertados y que solo con las plazas públicas no podemos cubrir toda la demanda de escolarización”, afirma a elDiario.es Amanda Fernández, ex directora general de Comunidad Educativa en la segunda legislatura de Armengol. Sin embargo, Fernández defiende que durante las dos legislaturas de Pacte Progressista se aumentaron las plazas de la pública al mismo tiempo que se reducían las de la concertada, mientras que critica que el Partido Popular de Prohens le ha dado la vuelta a esta tendencia. “Por primera vez en los últimos diez años se han reducido las plazas públicas mientras han aumentado muchísimo las concertadas”, señala Fernández.

No obstante, la ex directora general afirma que hay familias que no llevan a sus hijos e hijas a la concertada por elección propia sino que les ha tocado el centro, por lo que considera que esas familias tienen que tener “los mismos derechos de un centro público mientras la administración no pueda ofrecer una plaza pública a todo el mundo”. “Del mismo modo que siempre hemos pensado que los docentes de la pública y de la concertada tienen que tener unas condiciones sociolaborales similares”.

Por otro lado, Fernández critica que cuando llegaron en 2015 al Govern había habido una época de recortes en educación de la era Bauzà (2011-2015) “sobre todo en la pública pero también en la concertada”. Por este motivo, en cuanto a la concertada, señala que “llegamos a un acuerdo de mejores condiciones laborales para el profesorado de la concertada”, lo que supuso un incremento del gasto de 20 millones de euros.

Asimismo, en referencia al aumento que hubo respecto a la concertada, defiende que fue muy inferior al que hubo en la pública (en términos absolutos), ya que en el periodo de las dos legislaturas el presupuesto global en Educación aumentó 400 millones de euros. Por tanto, defiende Fernández, “no creo que haya una contradicción, hicimos una defensa férrea de la educación pública”. “Ya nos gustaría poder contar con plazas públicas para que todos nuestros niños y niñas de las islas pudieran ser escolarizados en centros públicos”, argumenta la ex directora general de Comunidad Educativa.

Aumento “significativo” a la concertada con el PP

La victoria de Marga Prohens en las elecciones autonómicas del 28 de mayo dejó atrás dos legislaturas progresistas. El PP, aunque gobierna en solitario, cerró un acuerdo de 110 medidas con Vox para dar estabilidad a la legislatura. En materia educativa, los conservadores se terminaron plegando a los planes de Vox que introdujo la segregación lingüística en las aulas. Un plan que, de momento, no está teniendo el éxito que esperaba la extrema derecha.

“Las dotaciones a la enseñanza concertada han aumentado muchísimo”, asegura Modéjar, representante del STEI, en relación a las medidas implementadas por el Govern del PP. Así, el docente indica que se ha concertado la enseñanza de 0 a 3 años (con el Govern de Armengol se aplicó la gratuita de 2 a 3 años) y los ciclos formativos han aumentado. Respecto a la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, Sacarés, secretario general de la FSIE en Balears, apunta a que para la administración pública en ocasiones es más sencillo concertar con los centros privados que ya ofrecían este servicio anteriormente de forma privada, para no tener que construir nuevos centros públicos.

Mientras que en 2023 las subvenciones a la concertada se situaron en 205 millones de euros, los presupuestos que Prohens todavía no ha conseguido aprobar contemplan hasta 218 millones para 2025, señala Modéjar. “Es difícil de decir que este aumento afecte a la educación pública porque teóricamente no equivale a recortes”, opina.

Por último, aunque la tendencia educativa actual es avanzar hacia la inclusión en los centros públicos, la educación especial ha sido históricamente uno de los servicios que ha ofrecido la educación privada y que, en este sentido, ha recibido conciertos por parte de la administración pública. “Son centros donde los alumnos tienen necesidades muy específicas”, indica Sacarés.

Consultada por cuál va a ser la política del Govern en este sentido, la Conselleria de Educación se ha limitado a señalar a elDiario.es que “va encaminada a garantizar las necesidades de escolarización con plazas sostenidas con fondos públicos, tanto en la pública como en la concertada”.

CCOO denuncia la infrafinanciación de la pública

En cuanto a las infraestructuras educativas públicas, los sindicatos siguen criticando su “infrafinanciación”. Así, la Federación de Enseñanza de CCOO lamenta que las inversiones en las islas se reduzcan en un 23%, como destacan en un comunicado, ya con Antoni Vera (PP) como conseller de Educación.

En cuanto a la inversión por islas, el sindicato obrero destaca que Eivissa sale perjudicada respecto al resto de territorios del archipiélago balear porque la isla recibía “menos inversiones en infraestructuras que otras (...) pese a tener un número más elevado de alumnos”. Una situación que “no resuelve el déficit histórico que padece Eivissa en cuanto a infraestructuras sino que más bien lo agrava”, afirma CCOO.

Con el 73% de los alumnos, Mallorca recibirá 21 millones de euros, un 61% del presupuesto; Menorca, con un 10% recibirá 11,6 millones, un 33%; Eivissa, con un 16% obtendrá 1,6 millones, poco más del 4,5% de la inversión y Formentera, con un 1% del alumnado, recibirá 300.000 euros, casi un 1% del total.

CCOO critica la “privatización” en la FP

La Federación de Enseñanza de CCOO ha presentado recientemente un informe en el que critica, fundamentalmente, tres aspectos sobre la FP: el avance de los centros privados, el aumento “desmesurado” de la oferta a distancia y los obstáculos que se encuentra la FP Dual en su despliegue.

En cuanto al primer aspecto, la rama educativa del sindicato obrero señala que entre los cursos 2015-2016 y 2022-2023, en lo que se refiere al Grado Medio, el alumnado matriculado en centros privados de FP a distancia ha aumentado un 1401,5% frente al 132% del aumento que ha tenido lugar en los centros públicos; respecto al Grado Superior a Distancia, dicho incremento se sitúa en el 1605% en el caso de la privada frente al 176% de la pública.

Por otro lado, sobre la FP Dual lamentan que su viabilidad está en entredicho debido a la falta de empresas capaces de asumir la demanda formativa y, sobre todo, a “la carencia de tutores/as de empresa”. En este sentido, consideran que es “fundamental” que haya una “capacitación equivalente entre el tutor o tutora del centro y el de la empresa”, todavía más cuando parte del resultado del aprendizaje “se adquiere y evalúa dentro de la propia empresa”.

En este sentido, CCOO propone que el sistema disponga de una oferta de plazas públicas adecuada, suficiente y de calidad; que se eliminen las dificultades de acceso y matriculaciones a los ciclos formativos de Grado Medio y Superior y que la oferta se coordine con la demanda de ocupación, teniendo en cuenta también “una perspectiva de género”. Asimismo, sobre la FP Dual indican también la necesidad de aumentar las plantillas para que la modalidad se pueda implantar en condiciones y que la estancia de este personal específico en los centros educativos “sea objeto de negociación colectiva para evitar la sustitución de lugares de trabajo y la sobrecarga laboral” de los tutores y tutoras.

En el caso concreto del archipiélago balear, el informe apunta a que en los últimos años “no solo no ha aumentado la oferta formativa pública sino que con la excusa de que no hay suficientes centros se están autorizando más centros privados para impartir FP”. “Tenemos problemas para encontrar empresas en las que realizar las prácticas formativas ya que, quitando las grandes cadenas hoteleras, la mayoría de nuestras empresas son pymes”, indica CCOO.

Finalmente, según el sindicato, la mayoría del alumnado termina ejerciendo las funciones de un trabajador sin que la empresa tenga en cuenta que todavía está en periodo formativo, con la intención de asegurarse “mano de obra barata”. El problema, además, se agrava debido a las condición insular de Balears.