Ponen el dedo en la llaga de la violencia contra líderes sociales en la cumbre de la OEA

La sociedad civil de las Américas puso este miércoles el dedo en la llaga de la violencia contra los líderes sociales en Colombia y otros países del continente al señalar en la 49 Asamblea General de la OEA que la impunidad y la debilidad del estado de derecho comprometen su labor.

“Primero, las personas defensoras en nuestra región continuamos siendo víctimas de amenazas, agresiones, hostigamiento, estigmatización, criminalización y asesinatos”, señaló la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas en su intervención en la cumbre la OEA que se lleva a cabo en Medellín.

Los riesgos que enfrentan a diario líderes sociales y defensores de derechos humanos en América Latina, así como las restricciones a las libertades fueron expuestas a lo largo de la jornada en diversos escenarios por organizaciones que tomaron la representación de las demandas de la sociedad.

Un informe de la Coalición leído en el “Diálogo de representantes de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores” con la OEA por la activista nicaragüense Azahalea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), pone a América Latina como la región “más peligrosa para defender derechos en el mundo”.

En su presentación, Solís detalló la gravedad de la situación en varios países, “entre ellos Brasil, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Venezuela y Colombia, con por lo menos 155 asesinatos de personas defensoras el año pasado”.

Solís dijo a Efe que en la región se vive “una situación en la que no se respeta la defensa que hacen los defensores de los derechos humanos”, actividad que, en su opinión, “ha sido criminalizada por parte de los Estados”.

“Es importante que las sociedades de las Américas entiendan que la defensa de los derechos humanos no solamente es una obligación sino que también es un derecho”, añadió.

La activista se refirió a “la situación que conmovió en los últimos días” a Colombia, el homicidio de María del Pilar Hurtado, una madre de 34 años que fue asesinada a tiros delante de uno de sus hijos el pasado viernes en la localidad de Tierralta, en el departamento caribeño de Córdoba.

“Fue asesinada en presencia de sus hijos y realmente son situaciones gravísimas que han ocurrido a lo largo de los años aquí en Colombia y en otras partes de América Latina”, expresó.

Un reciente informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, señaló que desde 2016, año en que se firmó la paz con la guerrilla de las FARC, 702 líderes sociales y más de 130 excombatientes fueron asesinados.

“Ciertamente ese es un tema de muchísima preocupación para nosotros como organización, pero también para el resto de la comunidad de derechos humanos de la región. Esperamos que los gobiernos que están presentes en esta Asamblea General se hagan eco de la situación alarmante que se vive en el país”, dijo a Efe la directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Viviana Krsticevic.

La activista participó además en el foro “Defensoras y defensores bajo ataque: ¿Qué falta para proteger a quienes defienden los derechos en Colombia?”, donde señaló que muchos crímenes no son investigados porque el Estado prefiere “negar realidades”.

Krsticevic subrayó que los líderes sociales “no van contra el Estado” e invitó a valorar el esfuerzo de estas personas que trabajan por Colombia a través de sus organizaciones.

“El llamado es a nivel internacional, que hagan presión al Gobierno y que se reconozca que es algo sistemático y que (los ataques) también pueden ser del mismo Estado. Que protejan la vida de los líderes y defensores de derechos humanos”, dijo a Efe la representante legal de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta (Asomudem), María Cecilia Lozano.

En el diálogo de la sociedad civil con la OEA intervinieron más de 30 representantes de organizaciones que denunciaron el ambiente hostil en que trabajan defensores de derechos humanos, del ambiente, las mujeres, indígenas, afroamericanos y miembros de la comunidad LGTBI.

“Preocupa la ofensiva fundamentalista contra la igualdad de género y los derechos sexuales y los derechos reproductivos”, afirmó en su intervención la activista Sandra Mazo, del movimiento “Católicas por el derecho a decidir”.

Mazo abogó por “el aborto legal, gratuito y seguro” porque, según dijo, “en las Américas los pueblos y comunidades gritan con toda su fuerza: vida, libertad, justicia, igualdad y dignidad”.

“Nuestro interés es que los derechos humanos se cumplan, muy especialmente los derechos sexuales y reproductivos que son los más vulnerados en las poblaciones LGBTI, los afrodescendientes, los niños y las niñas, los jóvenes y las mujeres, especialmente”, dijo a Efe Judith Botero, de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Botero, que habló en representación de la Coalición Paz, subrayó la importancia de que la OEA “respete lo que las personas quieren” pues considera que “no tiene porqué haber injerencia de las creencias religiosas en los Estados para crear situaciones contra la educación integral y contra la libertad y la dignidad del ser humano”.