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Amnistía Internacional señala a la empresa vasca CAF por contribuir a las violaciones contra los palestinos

Imagen del tren ligero o tranvía de Jerusalén.

elDiario.es

18 de septiembre de 2025 10:44 h

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La organización Amnistía Internacional (AI) señala en un nuevo informe publicado este jueves a empresas de todo el mundo, incluida la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), por contribuir a “la ocupación ilegal, al genocidio o a otros crímenes de derecho internacional de Israel” contra los palestinos.

“CAF no puede seguir mirando para otro lado y no cumplir las recomendaciones internacionales. Amnistía Internacional en España lleva años recordando a la empresa que el tren ligero contribuye al mantenimiento y consolidación de los asentamientos ilegales, a la ocupación ilegal y a la anexión de Jerusalén Este por parte de Israel”, asegura en un comunicado el director de la ONG en España, Esteban Beltrán.

El grupo empresarial vasco CAF trabajó hasta principios de este año en la ampliación de la Línea Roja del tranvía de Jerusalén –que conecta la ciudad a la colonia de Neve Yaakov– y construye ahora la Línea Verde, que unirá el asentamiento de Gilo –donde ya viven unos 30.000 israelíes– con la Universidad Hebrea en el monte Scopus.

AI considera que desde 2019 CAF “ha desempeñado un papel clave en la expansión del tren ligero, lo que ha llevado al crecimiento de los asentamientos en los últimos años, contribuyendo así al mantenimiento del proyecto ilegal de asentamientos, ocupación y anexión de Jerusalén Este por parte de Israel”. La parte oriental de la Ciudad Santa debería ser la capital de un futuro Estado palestino, pero Israel rechaza esa idea y la considera su capital.

Según el informe, el tren ligero “facilita la vida en los asentamientos, permite el movimiento de colonos, la expansión física de los asentamientos y su sostenibilidad económica e integra estas entidades ilegales dentro de Israel, violando el derecho internacional”. Por ello, exige a CAF que suspenda “de inmediato” la provisión de bienes y servicios a la red del tren ligero y “que no solicite ningún otro contrato público que pueda contribuir a la ocupación ilegal del territorio palestino por parte de Israel”.

La organización explica que ya ha pedido de manera reiterada a los accionistas desde 2019, sobre todo a los que denomina “accionistas de referencia”, como el Gobierno Vasco, Kutxabank y Mayoral, que reclamen a CAF el cumplimiento de sus responsabilidades de derechos humanos y la finalización del proyecto. La organización recuerda que CAF también aparece en el informe del pasado julio de la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

Aparte de CAF, el informe señala otras 14 empresas por su complicidad en las violaciones de derechos cometidas por Israel contra la población palestina: las multinacionales estadounidenses Boeing y Lockheed Martin; las empresas armamentísticas israelíes ElbitSystems, Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries (IAI); la empresa china Hikvision; el conglomerado surcoreano HD Hyundai; la empresa de software estadounidense PalantirTechnologies; la empresa tecnológica israelí Corsight, y la empresa de aguas estatal israelí Mekorot.

“Estas empresas deben cumplir sus responsabilidades en materia de derechos humanos o sufrir las consecuencias de sus actos. Deben asegurarse de que no están implicadas en forma alguna en la ocupación ilegal y los crímenes de derecho internacional de Israel. De lo contrario, tanto las empresas como su personal y los miembros de sus juntas directivas corren el riesgo de incurrir en responsabilidad civil y, en algunos casos, incluso de posible responsabilidad penal por complicidad en los crímenes de Israel”, afirma en un comunicado la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

Pero la organización destaca que las 15 empresas que aparecen en su informe “son sólo una pequeña muestra de todas las empresas responsables de sostener un gobierno que está provocando una hambruna artificial y cometiendo un homicidio masivo de civiles [en Gaza], que niega sus derechos fundamentales a la población palestina desde hace décadas”.

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