Erdogan extiende fuera de Turquía la persecución a opositores

Ali Sipahi, de 31 años, lleva en prisión preventiva en Brasil desde el 6 de abril. Este empresario turco con la nacionalidad brasileña vive en Sao Paulo desde hace más de 10 años, donde tiene un restaurante. Volvía a su casa en Brasil tras pasar unas vacaciones en Estados Unidos y la policía brasileña le detuvo en el aeropuerto. El Gobierno turco había enviado una orden de detención contra Sipahi por terrorismo, el cargo más común al que se enfrentan los opositores a Erdogan.

Sipahi es seguidor del predicador Fethullah Gulen, líder del Movimiento Hizmet. Antiguo aliado de Erdogan, las luchas de poder separaron los caminos de Hizmet y el Gobierno en 2013 tras los escándalos de corrupción que golpearon al entorno del presidente. Ahora Gulen y sus seguidores se han convertido en el enemigo número uno de Erdogan, que les acusa de terroristas y de haber orquestado el intento de golpe de Estado de 2016.

Según la orden de detención, Sipahi está acusado de ingresar un total de 258 euros en Bank Asya entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014. El Gobierno de Turquía alega que esta entidad ha servido para financiar a “la organización terrorista Fethullah Gulen”. Sin embargo, el banco funcionaba legalmente cuando Sipahi hizo estos ingresos.

Tras el intento del golpe, Erdogan lanzó una purga indiscriminada en Turquía. Más de medio millón de personas han sido investigadas por vínculos con Hizmet. 96.800 han sido arrestadas (más de 30.000 están actualmente en prisión), 150.000 han sido despedidas de sus trabajos y más de 300 periodistas han sido detenidos. Incluso una vez muertos les han llegado a denegar un funeral digno.

La purga interna continúa, pero Erdogan ha extendido los brazos de la persecución por todo el mundo, dado que Hizmet tiene una fuerte presencia internacional, especialmente con colegios e instituciones educativas y culturales. Medios afines al Gobierno han llegado a publicar las fotos de algunas de estas personas que viven en el extranjero.

Sipahi lleva más de tres semanas en prisión esperando que un juez decida sobre su extradición. “Si las autoridades en Brasil continúan aplicando el protocolo estándar sin tener en consideración el autoritarismo en Turquía y la persecución política generalizada del presidente Erdogan, habrá decenas de acusaciones e incluso posibles extradiciones”, afirma a eldiario.es Mustafa Goktepe, socio de Sipahi en el restaurante. “Eso pondría en ridículo a Brasil. En más de los 170 países donde actúa Hizmet, a excepción de algunos países autoritarios, ningún país ha ejecutado estas solicitudes de Turquía dado que es una persecución política evidente”, añade.

Goktepe también estaba en EEUU de vacaciones cuando se produjo el arresto de Sipahi. “Yo debería haber vuelto a Brasil el 9 de abril con mi mujer y su familia, pero lo he cancelado por la detención de mi socio y amigo”, indica. “Quiero ver la respuesta de Brasil a esta solicitud de Turquía”, añade. Goktepe tiene miedo porque es una figura más visible que su socio, dado que es el presidente del Centro Cultural Brasil-Turquía y ha dado muchas entrevistas en medios.

Hasta ahora Turquía ha presionado a las autoridades brasileñas, pero no se había llegado tan lejos. Según cuenta Goktepe, Erdogan incluso envió una lista con nombres de los miembros del movimiento Gulen en Brasil acusándoles de terroristas. En otra ocasión, el embajador en Turquía acudió a las instituciones que trabajan con los órganos de Hizmet presentes en Brasil para hacer presión y animarlas a romper relaciones con el movimiento.

Sin embargo, Brasil está concediendo el estatus de refugiado a muchos exiliados turcos (unos 100, según Goktepe), lo que en la práctica supone reconocer que existe una persecución política en este país. En los últimos meses, España también ha dado asilo a varios turcos que huyen de Erdogan. “Los refugiados están bien. No tienen grandes preocupaciones porque están protegidos por la ONU, pero los turcos nacionalizados o con residencia tienen miedo”, señala Goktepe.

Brasil, aun así, no es el único país al que se extienden las presiones de Turquía. El 10 de abril, el ministro de Exteriores de Erdogan expresó su malestar con Reino Unido tras el rechazo a la extradición de cuatro turcos acusados de pertenecer al movimiento Gulen.

También este mes, la ministra de defensa de Macedonia del Norte, Radmila Shekerinska, ha recibido a su homólogo turco, Hulusi Akar. Turquía ha presentado a este país una lista con 15 nombres del movimiento Gulen. Macedonia del Norte busca entrar en la OTAN, algo que Grecia ha vetado históricamente. Tras poner fin a su disputa por el nombre del país, Grecia apoya ahora su ingreso en la alianza defensiva, pero varios medios locales de Grecia y Macedonia señalan que Turquía está presionando y amenazando con vetar la adhesión si Macedonia del Norte no extradita las 15 personas solicitadas.

El Gobierno de Macedonia ha reconocido la existencia de esta lista y ha afirmado que “todos estos procesos están abiertos”, lo que ha desatado el miedo de la comunidad turca en Macedonia del Norte. “Desde el intento de golpe, el Gobierno de Macedonia del Norte se ha enfrentado a presiones y demandas del Ejecutivo turco, pero ha solicitado pruebas concretas en el marco de la ley”, cuenta a eldiario.es Muhamet Bahçe, director de una de las escuelas del movimiento en este país. Sin embargo, las últimas declaraciones del Gobierno de Macedonia del Norte podrían sugerir un cambio de postura y ello ha despertado el miedo de los miembros de Hizmet.

En otros países Turquía ha sido menos sutil, secuestrando directamente a los ciudadanos perseguidos. En Kosovo, por ejemplo, una misión secreta entre los servicios de inteligencia de Turquía y Kosovo acabó en la deportación de seis ciudadanos turcos con residencia legal. La operación se llevó a cabo sin el conocimiento del primer ministro kosovar, Ramush Haradinaj, que denunció la operación. Unos meses después, otra operación de los servicios secretos turcos en Ucrania culminó con la detención y devolución a Turquía de otro ciudadano sin haber recibido el proceso judicial ordinario.

Alguno países han colaborado y entregado a Turquía miembros del movimiento Gulen, entre ellos Arabia Saudí, Malasia, Georgia y Myanmar. En 2017, una cámara de seguridad grabó cómo cuatro hombres de paisano detenían a Turgay Karaman en Myanmar, director de una escuela del movimiento en este país. Karaman acabó extraditado a Turquía y actualmente está detenido. Ha tenido dos abogados y ambos han sufrido su misma suerte.

Más de dos años y medio después, la intentona golpista fracasada en Turquía ha permitido a Erdogan neutralizar a sus enemigos dentro y fuera de Turquía.