Estudiantes y trabajadores mantienen la presión sobre Macron en una jornada de protestas masivas y de huelga general
Tras un mes de octubre marcado por numerosas protestas sociales, impulsadas sobre todo por los estudiantes de secundaria y bachiller, los sindicatos franceses habían llamado a los trabajadores a reforzar la movilización con una jornada de huelga general y manifestaciones este jueves. Todo ello, con el objetivo declarado de defender “los salarios, los servicios públicos, el empleo y la industria” y denunciar la “reducción de recursos destinados a los servicios públicos”.
La huelga se convocó a principios de octubre, poco después de que el Gobierno presentara su proyecto de ley para los presupuestos de 2027, que incluyen numerosas medidas de recortes en servicios públicos y la congelación de varias revalorizaciones. Las organizaciones han denunciado “un deterioro sin precedentes” de la situación de los trabajadores, en un contexto de inflación impulsada por la guerra en Oriente Medio. Y reclaman al Ejecutivo y a la patronal medidas en favor del poder adquisitivo, sobre todo a través de los salarios.
“La indignación es enorme. La situación del país es frágil. Hay que dar respuesta sin demora a las emergencias sociales y medioambientales”, afirmaron las organizaciones en la convocatoria. Los sindicatos venían afirmando en los días previos que esperaban una movilización social “masiva” en torno al lema “vivir con dignidad”.
“Tenemos un problema de poder adquisitivo, tenemos un problema para llegar a fin de mes, tenemos un problema para poder vivir de nuestro trabajo”, resumió la secretaria general de la Conferencia Federal de los Trabajadores (CFDT), Marylise Léon. “Éste es el mensaje que vamos a transmitir hoy al Estado y a los empresarios, tanto en el sector público, como en el privado”. En el caso de los funcionarios, ya hubo una primera jornada de movilización que implicó a más de 200.000 personas el 29 de septiembre, para denunciar la congelación de los salarios.
Cerca de 1,6 millones las personas se han manifestado este jueves en Francia, 350.000 solo en París, según datos de la CGT. Poco antes, el Ministerio del Interior había facilitado la cifra de 600.000 manifestantes en todo el territorio, aclarando que se trataba de una estimación no definitiva. A modo de referencia, el sábado 24 de octubre salieron a la calle 800.000 personas, según los organizadores (410.000, según el Ministerio del Interior).
Tensiones pese al ambiente festivo
En París, el ambiente de la manifestación ha sido festivo a su salida la plaza de la República, donde l'orqueste du Nouveau Monde volvió a acompañar el inicio del cortejo. Una densa corriente de personas ha llenado el Boulevar Voltaire en dirección a la plaza de la Nación, acompañados de música en los altavoces, de grupos de percusión y de las charangas, presentes en jardines y plazas al paso del cortejo.
Entre los manifestantes las reivindicaciones de justicia social y de lucha contra las desigualdades han estado muy presentes en las pancartas y carteles. Además de personas con los chalecos de las organizaciones sindicales, visibles durante todo el recorrido, también se han visto muchas pegatinas de “Mélenchon 2027”, especialmente entre los más jóvenes. La marcha, tranquila, se ha interrumpido temporalmente, casi al final del recorrido, debido a las cargas de las fuerzas del orden contra los black blocs, tras el ataque a un escaparate por parte de individuos encapuchados.
Christiane y Martine explican tener experiencia en las protestas, producto de un largo historial de militancia en varios sindicatos. Hoy jubiladas, la solidaridad intergeneracional las vuelve a sacar a la calle. “Venimos a apoyar a los jóvenes, pero venimos también por nosotros las jubilados”, afirma Martine, que trabajó en el sector sanitario. “Nos hablan de la deuda, de recortes, pero el dinero se puede sacar de otros sitios. Y, en la senda en la que estamos, nos va a afectar también a los pensionistas. Queremos que se revaloricen las pensiones, que se revaloricen los salarios y también dar medios a la educación”.
Aumento del salario mínimo
El Gobierno francés, que se ha reunido con los líderes sindicales en las últimas semanas, afirma preparar una respuesta para los próximos días. El ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, declaró el martes en la Asamblea Nacional que esperaba “que el Gobierno, en torno al 5 de noviembre, esté en condiciones de presentar medidas que permitieran reactivar la dinámica salarial en nuestro país”, en particular sobre el salario mínimo interprofesional.
La CFDT reclama un aumento de 100 euros netos, mientras la Conferencia General de Trabajadores (CGT) reclama un aumento del salario mínimo interprofesional (SMIC) del 10%. Además, en un periodo en el que empresas y sindicatos deben negociar la revalorización salarial en numerosos sectores los sindicatos piden al Gobierno que presionen a las empresas que boicotean las negociaciones, sancionándolas con la retirada de ayudas públicas o exoneraciones fiscales.
La represión en este país se está volviendo insoportable. No somos delincuentes, solo queremos manifestarnos
Otras “medidas detestables”, según los sindicatos, presentes en los presupuestos, incluyen la congelación de las ayudas personalizadas a la vivienda (APL) y un periodo de carencia antes del pago de prestaciones a trabajadores extranjeros no europeos.
Los estudiantes apoyan las reivindicaciones
Movilizados desde septiembre e insatisfechos con las primeras respuestas del Gobierno a sus propias reivindicaciones, los estudiantes apoyaron las demandas de los sindicatos y se sumaron a las manifestaciones de este jueves. Continúan reclamando más recursos para la educación nacional, la creación de nuevas plazas en la enseñanza superior y también una reforma en la selección de estudios después del bachiller.
La vuelta a las clases este lunes, tras dos semanas de vacaciones, ha visto también el retorno de algunos bloqueos en institutos y universidades de varios departamentos. Y ha dado pie a una batalla de cifras entre estudiantes y autoridades. Según el Gobierno, el jueves 2,2% de los centros estaban bloqueados, es decir, 81 institutos de los 3.700 que hay en Francia.
Según la Unión Sindical de Estudiantes de Bachillerato, más de 1.000 institutos estaban paralizados, una cifra que incluye tanto los bloqueados por los alumnos y alumnas, como también aquellos cerrados por decisión administrativa, para evitar tensiones entre los estudiantes y las fuerzas del orden que acuden a deshacer los bloqueos.
Próximos pasos
En todo caso, tras la jornada del jueves, los diferentes actores deberán decidir el futuro del movimiento social. Entre los estudiantes, la continuación de los bloqueos genera debate, especialmente entre los alumnos que este año deben realizar a final de curso las pruebas de acceso a la universidad y que temen verse penalizados. Una parte quiere continuar con este método de acción, mientras otra busca nuevas formas de continuar las reivindicaciones sin perder días de clase.
“La represión en este país se está volviendo insoportable. No somos delincuentes, solo queremos manifestarnos”, dice Léa, estudiante de segundo año de bachillerato, presente también en la manifestación el jueves en París. “Es verdad que estamos frente a un dilema, porque hay que seguir reivindicando, pero yo este año tengo que pasar mi Bac [la prueba que da acceso a la Universidad]”.
Los sindicatos también deben decidir las fechas y las modalidades de las próximas acciones, al tiempo que esperan respuestas por parte del Gobierno. De momento, a través de un comunicado de prensa, el primer ministro ha anunciado que reunirá el próximo lunes a las organizaciones de trabajadores y patronales en una “conferencia social” para “dar respuesta a las cuestiones relacionadas con el poder adquisitivo y los salarios”.
Chalecos amarillos
Mientras tanto, a principios de semana surgieron en las redes sociales algunos llamamientos para prolongar la huelga con una “doble jornada” los 6 y 7 de noviembre, que coincidiría además con una nueva movilización —acto IV— de los 'chalecos amarillos'. La coordinación de este movimiento llamó a una concentración en la plaza de la Concordia en París el próximo sábado “para recuperar el control de nuestras vidas” y “por la igualdad real”, además de otras manifestaciones por toda Francia. Las protestas en esta plaza parisina, cercana a la Asamblea Nacional y al Palacio del Elíseo han sido rechazadas en varias ocasiones por las autoridades, que invocan riesgo de ataques a los edificios públicos. “Si la prefectura prohíbe la concentración, llamaremos a una desobediencia masiva”, ha afirmado la coordinación de los 'chalecos amarillos'.
Todos los actores sociales se plantean la cuestión de los métodos para continuar con las acciones de protesta o para seguir dando vida a las reivindicaciones, entre manifestaciones no declaradas y actos de desobediencia civil. Especialmente en un contexto de desconfianza ante las autoridades, a las que los organizadores de las protestas acusan de poner trabas a la organización, en particular la prohibición de manifestarse en algunos centros urbanos.
La intersindical se quejó del retraso en la respuesta de la Policía de París ante su convocatoria, presentada el 21 de octubre. Y, a última hora, las autoridades volvieron a decidir un cambio de itinerario (aunque esta vez el cortejo pudo desfilar por una zona más céntrica que el pasado sábado). “No es serio trabajar en estas condiciones. Necesitamos conocer los recorridos con antelación para poder garantizar la seguridad, sobre todo en colaboración con el Ayuntamiento de París”, lamentó el lunes la secretaria general de la CGT, Sophie Binet.
En una rueda de prensa celebrada en París el miércoles, asociaciones de defensa de la libertad de expresión, como el Sindicato de la Magistratura (SM), el Sindicato de Abogados de Francia (SAF) y la Liga de los Derechos Humanos (LDH), denunciaron que el Estado francés está desplegando todo un “arsenal administrativo” para impedir en la medida de lo posible que la población se manifieste en la calle. Estas organizaciones alertan que la legislación antiterrorista, por ejemplo, está siendo evocada para prohibir la presencia de ciertas personas en las manifestaciones.
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