Exministros y exaltos cargos ecuatorianos piden a Emiratos abortar el acuerdo de inversiones con Quito por sus lagunas legales

Un acuerdo con lagunas legales y susceptible de ser impugnado. Es lo que supone el tratado bilateral de inversiones entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos, según denuncian 26 exministros y ex altos cargos ecuatorianos, al resucitar el arbitraje internacional de inversión, en contra de lo establecido en la Constitución ecuatoriana y de lo votado por la ciudadanía en referéndum.

Los 26 exrepresentantes públicos del Gobierno ecuatoriano expresan su preocupación en una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahayan, en la que instan a EAU a no ratificar el tratado bilateral de inversiones porque reintroduciría de facto el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), el conocido como arbitraje internacional.

La carta está firmada, entre otros, por el exministro de Conocimiento y Talento Humano Andrés Arauz y el exministro de Exteriores Guillaume Long.

Esta carta llega después de otra misiva enviada la semana pasada a los magistrados de la Corte Constitucional, firmada por 16 destacados juristas internacionales, entre ellos el español Baltasar Garzón, que argumentan que el dictamen de la Corte sobre el tratado es incompatible con el artículo 422 de la Constitución ecuatoriana y con el resultado del referéndum de 2024.

“El artículo 422 de la Constitución ecuatoriana de 2008 prohíbe al Estado ceder jurisdicción soberana a arbitrajes internacionales en controversias de naturaleza contractual o comercial con actores privados”, dicen los exministros en su carta.

Y los juristas apuntaban en su escrito: “Instamos a la Corte Constitucional del Ecuador a garantizar que, cuando el tratado renegociado se someta de nuevo a aprobación constitucional, la Corte no vacíe de contenido la prohibición constitucional contenida en el artículo 422. Además, la Corte Constitucional debe asegurarse de que sus controles de constitucionalidad de futuros tratados de comercio o inversión se ajusten a dicha prohibición, a fin de evitar que las controversias contractuales o comerciales vuelvan a someter al Ecuador a la jurisdicción arbitral internacional bajo diferentes denominaciones, ya sea mediante denominaciones distintas o construcciones terminológicas”.

El cuestionamiento de los arbitrajes internacionales está muy presente en la política latinoamericana actual, también como condición para la transición energética. A finales de marzo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que Colombia se retiraría del sistema internacional de arbitraje, y el ISDS ha sido un asunto central en la agenda regional (en la Conferencia Economía para la Vida en Bogotá, en mayo, y en la Conferencia de Santa Marta, a finales de abril, para Abandonar los Combustibles Fósiles).

En el caso de Ecuador, el acuerdo bilateral con Emiratos Árabes Unidos, de abril de 2026, es clave en la agenda económica del Gobierno de Daniel Noboa para atraer inversión extranjera, aun a riesgo de desafiar el Estado de derecho ecuatoriano con el aval condicionado de una Corte Constitucional que ampara algo que la ciudadanía rechazó en referéndum, sostienen en sendas cartas los juristas y los exministros del país.

En efecto, en abril de 2024, Noboa convocó una consulta popular para modificar el artículo 422 de la Constitución, que prohíbe la pérdida de soberanía para resolver, por medio de arbitrajes internacionales, controversias del Estado. Y el 60% de los ecuatorianos votaron en contra.

“El mandato de la Corte Constitucional del Ecuador es defender la Constitución, no facilitar mediante la interpretación lo que no se pudo lograr mediante una enmienda constitucional o un referéndum popular”, dicen los juristas.

“En noviembre de 2025, el 62% de los votantes rechazó además un proceso de asamblea constituyente ampliamente entendido, entre otras cosas, como otro mecanismo para desmontar las protecciones contenidas en el artículo 422”, añaden los 26 exministros y altos cargos: “Tomados en conjunto, estos resultados reflejan una posición pública consistente e inequívoca. Al concluir que no era necesaria una reforma constitucional, el dictamen de la Corte Constitucional de marzo de 2026 entra en tensión tanto con su posición anterior como con la voluntad expresada por los votantes ecuatorianos”.

Los ex altos representantes concluyen su carta al ministro de Exteriores de EAU: “Instamos respetuosamente a Emiratos Árabes Unidos a no suscribir la modificación propuesta y a abstenerse de ratificar este acuerdo. Ecuador y Emiratos Árabes Unidos pueden profundizar su cooperación económica mediante mecanismos que respeten el orden constitucional ecuatoriano y la voluntad expresada por su pueblo. Una relación basada en fundamentos jurídicos y democráticos sólidos servirá mucho mejor a ambas naciones que un tratado destinado a enfrentar impugnaciones constitucionales y una eventual denuncia”.